Jalisco
El área de comodato a Zapopan en Los Colomos, propiedad privada: especialista
De las 81 hectáreas que la Sedeur confiere al Gobierno del Estado, 38 le pertenecen a la Compañía Industrial de Guadalajara, señala Zuloaga
En la intrincada historia de las propiedades que el Gobierno del Estado adquirió en el siglo XIX, en la Cuenca Hidrológica de Los Colomos, quedan más aristas por conocer, como es la que expone el abogado Juan Enrigue Zuloaga, quien se ha adentrado en los archivos públicos para conocer más acerca de ella.
Conforme a la delimitación de los polígonos que realizó la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedeur) en los municipios de Guadalajara y Zapopan en 2005, se reconocen actualmente 116 hectáreas en el primero –donde se encuentra el Bosque de Los Colomos- y 81 hectáreas en la ex Villa Maicera.
No obstante, y centrándose en el polígono que se localiza en Zapopan, Enrigue Zuloaga asevera que no existen escrituras que avalen la propiedad estatal sobre tal extensión de territorio, pues según sus investigaciones, las tierras que compró el Gobierno del Estado en 1898 no pueden rebasar las 25 hectáreas.
Lo que es más, 38 hectáreas de ese polígono, al oriente de Avenida Acueducto (o al norte, según el gráfico) son en realidad, asegura, propiedad de la Compañía Industrial de Guadalajara, una empresa de origen francés, justamente en la sección entregada en comodato a Zapopan. Estos son sus argumentos.
No más de 25 hectáreas
Cuando la Dirección de Obras Públicas de Zapopan solicitó información a la Dirección General de Archivos del Estado, acerca del fundamento legal de su petición de 2004, para que la dependencia municipal no emitiera licencias de construcción dentro del polígono, la dirección estatal respondió el 31 de enero de 2007 que el Gobierno del Estado acreditaba ser propietario de los predios mediante las escrituras 20 y 19.
La primera es del 7 de junio de 1898 y la segunda del 5 de junio de 1900. Con la primera se compraron tierras a María Gil Romero, concretamente seis fanegas que, según señala Enrigue Zuloaga, representaban cada una 3.5 hectáreas, es decir, se adquirieron alrededor de 21 hectáreas.
No obstante, el 10 de marzo de 1899 se hizo una escritura modificatoria, la número seis, “pues los terrenos que vendió no tenían la superficie que ella dijo al vender, y por ende, se disminuyó el precio”.
Menciona que el documento da cuenta de las correcciones que debieron hacerse por errores de María Gil Romero al momento de traducir las fanegas a hectáreas: “En la misma escritura de compraventa se consigna que la señora rectificó, pues al traducir al sistema métrico decimal puso absurdos: un terreno que tenía tres fanegas -10.5 hectáreas- Êdice que mide 37 hectáreas; otro terreno de dos fanegas –siete hectáreas- dice que tiene 26 hectáreas”.
La compra pues fue de aproximadamente 21 hectáreas. En la escritura modificatoria, el Gobierno del Estado también libera a María Gil Romero de la obligación de garantizar el saneamiento para el caso de evicción. Esto debido a que las tierras vendidas tenían conflictos legales en cuatro juicios. Hasta antes de esta escritura, la vendedora estaba obligada a seguir los juicios e indemnizar al Gobierno en caso de que la propiedad le fuera reconocida a terceros.
La segunda escritura, número 19, del 5 de junio de 1900, con la que el Gobierno del Estado dice acreditar su propiedad sobre el polígono, fue una compra a Mercedes Torres de Rosales, a decir de Enrigue Zuloaga, de predios que ya estaban considerados dentro de los vendidos por María Gil Romero.
Según el abogado, Mercedes Torres Rosales era una de las personas que había demandado a María Gil Romero –uno de los juicios consignados en la escritura- y al ganar, solicitaba al Gobierno del Estado un pago.
“(En la escritura) dice el propio gobernador Luis C. Curiel que son las mismas (fanegas) que ya le había comprado a María Gil, por eso ya no se las entregan. Mercedes Torres era uno de los propietarios que le peleaba al Gobierno del Estado, y éste dice -aquí están dos mil pesos y deja de pelearme-, pero volvemos al mismo número de hectáreas”.
Es decir, según la reflexión del abogado, la escritura 20 no le proveyó al Gobierno del Estado de nuevas tierras más allá de las compradas antes a María Gil Romero y que, como ya se citó, no deben superar las 21 hectáreas que podrían llegar quizá a 25, contemplando ciertas excedencias, señaló.
El área de 25 hectáreas que según Enrigue Zuloaga son las que pertenecen al Gobierno del Estado, se encuentran inmersas precisamente en la zona que desde el año 2001 comenzó a ser urbanizada y que presenta fraccionamientos de alta plusvalía, así como torres departamentales colindantes con Avenida Acueducto.
La zona de comodato
Lo que podría llamarse la parte superior del polígono delimitado por la Sedeur (según el gráfico), o la zona oriente de Avenida Acueducto, fue entregada en comodato al Ayuntamiento de Zapopan en 1983 por tiempo indefinido, según la cláusula tercera del documento.
Son 32 hectáreas –más otras nueve vecinas a Avenida Patria- sin invasiones de gran magnitud –como fraccionamientos- y que, según Enrigue Zuloaga, están dentro de la propiedad de la Compañía Industrial de Guadalajara.
De esta forma, siguiendo su dicho, de las 81 hectáreas que delimita el polígono de la Sedeur 38 fueron consideradas de manera errónea, sin estar fundamentadas en escrituras y se trata concretamente de los predios “Los Tareyes” y “El Tepopotal”.
“Esos predios son propiedad de Compañía Industrial de Guadalajara, y se los prestó al Gobierno del Estado mediante un contrato que aprobó el Congreso del Estado celebrado el 25 de septiembre de 1900. Le hicieron unas aclaraciones en 1912, ya no con el gobernador Luis C. Curiel, sino con Alberto Robles Gil para aclarar cuáles eran los terrenos que la compañía le prestó al gobierno, que eran: ‘Los Tareyes’, ‘El Tepopotal’, ‘Los Barrenos’ y ‘El Chochocate’”.
En “Los Tareyes” y “El Tepopotal” se localizaban manantiales importantes para dotar de agua a la ciudad de Guadalajara. “El objetivo (de prestar los predios) era que el Gobierno del Estado sumara el agua que salía de los manantiales de estos terrenos al agua de los manantiales de los terrenos que eran su propiedad en el perímetro de Los Colomos (lo que actualmente es bosque) para traerla a Guadalajara y abastecer a la ciudad de agua potable”.
“En los términos de la Constitución de 1857 el agua era propiedad del dueño del terreno, por ello, el gobierno quería sumar el agua de los manantiales de la propiedad de la compañía a sus propios manantiales para obtener un mayor caudal de agua para abastecer a la ciudad a través del acueducto que recorre por la Avenida Acueducto”.
El abogado ahonda en el acuerdo entre el Gobierno y la empresa francesa: “Las aguas las utilizaba la compañía como fuerza motriz para generar energía eléctrica en sus fábricas, específicamente en la fábrica de Atemajac, -siguiendo el curso de Patria con su río va a dar exactamente a lo que era esa fabrica, actualmente Aurrerá Atemajac-. El Gobierno le dijo -permíteme usar el agua limpia de tus manantiales para sumarla al agua de mis manantiales y abastecer a la cuidad y tú puedes utilizar las aguas negras del Río San Juan de Dios, en la Calzada Independencia, para ser utilizadas como fuerza motriz”.
Estos predios, según Enrigue Zuloaga, nunca fueron vendidos por la compañía al Gobierno del Estado, por lo que no son de su propiedad. Para esos mismos, la Dirección de Ecología de Zapopan –que los cree en comodato al Ayuntamiento y propiedad estatal- gestiona su designación como Parque Nacional, o alguna otra categoría como Área Protegida con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), para “blindarlos” legalmente y evitar invasiones.
Acciones legales del Estado
El polígono que elaboró la Sedeur en 2005 en Zapopan es presentado en los juicios de reivindicación que inició la Procuraduría General de Justicia del Estado para recuperar las tierras que considera invadidas como documento fundatorio: “El plano oficial al ser un documento público que fue sustentado y elaborado por la Sedeur…conforme al contenido de los testimonios de escrituras públicas números 19 y 20”, se señala en una de las reivindicatorias a la que EL INFORMADOR tuvo acceso.
Sobre estas acciones legales del Gobierno del Estado el abogado opinó: “Están perdidos. No surte ningún efecto jurídico (el plano del polígono), lo que tiene que surtir un efecto jurídico es que se muestren las escrituras con las cuales se adquirieron los predios” y que, en su opinión, podrán avalar la propiedad sobre un límite de 25 hectáreas.
El abogado coincide en que los fraccionamientos que se han señalado al interior de la propiedad del gobierno como Pontevedra y Zotogrande, así como el edificio “La Reserva”, efectivamente pudieran localizarse sobre las hectáreas que sí son propiedad pública. Por lo tanto, el área que aparece señalada como Zona Invadida en el gráfico, también podría estar designando lo que es realmente propiedad del Gobierno estatal.
El abogado Juan Enrigue Zuloaga asevera que las escrituras 19 y 20 acreditan al Gobierno del Estado como propietario de sólo 25
hectáreas; 56 menos de lo señalado en el polígono de la Sedeur.
Conforme a la delimitación de los polígonos que realizó la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedeur) en los municipios de Guadalajara y Zapopan en 2005, se reconocen actualmente 116 hectáreas en el primero –donde se encuentra el Bosque de Los Colomos- y 81 hectáreas en la ex Villa Maicera.
No obstante, y centrándose en el polígono que se localiza en Zapopan, Enrigue Zuloaga asevera que no existen escrituras que avalen la propiedad estatal sobre tal extensión de territorio, pues según sus investigaciones, las tierras que compró el Gobierno del Estado en 1898 no pueden rebasar las 25 hectáreas.
Lo que es más, 38 hectáreas de ese polígono, al oriente de Avenida Acueducto (o al norte, según el gráfico) son en realidad, asegura, propiedad de la Compañía Industrial de Guadalajara, una empresa de origen francés, justamente en la sección entregada en comodato a Zapopan. Estos son sus argumentos.
No más de 25 hectáreas
Cuando la Dirección de Obras Públicas de Zapopan solicitó información a la Dirección General de Archivos del Estado, acerca del fundamento legal de su petición de 2004, para que la dependencia municipal no emitiera licencias de construcción dentro del polígono, la dirección estatal respondió el 31 de enero de 2007 que el Gobierno del Estado acreditaba ser propietario de los predios mediante las escrituras 20 y 19.
La primera es del 7 de junio de 1898 y la segunda del 5 de junio de 1900. Con la primera se compraron tierras a María Gil Romero, concretamente seis fanegas que, según señala Enrigue Zuloaga, representaban cada una 3.5 hectáreas, es decir, se adquirieron alrededor de 21 hectáreas.
No obstante, el 10 de marzo de 1899 se hizo una escritura modificatoria, la número seis, “pues los terrenos que vendió no tenían la superficie que ella dijo al vender, y por ende, se disminuyó el precio”.
Menciona que el documento da cuenta de las correcciones que debieron hacerse por errores de María Gil Romero al momento de traducir las fanegas a hectáreas: “En la misma escritura de compraventa se consigna que la señora rectificó, pues al traducir al sistema métrico decimal puso absurdos: un terreno que tenía tres fanegas -10.5 hectáreas- Êdice que mide 37 hectáreas; otro terreno de dos fanegas –siete hectáreas- dice que tiene 26 hectáreas”.
La compra pues fue de aproximadamente 21 hectáreas. En la escritura modificatoria, el Gobierno del Estado también libera a María Gil Romero de la obligación de garantizar el saneamiento para el caso de evicción. Esto debido a que las tierras vendidas tenían conflictos legales en cuatro juicios. Hasta antes de esta escritura, la vendedora estaba obligada a seguir los juicios e indemnizar al Gobierno en caso de que la propiedad le fuera reconocida a terceros.
La segunda escritura, número 19, del 5 de junio de 1900, con la que el Gobierno del Estado dice acreditar su propiedad sobre el polígono, fue una compra a Mercedes Torres de Rosales, a decir de Enrigue Zuloaga, de predios que ya estaban considerados dentro de los vendidos por María Gil Romero.
Según el abogado, Mercedes Torres Rosales era una de las personas que había demandado a María Gil Romero –uno de los juicios consignados en la escritura- y al ganar, solicitaba al Gobierno del Estado un pago.
“(En la escritura) dice el propio gobernador Luis C. Curiel que son las mismas (fanegas) que ya le había comprado a María Gil, por eso ya no se las entregan. Mercedes Torres era uno de los propietarios que le peleaba al Gobierno del Estado, y éste dice -aquí están dos mil pesos y deja de pelearme-, pero volvemos al mismo número de hectáreas”.
Es decir, según la reflexión del abogado, la escritura 20 no le proveyó al Gobierno del Estado de nuevas tierras más allá de las compradas antes a María Gil Romero y que, como ya se citó, no deben superar las 21 hectáreas que podrían llegar quizá a 25, contemplando ciertas excedencias, señaló.
El área de 25 hectáreas que según Enrigue Zuloaga son las que pertenecen al Gobierno del Estado, se encuentran inmersas precisamente en la zona que desde el año 2001 comenzó a ser urbanizada y que presenta fraccionamientos de alta plusvalía, así como torres departamentales colindantes con Avenida Acueducto.
La zona de comodato
Lo que podría llamarse la parte superior del polígono delimitado por la Sedeur (según el gráfico), o la zona oriente de Avenida Acueducto, fue entregada en comodato al Ayuntamiento de Zapopan en 1983 por tiempo indefinido, según la cláusula tercera del documento.
Son 32 hectáreas –más otras nueve vecinas a Avenida Patria- sin invasiones de gran magnitud –como fraccionamientos- y que, según Enrigue Zuloaga, están dentro de la propiedad de la Compañía Industrial de Guadalajara.
De esta forma, siguiendo su dicho, de las 81 hectáreas que delimita el polígono de la Sedeur 38 fueron consideradas de manera errónea, sin estar fundamentadas en escrituras y se trata concretamente de los predios “Los Tareyes” y “El Tepopotal”.
“Esos predios son propiedad de Compañía Industrial de Guadalajara, y se los prestó al Gobierno del Estado mediante un contrato que aprobó el Congreso del Estado celebrado el 25 de septiembre de 1900. Le hicieron unas aclaraciones en 1912, ya no con el gobernador Luis C. Curiel, sino con Alberto Robles Gil para aclarar cuáles eran los terrenos que la compañía le prestó al gobierno, que eran: ‘Los Tareyes’, ‘El Tepopotal’, ‘Los Barrenos’ y ‘El Chochocate’”.
En “Los Tareyes” y “El Tepopotal” se localizaban manantiales importantes para dotar de agua a la ciudad de Guadalajara. “El objetivo (de prestar los predios) era que el Gobierno del Estado sumara el agua que salía de los manantiales de estos terrenos al agua de los manantiales de los terrenos que eran su propiedad en el perímetro de Los Colomos (lo que actualmente es bosque) para traerla a Guadalajara y abastecer a la ciudad de agua potable”.
“En los términos de la Constitución de 1857 el agua era propiedad del dueño del terreno, por ello, el gobierno quería sumar el agua de los manantiales de la propiedad de la compañía a sus propios manantiales para obtener un mayor caudal de agua para abastecer a la ciudad a través del acueducto que recorre por la Avenida Acueducto”.
El abogado ahonda en el acuerdo entre el Gobierno y la empresa francesa: “Las aguas las utilizaba la compañía como fuerza motriz para generar energía eléctrica en sus fábricas, específicamente en la fábrica de Atemajac, -siguiendo el curso de Patria con su río va a dar exactamente a lo que era esa fabrica, actualmente Aurrerá Atemajac-. El Gobierno le dijo -permíteme usar el agua limpia de tus manantiales para sumarla al agua de mis manantiales y abastecer a la cuidad y tú puedes utilizar las aguas negras del Río San Juan de Dios, en la Calzada Independencia, para ser utilizadas como fuerza motriz”.
Estos predios, según Enrigue Zuloaga, nunca fueron vendidos por la compañía al Gobierno del Estado, por lo que no son de su propiedad. Para esos mismos, la Dirección de Ecología de Zapopan –que los cree en comodato al Ayuntamiento y propiedad estatal- gestiona su designación como Parque Nacional, o alguna otra categoría como Área Protegida con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), para “blindarlos” legalmente y evitar invasiones.
Acciones legales del Estado
El polígono que elaboró la Sedeur en 2005 en Zapopan es presentado en los juicios de reivindicación que inició la Procuraduría General de Justicia del Estado para recuperar las tierras que considera invadidas como documento fundatorio: “El plano oficial al ser un documento público que fue sustentado y elaborado por la Sedeur…conforme al contenido de los testimonios de escrituras públicas números 19 y 20”, se señala en una de las reivindicatorias a la que EL INFORMADOR tuvo acceso.
Sobre estas acciones legales del Gobierno del Estado el abogado opinó: “Están perdidos. No surte ningún efecto jurídico (el plano del polígono), lo que tiene que surtir un efecto jurídico es que se muestren las escrituras con las cuales se adquirieron los predios” y que, en su opinión, podrán avalar la propiedad sobre un límite de 25 hectáreas.
El abogado coincide en que los fraccionamientos que se han señalado al interior de la propiedad del gobierno como Pontevedra y Zotogrande, así como el edificio “La Reserva”, efectivamente pudieran localizarse sobre las hectáreas que sí son propiedad pública. Por lo tanto, el área que aparece señalada como Zona Invadida en el gráfico, también podría estar designando lo que es realmente propiedad del Gobierno estatal.
El abogado Juan Enrigue Zuloaga asevera que las escrituras 19 y 20 acreditan al Gobierno del Estado como propietario de sólo 25
hectáreas; 56 menos de lo señalado en el polígono de la Sedeur.