Jalisco
Guadalajara busca convenio con Gobernación para seguridad bancaria
Esta alternativa legal le fue notificada por la SCJN desde 1997 pero no ha sido explorada por el Ayuntamiento tapatío
GUADALAJARA, JALISCO (19/DIC/2011).- El Ayuntamiento de Guadalajara explorará la vía de convenir con la Secretaría de Gobernación, para la expedición de una regulación de la seguridad bancaria a nivel municipal que tenga una base jurídica firme, una alternativa válida que le había sido clarificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desde 1997, pero desoída hasta ahora por la autoridad municipal.
La carencia de dicho convenio es lo que ha provocado que el Ayuntamiento de Guadalajara fracase en su par de intentos por intervenir en las medidas de seguridad que deben implementarse en las sucursales bancarias:
El primero, en 1996, cuando aprobó el 29 de agosto el Reglamento de Seguridad y Protección Bancaria, declarado en su invalidez por la SCJN al año siguiente, y el segundo, en 2011, cuando se aprobaron reformas normativas en el mismo sentido que se vinieron abajo cuando el máximo tribunal constitucional del país lo consideró un desacato a su primera resolución.
Declaró al respecto el presidente municipal de Guadalajara, Aristóteles Sandoval Díaz: “Ya he dado instrucciones a todos los abogados, a los regidores para que estemos revisando; los abogados y los regidores están haciendo un análisis para, efectivamente, ver las alternativas con las cuales nosotros podamos tener una mejor coadyuvancia y coparticipación en la seguridad de las instalaciones bancarias. Si bien lo estamos haciendo alrededor de las mismas (el patrullaje), no nos permite el tener un elemento ahí que debe de estar vigilando más espacios, en ese sentido, vamos a ver las alternativas y por supuesto que vamos a explorar la del convenio (con Gobernación) y con la misma asociación bancaria a nivel nacional”.
En su sesión del 14 de diciembre el Ayuntamiento de Guadalajara tuvo que dejar sin efectos las reformas normativas que había aprobado el 2 de junio de 2011, por instrucción de la SCJN, por lo que los bancos ya no tendrán por qué contar con elementos de seguridad privada y otros requisitos que habrían de ser exigidos a partir de 2012 al momento de tramitar el refrendo de su licencia municipal.
Según lo expuso Sandoval Díaz, él ya había previsto que el sustento legal de dichas reformas durante su gestión, desde el momento de su aprobación a mitad de año, no le resultaban del todo convincentes:
“Vamos a tener que generar más argumentos, recordarán en la sesión cuál fue mi planteamiento, dije que lo veía con algunas debilidades jurídicas, pero fue una propuesta de los regidores, se aprobó pero esto yo lo comenté al momento de la aprobación, dije que tenía deficiencias jurídicas”.
Telón de fondo
En las consideraciones jurídicas que llevaron a la SCJN a declarar la invalidez del reglamento municipal en seguridad bancaria en 1997, se le hace saber al Ayuntamiento tapatío sobre la alternativa que tiene para convenir con la Secretaría de Gobernación, lo cual, sin embargo, no fue intentado por la autoridad para sus reformas de 2011, hoy sin validez.
“Inicialmente y por derecho propio corresponde a la Federación legislar en materia de seguridad de las instituciones bancarias, previendo la posibilidad de que la Secretaría de Gobernación celebre convenios con los Estados, y estos con los municipios, para participar en dicha materia en forma coordinada, de modo que las atribuciones de los ayuntamientos para expedir reglamentos en dicha materia pueden, eventualmente, ser ejercidas, pero dentro de los lineamientos de coordinación con la Federación y los Estados, más no de manera autónoma”.
“Al respecto es de señalar que la Secretaría de Gobernación no ha celebrado acuerdo alguno con el Ayuntamiento del municipio de Guadalajara, Jalisco, a fin de coordinarse en materia de seguridad de las instituciones bancarias. Así, es de concluirse que el reglamento impugnado se expidió invadiendo la esfera competencial de la Federación, en virtud de que compete a ésta legislar en materia de seguridad bancaria”.
EL INFORMADOR / LUIS HERRERA
La carencia de dicho convenio es lo que ha provocado que el Ayuntamiento de Guadalajara fracase en su par de intentos por intervenir en las medidas de seguridad que deben implementarse en las sucursales bancarias:
El primero, en 1996, cuando aprobó el 29 de agosto el Reglamento de Seguridad y Protección Bancaria, declarado en su invalidez por la SCJN al año siguiente, y el segundo, en 2011, cuando se aprobaron reformas normativas en el mismo sentido que se vinieron abajo cuando el máximo tribunal constitucional del país lo consideró un desacato a su primera resolución.
Declaró al respecto el presidente municipal de Guadalajara, Aristóteles Sandoval Díaz: “Ya he dado instrucciones a todos los abogados, a los regidores para que estemos revisando; los abogados y los regidores están haciendo un análisis para, efectivamente, ver las alternativas con las cuales nosotros podamos tener una mejor coadyuvancia y coparticipación en la seguridad de las instalaciones bancarias. Si bien lo estamos haciendo alrededor de las mismas (el patrullaje), no nos permite el tener un elemento ahí que debe de estar vigilando más espacios, en ese sentido, vamos a ver las alternativas y por supuesto que vamos a explorar la del convenio (con Gobernación) y con la misma asociación bancaria a nivel nacional”.
En su sesión del 14 de diciembre el Ayuntamiento de Guadalajara tuvo que dejar sin efectos las reformas normativas que había aprobado el 2 de junio de 2011, por instrucción de la SCJN, por lo que los bancos ya no tendrán por qué contar con elementos de seguridad privada y otros requisitos que habrían de ser exigidos a partir de 2012 al momento de tramitar el refrendo de su licencia municipal.
Según lo expuso Sandoval Díaz, él ya había previsto que el sustento legal de dichas reformas durante su gestión, desde el momento de su aprobación a mitad de año, no le resultaban del todo convincentes:
“Vamos a tener que generar más argumentos, recordarán en la sesión cuál fue mi planteamiento, dije que lo veía con algunas debilidades jurídicas, pero fue una propuesta de los regidores, se aprobó pero esto yo lo comenté al momento de la aprobación, dije que tenía deficiencias jurídicas”.
Telón de fondo
En las consideraciones jurídicas que llevaron a la SCJN a declarar la invalidez del reglamento municipal en seguridad bancaria en 1997, se le hace saber al Ayuntamiento tapatío sobre la alternativa que tiene para convenir con la Secretaría de Gobernación, lo cual, sin embargo, no fue intentado por la autoridad para sus reformas de 2011, hoy sin validez.
“Inicialmente y por derecho propio corresponde a la Federación legislar en materia de seguridad de las instituciones bancarias, previendo la posibilidad de que la Secretaría de Gobernación celebre convenios con los Estados, y estos con los municipios, para participar en dicha materia en forma coordinada, de modo que las atribuciones de los ayuntamientos para expedir reglamentos en dicha materia pueden, eventualmente, ser ejercidas, pero dentro de los lineamientos de coordinación con la Federación y los Estados, más no de manera autónoma”.
“Al respecto es de señalar que la Secretaría de Gobernación no ha celebrado acuerdo alguno con el Ayuntamiento del municipio de Guadalajara, Jalisco, a fin de coordinarse en materia de seguridad de las instituciones bancarias. Así, es de concluirse que el reglamento impugnado se expidió invadiendo la esfera competencial de la Federación, en virtud de que compete a ésta legislar en materia de seguridad bancaria”.
EL INFORMADOR / LUIS HERRERA