Jalisco
Envía Emilio nuevo veto, ahora a reformas a la Ley Indígena
El gobernador remitió al Poder Legislativo un documento con dos observaciones
GUADALAJARA, JALISCO (08/ABR/2011).- El gobernador del Estado, Emilio González Márquez, remitió un nuevo veto al Poder Legislativo, se trata de reformas aprobadas por el Congreso, el 28 de marzo, relativas a la Ley de Derechos y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Jalisco.
Los legisladores modificaron cuatro artículos de dicha ley: los 6, 7, 8 y 39 de ese ordenamiento, con las que pretenden “incorporar los conceptos de localidad indígena, lugares sagrados naturales, centros ceremoniales físicos y centros ceremoniales inmateriales”.
El presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, Gustavo Macías Zambrano, explicó que estas adecuaciones legales son importantes para “dar certidumbre y seguridad a los pueblos indígenas que radican en Jalisco, quienes se han visto perjudicados al no ser incorporados en programas de apoyo gubernamental, puesto que la Ley actual omite señalar de manera expresa las localidades indígenas de Jalisco”.
Refirió además que es importante especificar los lugares donde se encuentran físicamente asentadas las comunidades indígenas debido a “la continua perturbación de sus lugares sagrados y la falta de reconocimiento de parte de las autoridades de sus centros ceremoniales”.
Sin embargo, el titular del Poder Ejecutivo, Emilio González Márquez, remitió al Poder Legislativo un documento con dos observaciones y señala que una vez más, el Congreso del Estado no le notificó al mandatario estatal la discusión de estas reformas legales.
“Es oportuno señalar que la obligación de dar aviso al Poder Ejecutivo cuando se van a discutir los asuntos que se relacionan con la esfera de su competencia, no sólo es la mera acción de enviar un comunicado que indique fecha y lugar de la sesión, si no que se debe adicionar toda la información necesaria para que la participación del representante del Ejecutivo sea con conocimiento”, expone el veto enviado por el mandatario estatal y signado también por el secretario General de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez.
Otro de los argumentos que expone el Poder Ejecutivo para vetar las reformas a la Ley sobre los Derechos y el Desarrollo de los Pueblos Indígenas es que “las comunidades involucradas no fueron consultadas para concertar la presente reforma”.
En ese sentido, Fernando Guzmán dijo que “la ley establece para una reforma en materia de la Ley Indígena, la consulta de los pueblos indígenas a la toma de las comunidades; y del expediente que recibimos, de la reforma que se recibió del Congreso, no hay constancia, no parece que se haya revisado”.
EL INFORMADOR / ZAIRA RAMÍREZ
Los legisladores modificaron cuatro artículos de dicha ley: los 6, 7, 8 y 39 de ese ordenamiento, con las que pretenden “incorporar los conceptos de localidad indígena, lugares sagrados naturales, centros ceremoniales físicos y centros ceremoniales inmateriales”.
El presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, Gustavo Macías Zambrano, explicó que estas adecuaciones legales son importantes para “dar certidumbre y seguridad a los pueblos indígenas que radican en Jalisco, quienes se han visto perjudicados al no ser incorporados en programas de apoyo gubernamental, puesto que la Ley actual omite señalar de manera expresa las localidades indígenas de Jalisco”.
Refirió además que es importante especificar los lugares donde se encuentran físicamente asentadas las comunidades indígenas debido a “la continua perturbación de sus lugares sagrados y la falta de reconocimiento de parte de las autoridades de sus centros ceremoniales”.
Sin embargo, el titular del Poder Ejecutivo, Emilio González Márquez, remitió al Poder Legislativo un documento con dos observaciones y señala que una vez más, el Congreso del Estado no le notificó al mandatario estatal la discusión de estas reformas legales.
“Es oportuno señalar que la obligación de dar aviso al Poder Ejecutivo cuando se van a discutir los asuntos que se relacionan con la esfera de su competencia, no sólo es la mera acción de enviar un comunicado que indique fecha y lugar de la sesión, si no que se debe adicionar toda la información necesaria para que la participación del representante del Ejecutivo sea con conocimiento”, expone el veto enviado por el mandatario estatal y signado también por el secretario General de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez.
Otro de los argumentos que expone el Poder Ejecutivo para vetar las reformas a la Ley sobre los Derechos y el Desarrollo de los Pueblos Indígenas es que “las comunidades involucradas no fueron consultadas para concertar la presente reforma”.
En ese sentido, Fernando Guzmán dijo que “la ley establece para una reforma en materia de la Ley Indígena, la consulta de los pueblos indígenas a la toma de las comunidades; y del expediente que recibimos, de la reforma que se recibió del Congreso, no hay constancia, no parece que se haya revisado”.
EL INFORMADOR / ZAIRA RAMÍREZ