Jalisco
Fallan en regular videovigilancia
De seis ayuntamientos en la metrópoli, sólo Guadalajara reglamentó la interconexión de una red de cámaras públicas y privadas para perseguir delitos
-Ampliación de la red de videovigilancia,
-Facundo Rosas minimiza corrupción en la Policía Federal
GUADALAJARA, JALISCO (18/MAY/2011).- La necesidad de reglamentar el uso de los sistemas de videovigilancia privados para ser aprovechados en los fines de la seguridad pública, como hizo el Ayuntamiento de Guadalajara, no surge de una determinación aislada sino de un acuerdo entre las autoridades municipales y el Gobierno de Jalisco que se dio al interior del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP). Sin embargo, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco y El Salto incumplen con la regulación.
En una reunión celebrada el 8 de noviembre de 2010 en Tlaquepaque, autoridades llegaron a la conclusión, junto con las autoridades estatales, de normar a nivel municipal la exigencia de instalar videocámaras en determinados giros comerciales (como los centros nocturnos), así como la obligatoriedad para los particulares de proporcionar a las instancias gubernamentales sus registros visuales para el combate de las actividades delincuenciales.
En ambos aspectos hay avances en el caso particular de Guadalajara. Primero, con la reforma reglamentaria promovida por el regidor Eduardo Almaguer Ramírez y aprobada el 20 de diciembre de 2010, que faculta al municipio para exigir las videocámaras en los giros restringidos; después, con la aprobación del Reglamento de Videovigilancia, el 14 de abril de 2011, promovido por Karlos Ramsses Machado Magaña.
En aquella reunión del CESP surgió una serie de acuerdos, y es el tercero plasmado en la minuta el que refiere todo ello:
“Derivado de los trabajos de esta mesa, los presidentes municipales girarán instrucciones a las áreas competentes para que cada municipio genere iniciativas que incluyan en su régimen normativo, la exigencia para que los particulares que operen o pretendan operar determinados giros comerciales, implementen sistemas tecnológicos que abonen a las acciones de la seguridad pública, a manera ilustrativa y no limitativa, cámaras de videograbación y demás; asimismo, se determina que en las iniciativas de referencia se establezca la obligación a los particulares de que la información que obre como resultado de la operación de los equipos tecnológicos incorporados a la operación del giro, se les obligue a proporcionarla a las autoridades de seguridad pública y procuración de justicia cuando las mismas así lo requieran”.
-Facundo Rosas minimiza corrupción en la Policía Federal
GUADALAJARA, JALISCO (18/MAY/2011).- La necesidad de reglamentar el uso de los sistemas de videovigilancia privados para ser aprovechados en los fines de la seguridad pública, como hizo el Ayuntamiento de Guadalajara, no surge de una determinación aislada sino de un acuerdo entre las autoridades municipales y el Gobierno de Jalisco que se dio al interior del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP). Sin embargo, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco y El Salto incumplen con la regulación.
En una reunión celebrada el 8 de noviembre de 2010 en Tlaquepaque, autoridades llegaron a la conclusión, junto con las autoridades estatales, de normar a nivel municipal la exigencia de instalar videocámaras en determinados giros comerciales (como los centros nocturnos), así como la obligatoriedad para los particulares de proporcionar a las instancias gubernamentales sus registros visuales para el combate de las actividades delincuenciales.
En ambos aspectos hay avances en el caso particular de Guadalajara. Primero, con la reforma reglamentaria promovida por el regidor Eduardo Almaguer Ramírez y aprobada el 20 de diciembre de 2010, que faculta al municipio para exigir las videocámaras en los giros restringidos; después, con la aprobación del Reglamento de Videovigilancia, el 14 de abril de 2011, promovido por Karlos Ramsses Machado Magaña.
En aquella reunión del CESP surgió una serie de acuerdos, y es el tercero plasmado en la minuta el que refiere todo ello:
“Derivado de los trabajos de esta mesa, los presidentes municipales girarán instrucciones a las áreas competentes para que cada municipio genere iniciativas que incluyan en su régimen normativo, la exigencia para que los particulares que operen o pretendan operar determinados giros comerciales, implementen sistemas tecnológicos que abonen a las acciones de la seguridad pública, a manera ilustrativa y no limitativa, cámaras de videograbación y demás; asimismo, se determina que en las iniciativas de referencia se establezca la obligación a los particulares de que la información que obre como resultado de la operación de los equipos tecnológicos incorporados a la operación del giro, se les obligue a proporcionarla a las autoridades de seguridad pública y procuración de justicia cuando las mismas así lo requieran”.