Jalisco
Gobierno tapatío, imposibilitado para acatar resolución del TAE
Algunos recursos de revisión autorizados por Gustavo González Hernández comienzan a tener solución
GUADALAJARA, JALISCO (06/JUL/2010).- El
Ayuntamiento de Guadalajara no acatará la resolución del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco (
TAE), en la que le instruye a reinstalar la Comisión Especial Transitoria para investigar los cambios de usos de suelo efectuados durante la administración 2004-2006.
Fue el 19 de abril de 2010 cuando el diputado federal, Salvador Caro Cabrera, quien fungió como edil tapatío en la administración 2007-2009, informó de esta determinación del TAE, que habría de permitir retomar los trabajos de la instancia investigadora de la que formó parte (originalmente creada el 30 de octubre de 2007), y cuyo trabajo fue interrumpido abruptamente con su disolución (el 7 de mayo de 2008).
Aunque inicialmente las autoridades municipales habían señalado que obedecerían la instrucción, ahora, el síndico de Guadalajara, Héctor Pizano Ramos, aseveró que la resolución del TAE es “imposible” de cumplir.
“Esta resolución es imposible cumplirla, por dos razones: ya prescribieron las acciones que se pudieran haber instaurado, porque tienen dos años para llevar a cabo los juicios de lesividad; y, como estaba integrada, que hablaba de nombres concretos, son personas que ya no trabajan en
el municipio”.
Caro Cabrera ha hablado de un universo a indagar de mil 800 recursos de revisión resueltos por el entonces síndico Gustavo González Hernández, en la alcaldía de Emilio González Márquez; no obstante, como antes lo hiciera la administración de Alfonso Petersen Farah, ahora es el propio síndico Pizano Ramos quien cuestiona la veracidad de esa información.
“Primero que nada, nadie entregó mil 800 (recursos), busca los mil 800 y no están en ningún lado”.
El abogado del municipio indicó también que ya notificaron al TAE la imposibilidad que argumentan para ceñirse a la resolución, y expresa que, de cualquier forma, el Ayuntamiento cuenta con las instancias adecuadas para indagar cualquier irregularidad en la materia.
“Lo que estamos diciendo es que para fincar responsabilidades tenemos el procedimiento administrativo para hacerlo. En los (recursos) que se demuestre que hay alguna incongruencia o ilegalidad, se va a proceder legalmente y con eso le damos vista la tribunal”.
Demolición
Pizano Ramos informó que algunos de los recursos de revisión autorizados por el ex síndico Gustavo González Hernández, y cuya nulidad fue promovida ante el TAE, ya sea por particulares o por parte del propio Ayuntamiento, comienzan a llegar a su resolución, dando lugar, incluso, a órdenes para la demolición de algunos desarrollos verticales o algunos pisos, en otros casos.
En específico habló de tres resoluciones así, dos que ordenan echar abajo inmuebles completos y una para demoler sólo algunos pisos. Dio detalles sobre los primeros dos: El desarrollo “Ojo de Agua”, en la zona conocida como “Los Colomitos”, y “Torre Q”, con 25 unidades de vivienda, en José María Vigil, esquina Ontario, en la colonia Providencia.
Dijo el síndico que estudian “los derechos de terceros de algunos que, de alguna manera, pueden ser perjudicados con este tipo de ejecuciones (de demolición). El problema de fondo es que un tribunal está diciendo al final que lo que se autorizó, al principio era ilegal, y que está llevando una consecuencia. Eso es lo que estamos nosotros ahora como municipio revisando a detalle: cómo llevar a cabo la posible ejecución de estas resoluciones, que obviamente viene a afectar a terceros”.
Sobre el condominio “Ojo de Agua”, que se encuentra en un área donde se señala la presencia de manantiales, agregó: “Estamos viendo cómo ejecutarla, en forma que realmente se pueda reparar el daño ecológico que se hizo y que es lo que importa, por el manantial y también la zona de reserva que debieron haber respetado y no hicieron”.
Fue el 19 de abril de 2010 cuando el diputado federal, Salvador Caro Cabrera, quien fungió como edil tapatío en la administración 2007-2009, informó de esta determinación del TAE, que habría de permitir retomar los trabajos de la instancia investigadora de la que formó parte (originalmente creada el 30 de octubre de 2007), y cuyo trabajo fue interrumpido abruptamente con su disolución (el 7 de mayo de 2008).
Aunque inicialmente las autoridades municipales habían señalado que obedecerían la instrucción, ahora, el síndico de Guadalajara, Héctor Pizano Ramos, aseveró que la resolución del TAE es “imposible” de cumplir.
“Esta resolución es imposible cumplirla, por dos razones: ya prescribieron las acciones que se pudieran haber instaurado, porque tienen dos años para llevar a cabo los juicios de lesividad; y, como estaba integrada, que hablaba de nombres concretos, son personas que ya no trabajan en
el municipio”.
Caro Cabrera ha hablado de un universo a indagar de mil 800 recursos de revisión resueltos por el entonces síndico Gustavo González Hernández, en la alcaldía de Emilio González Márquez; no obstante, como antes lo hiciera la administración de Alfonso Petersen Farah, ahora es el propio síndico Pizano Ramos quien cuestiona la veracidad de esa información.
“Primero que nada, nadie entregó mil 800 (recursos), busca los mil 800 y no están en ningún lado”.
El abogado del municipio indicó también que ya notificaron al TAE la imposibilidad que argumentan para ceñirse a la resolución, y expresa que, de cualquier forma, el Ayuntamiento cuenta con las instancias adecuadas para indagar cualquier irregularidad en la materia.
“Lo que estamos diciendo es que para fincar responsabilidades tenemos el procedimiento administrativo para hacerlo. En los (recursos) que se demuestre que hay alguna incongruencia o ilegalidad, se va a proceder legalmente y con eso le damos vista la tribunal”.
Demolición
Pizano Ramos informó que algunos de los recursos de revisión autorizados por el ex síndico Gustavo González Hernández, y cuya nulidad fue promovida ante el TAE, ya sea por particulares o por parte del propio Ayuntamiento, comienzan a llegar a su resolución, dando lugar, incluso, a órdenes para la demolición de algunos desarrollos verticales o algunos pisos, en otros casos.
En específico habló de tres resoluciones así, dos que ordenan echar abajo inmuebles completos y una para demoler sólo algunos pisos. Dio detalles sobre los primeros dos: El desarrollo “Ojo de Agua”, en la zona conocida como “Los Colomitos”, y “Torre Q”, con 25 unidades de vivienda, en José María Vigil, esquina Ontario, en la colonia Providencia.
Dijo el síndico que estudian “los derechos de terceros de algunos que, de alguna manera, pueden ser perjudicados con este tipo de ejecuciones (de demolición). El problema de fondo es que un tribunal está diciendo al final que lo que se autorizó, al principio era ilegal, y que está llevando una consecuencia. Eso es lo que estamos nosotros ahora como municipio revisando a detalle: cómo llevar a cabo la posible ejecución de estas resoluciones, que obviamente viene a afectar a terceros”.
Sobre el condominio “Ojo de Agua”, que se encuentra en un área donde se señala la presencia de manantiales, agregó: “Estamos viendo cómo ejecutarla, en forma que realmente se pueda reparar el daño ecológico que se hizo y que es lo que importa, por el manantial y también la zona de reserva que debieron haber respetado y no hicieron”.