Jalisco
Duplican deuda a Pensiones
Los desvíos o retenciones de alcaldías, secretarías y organismos son por mil 370.2 millones; no hay sanciones por este delito
GUADALAJARA, JALISCO (26/MAR/2015).- Patricia Pallares cobra uno de los salarios más bajos en el Ayuntamiento de Guadalajara y, con el descuento de impuestos, apenas recibe mil 300 pesos mensuales. Lo que desconoce es que la alcaldía es una de las 35 entidades públicas que han desviado o retenido mil 370.2 millones de pesos provenientes de las cuotas patronales y de las aportaciones de burócratas, recursos que se adeudan al Instituto de Pensiones de Jalisco (Ipejal).
Los pasivos de estas entidades eran por 713.8 millones en febrero de 2014, pero al mismo mes de 2015 se incrementaron en 656.4 millones. De nada sirvió reformar el Código Penal para castigar con cárcel a los responsables que no depositen en tiempo estas cuotas porque no hay sanciones.
El Instituto reporta que hay 14 entidades con procesos judiciales: los ayuntamientos de Guadalajara, Autlán, La Barca, Tamazula, Zapotlán el Grande, Chapala, Tala, Mascota y Vallarta (a éste se suman el Consejo del Deporte y el DIF); así como el Instituto de la Juventud de Tonalá, la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf) y Servicios y Transportes.
Los efectos de estas irregularidades son que el Ipejal mantiene bloqueadas las prestaciones hipotecarias de corto plazo y los préstamos de liquidez de trabajadores, pero el Instituto evade informar la cifra precisa de afectados, cuando la pasada administración sí la documentaba.
El primer lugar de la lista es Puerto Vallarta, con deudas por 354 millones por el retraso de 87 quincenas. Le siguen Tonalá y Guadalajara, con 279 millones cada uno, al no aportar 72 y siete quincenas, respectivamente. También aparecen nuevos deudores este año: los ayuntamientos de Mascota y Chapala, la Secretaría de Educación, el Consejo de la Judicatura, así como el Instituto de Formación para el Trabajo, el Instituto Jalisciense de la Vivienda y el Code, entre otros.
Desde julio de 2013, no reportar las cuotas al Ipejal es un delito que acredita sanciones administrativas y cárcel de tres a 15 años, pero se requiere que Pensiones o el servidor público afectado demanden ante la Fiscalía. ¿Por qué no hay sanciones?, se le cuestiona a Luis Enrique Miranda del Río, director jurídico del Ipejal: “No se ha llegado a ese extremo. La ley es para prevenir”.
Mientras los principales deudores, como Guadalajara, Vallarta, Sepaf y Educación, negaron entrevistas sobre el tema, los sindicatos se mantienen en silencio. “Es urgente una auditoría externa a esas deudas millonarias”, recomienda Luis Ignacio Román Morales, investigador del ITESO.
El diputado Gildardo Guerrero Torres confirma que presentará en el Congreso un punto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía a que investigue las irregularidades.
Los pasivos de estas entidades eran por 713.8 millones en febrero de 2014, pero al mismo mes de 2015 se incrementaron en 656.4 millones. De nada sirvió reformar el Código Penal para castigar con cárcel a los responsables que no depositen en tiempo estas cuotas porque no hay sanciones.
El Instituto reporta que hay 14 entidades con procesos judiciales: los ayuntamientos de Guadalajara, Autlán, La Barca, Tamazula, Zapotlán el Grande, Chapala, Tala, Mascota y Vallarta (a éste se suman el Consejo del Deporte y el DIF); así como el Instituto de la Juventud de Tonalá, la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf) y Servicios y Transportes.
Los efectos de estas irregularidades son que el Ipejal mantiene bloqueadas las prestaciones hipotecarias de corto plazo y los préstamos de liquidez de trabajadores, pero el Instituto evade informar la cifra precisa de afectados, cuando la pasada administración sí la documentaba.
El primer lugar de la lista es Puerto Vallarta, con deudas por 354 millones por el retraso de 87 quincenas. Le siguen Tonalá y Guadalajara, con 279 millones cada uno, al no aportar 72 y siete quincenas, respectivamente. También aparecen nuevos deudores este año: los ayuntamientos de Mascota y Chapala, la Secretaría de Educación, el Consejo de la Judicatura, así como el Instituto de Formación para el Trabajo, el Instituto Jalisciense de la Vivienda y el Code, entre otros.
Desde julio de 2013, no reportar las cuotas al Ipejal es un delito que acredita sanciones administrativas y cárcel de tres a 15 años, pero se requiere que Pensiones o el servidor público afectado demanden ante la Fiscalía. ¿Por qué no hay sanciones?, se le cuestiona a Luis Enrique Miranda del Río, director jurídico del Ipejal: “No se ha llegado a ese extremo. La ley es para prevenir”.
Mientras los principales deudores, como Guadalajara, Vallarta, Sepaf y Educación, negaron entrevistas sobre el tema, los sindicatos se mantienen en silencio. “Es urgente una auditoría externa a esas deudas millonarias”, recomienda Luis Ignacio Román Morales, investigador del ITESO.
El diputado Gildardo Guerrero Torres confirma que presentará en el Congreso un punto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía a que investigue las irregularidades.