Jalisco
Guadalajara destina 14.7 MDP para indemnizar a empleados
Cumplen promesa de campaña y reducen 10% el salario del alcalde y funcionarios de primer nivel en el Ayuntamiento tapatío
GUADALAJARA, JALISCO.- El Ayuntamiento de Guadalajara aprobó su primera modificación presupuestal bajo la presidencia municipal de Aristóteles Sandoval Díaz, la cual servirá principalmente para transferir 14 millones 701 mil 965 pesos (MDP) a la partida 1310, que corresponde al pago de indemnizaciones a trabajadores.
En total, el pleno autorizó transferencias por 26 millones 479 mil 281 pesos, y aunque los cambios se anuncian en el dictamen por la “necesidad de llevar a cabo modificaciones con la finalidad de reorientar el gasto público a conceptos indispensables para el correcto funcionamiento de la administración”, en realidad, 55% se destina a indemnizaciones.
“Estos recursos, lejos de incrementar el gasto corriente, tienen como propósito facilitar la adopción de una nueva estructura organizacional del municipio que permita la eficiencia administrativa que se requiere”, subraya el decreto aprobado.
Anteriormente, el alcalde informó que no encontraron los 30 millones de pesos para indemnizaciones que la anterior administración presupuestó. Sólo había 3.8 millones.
Otros dos millones de pesos serán transferidos para investigar la pasada gestión tapatía. “(Serán para) contratar a despachos externos, para realizar las auditorías que la propia Contraloría determine con base en un Plan de Acción cuyo objetivo primordial es verificar en detalle el estado en que se recibe la administración pública, dado que esta actividad rebasa la capacidad del personal adscrito a dicha Contraloría”, destaca el documento.
En materia social se destinaron dos millones de pesos para “Ayuda para Alimentos”, con la intención de “fortalecer la economía de las familias tapatías de menores recursos”, mediante los programas de la Dirección de Promoción Social, como la venta de despensas a precios bajos en los Lunes Contigo.
Otros dos millones serán para “Gasto por Actividades Cívicas, Culturales y de Festividades”.
Finalmente, dos millones 888 mil 657 pesos van a “Infraestructura de Salud”, mientras dos millones 888 mil 658 pesos a la “Construcción de Mercados”, para la edificación de casas de la salud y el mejoramiento de los mercados municipales.
Para obtener los más de 26 millones de pesos se cumplió con la promesa del alcalde de reducir 10% su salario y el de los funcionarios de primer nivel –se obtuvieron cinco millones 542 mil 453 pesos–; se disminuyeron también 10% las partidas para viáticos y el pago de pasajes a servidores públicos –556 mil 701 pesos–; y se le retiran 20 millones 380 mil 125 pesos a la partida de salarios para personal eventual de las 19 regidurías, aunque se le dejan 21 millones –el gasto será similar al de 2009, que fue superior a los 20 millones–.
La primera sesión
“Antes, ustedes eran mayoría; ahora somos nosotros”, palabras más, palabras menos, esta frase definitoria fue expresada por la regidora del PRI, Leticia Hernández, mirando a los ediles panistas, durante la primera sesión –no solemne– del Ayuntamiento.
Los priistas cuestionaron a los gobiernos panistas que los precedieron por el crecimiento de la plantilla hasta sus casi 12 mil trabajadores.
Norma Angélica Aguirre Varela, regidora panista, fue la encargada de responder, principalmente para solicitar que se respeten los derechos de los trabajadores, pues, como ocurre en cada cambio de partidos en una administración, la salida de personal se cuenta por cientos.
Jorge Salinas, coordinador panista, declaró al final: “Ya salió la cara que no es bonita de este gobierno municipal. Evidentemente, Javier Galván y Eduardo Almaguer ya presentaron a los 15 días quienes serán los ‘perros vigilantes’ del gobierno municipal, desde el tono, el insulto que había, la estrategia de traer gente y estar aplaudiendo”.
Y calculó que se pretende la salida de 700 trabajadores, lo que podría representar una erogación de 200 millones de pesos en indemnizaciones o salarios caídos, en caso de que ganen sus demandas ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón.
El regidor panista Sergio Vázquez presentó un acuerdo para que no se ocupen las plazas del personal que ha salido y que podría demandar al Ayuntamiento, para evitar duplicar salarios en el supuesto escenario de que ganaran sus pleitos legales, pero fue desechada con los votos del PRI. Esto generó una fuerte polémica.
En rueda de prensa, el síndico Héctor Pizano Ramos aseguró que son 380 las personas que no se consideran trabajadores de confianza desde el primero de enero de 2010, y a los cuales no se les emitirán cheques de pago, pues su relación laboral concluyó al encuadrar en alguno de estos tres supuestos:
Primero, porque se establece en su contrato que termina el 31 de diciembre pasado; segundo, porque en el listado de la Dirección de Recursos Humanos de la anterior administración no aparecen con contrato vigente; y tercero, porque entraron al gobierno luego del 22 de febrero de 2007, día en que se aprobó una reforma a la Ley de Servidores Públicos que señala que cuando el contrato no especifica la fecha de término, se dará por entendido que la relación laboral concluye junto al periodo constitucional correspondiente.
Informó que hay cinco mil 900 trabajadores de base sindicalizados y seis mil 294 de confianza en la plantilla.
¿Cómo está la administración?
Las cifras y frases del priista Javier Galván
Existen cerca de 11 mil 700 plazas divididas en 463 categorías, “quiere decir que se crearon plazas al gusto del cliente, sin el menor respeto a los elementales principios del derecho laboral, que establecen que a trabajo igual, salario igual”.
Hay 10 mil 100 plazas con salarios por debajo de los cuatro mil pesos, y sólo 600 que van de los ocho mil a los 120 mil pesos.
Los salarios más bajos son de mil 800 pesos mensuales.
93% de las plazas está dentro del 27% de las categorías de los puestos. El resto se distribuye en 73% de las categorías.
Suman 505 supernumerarios o eventuales.
Hay diferencias salariales de 191% entre plazas de la misma categoría, de 76% entre directores y jefes de Departamento, de 368% entre los mínimos y máximos de una y otra categoría, así como de 82% entre los máximos de las categorías.
Existen 10 plazas de veterinario en Dirección de Educación.
En total, el pleno autorizó transferencias por 26 millones 479 mil 281 pesos, y aunque los cambios se anuncian en el dictamen por la “necesidad de llevar a cabo modificaciones con la finalidad de reorientar el gasto público a conceptos indispensables para el correcto funcionamiento de la administración”, en realidad, 55% se destina a indemnizaciones.
“Estos recursos, lejos de incrementar el gasto corriente, tienen como propósito facilitar la adopción de una nueva estructura organizacional del municipio que permita la eficiencia administrativa que se requiere”, subraya el decreto aprobado.
Anteriormente, el alcalde informó que no encontraron los 30 millones de pesos para indemnizaciones que la anterior administración presupuestó. Sólo había 3.8 millones.
Otros dos millones de pesos serán transferidos para investigar la pasada gestión tapatía. “(Serán para) contratar a despachos externos, para realizar las auditorías que la propia Contraloría determine con base en un Plan de Acción cuyo objetivo primordial es verificar en detalle el estado en que se recibe la administración pública, dado que esta actividad rebasa la capacidad del personal adscrito a dicha Contraloría”, destaca el documento.
En materia social se destinaron dos millones de pesos para “Ayuda para Alimentos”, con la intención de “fortalecer la economía de las familias tapatías de menores recursos”, mediante los programas de la Dirección de Promoción Social, como la venta de despensas a precios bajos en los Lunes Contigo.
Otros dos millones serán para “Gasto por Actividades Cívicas, Culturales y de Festividades”.
Finalmente, dos millones 888 mil 657 pesos van a “Infraestructura de Salud”, mientras dos millones 888 mil 658 pesos a la “Construcción de Mercados”, para la edificación de casas de la salud y el mejoramiento de los mercados municipales.
Para obtener los más de 26 millones de pesos se cumplió con la promesa del alcalde de reducir 10% su salario y el de los funcionarios de primer nivel –se obtuvieron cinco millones 542 mil 453 pesos–; se disminuyeron también 10% las partidas para viáticos y el pago de pasajes a servidores públicos –556 mil 701 pesos–; y se le retiran 20 millones 380 mil 125 pesos a la partida de salarios para personal eventual de las 19 regidurías, aunque se le dejan 21 millones –el gasto será similar al de 2009, que fue superior a los 20 millones–.
La primera sesión
“Antes, ustedes eran mayoría; ahora somos nosotros”, palabras más, palabras menos, esta frase definitoria fue expresada por la regidora del PRI, Leticia Hernández, mirando a los ediles panistas, durante la primera sesión –no solemne– del Ayuntamiento.
Los priistas cuestionaron a los gobiernos panistas que los precedieron por el crecimiento de la plantilla hasta sus casi 12 mil trabajadores.
Norma Angélica Aguirre Varela, regidora panista, fue la encargada de responder, principalmente para solicitar que se respeten los derechos de los trabajadores, pues, como ocurre en cada cambio de partidos en una administración, la salida de personal se cuenta por cientos.
Jorge Salinas, coordinador panista, declaró al final: “Ya salió la cara que no es bonita de este gobierno municipal. Evidentemente, Javier Galván y Eduardo Almaguer ya presentaron a los 15 días quienes serán los ‘perros vigilantes’ del gobierno municipal, desde el tono, el insulto que había, la estrategia de traer gente y estar aplaudiendo”.
Y calculó que se pretende la salida de 700 trabajadores, lo que podría representar una erogación de 200 millones de pesos en indemnizaciones o salarios caídos, en caso de que ganen sus demandas ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón.
El regidor panista Sergio Vázquez presentó un acuerdo para que no se ocupen las plazas del personal que ha salido y que podría demandar al Ayuntamiento, para evitar duplicar salarios en el supuesto escenario de que ganaran sus pleitos legales, pero fue desechada con los votos del PRI. Esto generó una fuerte polémica.
En rueda de prensa, el síndico Héctor Pizano Ramos aseguró que son 380 las personas que no se consideran trabajadores de confianza desde el primero de enero de 2010, y a los cuales no se les emitirán cheques de pago, pues su relación laboral concluyó al encuadrar en alguno de estos tres supuestos:
Primero, porque se establece en su contrato que termina el 31 de diciembre pasado; segundo, porque en el listado de la Dirección de Recursos Humanos de la anterior administración no aparecen con contrato vigente; y tercero, porque entraron al gobierno luego del 22 de febrero de 2007, día en que se aprobó una reforma a la Ley de Servidores Públicos que señala que cuando el contrato no especifica la fecha de término, se dará por entendido que la relación laboral concluye junto al periodo constitucional correspondiente.
Informó que hay cinco mil 900 trabajadores de base sindicalizados y seis mil 294 de confianza en la plantilla.
¿Cómo está la administración?
Las cifras y frases del priista Javier Galván
Existen cerca de 11 mil 700 plazas divididas en 463 categorías, “quiere decir que se crearon plazas al gusto del cliente, sin el menor respeto a los elementales principios del derecho laboral, que establecen que a trabajo igual, salario igual”.
Hay 10 mil 100 plazas con salarios por debajo de los cuatro mil pesos, y sólo 600 que van de los ocho mil a los 120 mil pesos.
Los salarios más bajos son de mil 800 pesos mensuales.
93% de las plazas está dentro del 27% de las categorías de los puestos. El resto se distribuye en 73% de las categorías.
Suman 505 supernumerarios o eventuales.
Hay diferencias salariales de 191% entre plazas de la misma categoría, de 76% entre directores y jefes de Departamento, de 368% entre los mínimos y máximos de una y otra categoría, así como de 82% entre los máximos de las categorías.
Existen 10 plazas de veterinario en Dirección de Educación.