Diputados alistan reforma integral al Poder Judicial

GUADALAJARA, JALISCO (06/DIC/2016).- Tras el escándalo de Luis Carlos Vega Pámanes, el Congreso del Estado ya prepara una reforma integral para cambiar de fondo al Poder Judicial y devolverle el “prestigio y garantizar una administración de justicia pronta y expedita”.

Hugo Contreras, coordinador de la fracción del PRI, explica que la propuesta de su partido se enfoca en cuatro ejes: eliminar cuotas partidistas, reingeniería administrativa, el nombramiento de jueces y magistrados y garantizar un presupuesto suficiente.

“Hablando de los magistrados creemos que deben aplicarse exámenes de conocimiento y de control y confianza. También generar un espacio dentro del proceso para que las asociaciones civiles y colegios de abogados puedan opinar sobre la honorabilidad y prestigio del aspirante. En cuanto a los jueces, creo que debe haber un escalafón y una carrera judicial”.

Detalla que la reingeniería administrativa del Poder Judicial debe ir orientada a hacer más con menos recursos; es decir, eficientar los recursos económicos y humanos.

“Podemos orientar a personal administrativo a los espacios que verdaderamente se ocupan y entre ellos para los jueces que se requieren. El Consejo de la Judicatura también necesita renovarse para buscar la manera de que una comisión administrativa integrada por un magistrado, jueces, un ciudadano y representantes del Poder Ejecutivo y Legislativo pudiera asumir sus funciones”.

Miguel Monraz, coordinador de la fracción panista, considera que la implementación de un presupuesto constitucional sería una medida para garantizar recursos suficientes para que el Poder Judicial opere sin dificultad.

“El tema presupuestal es un tema muy debatido que hemos estado analizando para que no dependa del ánimo del gobernante en turno para darle un presupuesto con el que pueda desempeñar de manera eficiente su labor. Vemos el grave problema que están teniendo con las salas de juicios orales”.

Coincide que se necesitan reformar los procesos para elegir a jueces y magistrados para incluir a las universidades y a las asociaciones civiles. Consideró necesario garantizar la implementación de exámenes de control y confianza y la presentación de declaraciones fiscales, patrimoniales y de intereses para verificar si el estilo de vida coincide con sus ingresos.

Ismael del Toro, coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, opina que los legisladores naranjas proponen una reforma en tres temas: autonomía, calidad y eficiencia en la impartición de justicia y transparencia y rendición de cuentas.

“Se propone una integración nueva para el Consejo de la Judicatura, un nuevo procedimiento para elegir a los consejeros ciudadanos, autonomía presupuestal mediante la implementación de la hacienda judicial y se plantea una reforma integral en materia de planeación”.

También se proponen concursos de oposición para la designación de jueces y magistrados.

LAS PROPUESTAS LEGISLATIVAS

Hugo Contreras, coordinador de la fracicón del PRI

• Eliminar cuotas partidistas.
• Reingeniería administrativa.
• Nombramiento de jueces y magistrados.
• Garantizar un presupuesto suficiente.
• Aplicación de exámenes de conocimiento y de control y confianza.
• Generar un espacio para asociaciones civiles y colegios de abogados.
• Escalafón y carrera judicial para jueces.
• Reingeniería en el Poder Judicial y el Consejo de la Judicatura.
• Orientar y canalizar a trabajadores administrativos a espacios que se necesitan.
• Renovar el Consejo de la Judicatura.
• Crear una comisión integrada por magistrados, jueces, ciudadanos y representantes del Poder Ejecutivo y Judicial.

Ismael del Toro, coordinador de la fracción de MC

• Poder Judicial autónomo e independiente.
• Calidad y eficiencia en la impartición de justicia.
• Transparencia y rendición de cuentas.
• Integración nueva para el Consejo de la Judicatura.
• Nuevo procedimiento para elegir a consejeros ciudadanos.
• Autonomía presupuestal (hacienda judicial).
• Concursos de oposición para la designación de jueces y magistrados.
• Digitalización de todos los expedientes.
• Simplificación procesal.
• Crear un organismo técnico profesional y especializado para la revisión-evaluación de la política judicial.
• Comité externo que evalúe funcionamiento de magistrados.
• Nuevas reglas para sancionar a jueces y magistrados.

Miguel Monraz, coordinador de la fracción del PAN

• Profesionalización del servicio civil de carrera en el Poder Judicial.
• Equipamiento e instalaciones que puedan dar un buen servicio.
• Presupuesto constitucional.
• Hacienda judicial.
• Garantizar aplicación de exámenes de control y confianza.
• Presentar declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses.
• Transparentar proceso para la elección de jueces y magistrados.
• Invitar a universidades y asociaciones civiles.

PERFILES

Candidatos a la presidencia del Supremo

Lucía Padilla

• Integra la Novena sala especializada en materia civil.
• Cuenta con más de 30 años en el Poder Judicial. Se ha desempeñado como juez octava de lo Civil, secretaria del Consejo del Poder Judicial, juez séptimo de lo Familiar y secretaria general de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
• En 2002 fue desechada como candidata para ocupar un puesto de magistrada en una nueva Sala auxiliar porque no presentó copia de su credencial de elector en su documentación.
• En 2007 fue nombrada magistrada numeraria tras tres intentos y fue ratificada en 2014.
• Este año criticó la política prohibitiva del uso y consumo de la mariguana.

Carlos Acosta

• Presidente de la Tercera sala especializada en materia civil.
• Cuenta con casi 50 años de carrera judicial. Ha ocupado los puestos de secretario en el Juzgado Cuarto de lo Civil en 1968.
• En 1988 fue nombrado magistrado de la Tercera Sala y en 1991 fue ratificada su inamovilidad.
• En 1995, un grupo de ciudadanos presentó un juicio político en contra de varios magistrados, entre ellos él, por supuestas violaciones a las garantías individuales, actos u omisiones en perjuicio del interés público.
• En 1997 recibió un reconocimiento por 29 años de servicio en el Poder Judicial y entre 1998 y 1999 ocupó el puesto de presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

Antonio Fierros

• Integrante de la Décima sala especializada en justicia integral para adolescentes y penal.
• Más de 30 años en el Poder Judicial. En el año de 1985 fue secretario en el Juzgado Familiar de Chapala.
• En 1989 fue nombrado juez segundo de lo penal y en el 2003 se amparó contra un cambio de adscripción que le fue negado y se tuvo que cambiar de juzgado.
• En 2003 ocupó el puesto de presidente de la Asociación de jueces.
• En 2007 se le asignó a la Sala de adolescentes infractores y en el 2009 un grupo de ciudadanos pidió su destitución al acusarlo de supuestamente dejar en libertad a un hombre acusado de secuestro y homicidio.

Celso Rodríguez

• Presidente de la Sexta sala especializada en materia penal.
• En 1975 formó parte de la Federación de Estudiantes de Guadalajara (FEG).
• En 1993 fue nombrado juez de lo criminal en Chapala y en 2000, magistrado.
• En 2002 fue citado a declarar por el homicidio de un joyero de nombre Javier Armenta.
• Fue presidente del Supremo Tribunal de 2006 a 2012, tiempo durante el cual se construyó la polémica Ciudad Judicial.
• En 2008 fue acusado de falsificar el acta de una sesión y en 2009 fue presentada una solicitud de juicio político en su contra.
• En 2010 pidió eximir de los exámenes de control y confianza al Poder Judicial.
• En 2011 aprobó su examen de notario, a pesar de que la ley prohíbe a los servidores públicos desempeñarse en esta labor.

Ricardo Suro

• Miembro de la Séptima sala en materia civil.
• De él no se conoce una carrera judicial. La búsqueda hemerográfica sólo arrojó la nota donde se dio cuenta que fue nombrado magistrado en 2014.
• Mientras que el análisis de portales gubernamentales y herramientas de transparencia sólo muestra su cédula profesional.
• En 2014 no acudió a las entrevistas convocadas por la Comisión de Justicia del Congreso del Estado y el entonces diputado Víctor Sánchez lo señaló de tener un currículum pobre para el cargo y de ser una cuota partidista a su favor.

Arcelia García Cásares

• Integrante de la Quinta sala especializada en materia civil.
• Tampoco se conoce su experiencia profesional, su formación u otros detalles de su currículum, puesto que la búsqueda hemerográfica sólo presentó un resultado y la realizada en páginas gubernamentales sólo muestra documentos de sentencias o sesiones.
• En 2005, de acuerdo con notas periodísticas, la magistrada fue señalada de incurrir en prácticas de nepotismo, pues se reveló que contrató a su hija para trabajar como secretaria al interior del Supremo Tribunal.

LA VOZ DE LOS EXPERTOS

Deben modificar elección

Antonio Mendoza Mejía (académico de la UdeG)

Como una medida para dar mayor confianza a la ciudadanía, una de las principales reformas a las que tendría que ser sometido el Poder Judicial en Jalisco debe considerar la modificación del proceso para elegir al presidente del Supremo Tribunal de Justicia.

Antonio Mendoza Mejía, investigador de Derecho en CUTonalá, explicó que el candidato a ocupar este puesto mínimo debería contar con el respaldo de tres cuartas partes de los 34 magistrados.

“Actualmente sólo un voto hace la diferencia para ocupar la presidencia. Debe darse una mayoría relativa, que en términos aritméticos sería por lo menos el 75% de los magistrados que voten a favor de la designación del presidente del Tribunal. Esto daría legitimidad, legalidad y certidumbre a la figura más importante del Poder Judicial del Estado. Sobre todo para dar confianza a los gobernados de que dentro de la administración de justicia se da un equilibrio, una elección representativa y democrática”.

El académico urgió a “quitar las manos” de los partidos políticos de la designación de los magistrados para que la elección sea a través de la carrera judicial de los candidatos.

“Anteriormente así estaba previsto, el gran problema que tenemos actualmente es que se maneja a través de cuotas de poder y mientras estas cuotas contaminen la designación de magistrados, la administración de justicia dentro de Jalisco será muy débil y generará desconfianza a los ciudadanos”.

Mendoza Mejía apuntó que también es necesario analizar la pertinencia de contar con 10 Salas en el Supremo Tribunal y la posibilidad de disminuir este número, pues esto representa una fuerte carga al erario del Estado.

“Considero que este proceso de disminuir el número de magistrados y de Salas sería algo muy positivo desde el punto de vista constitucional y presupuestal”.

La transparencia es la clave

Gerardo Valdez Santaella (abogado)

Transparentar y abrir verdaderamente al escrutinio de la ciudadanía los procesos para elegir magistrados es un elemento clave y fundamental para lograr cambios de fondo en el Poder Judicial. El abogado Gerardo Valdez Santaella explica que se debe involucrar a las universidades y sociedad.

“Debe haber un procedimiento claro, una convocatoria pública regulada donde haya obligación de involucrar a las universidades, a las barras de abogados y a organizaciones civiles. Que realmente los candidatos que se propongan sean sometidos al escrutinio público. Aunque al final la decisión es de los diputados, emprender estas acciones los comprometería a que entre los candidatos no elijan a los impresentables o por lo menos que no lleguen delincuentes”.

El experto considera que el caso del ex magistrado Luis Carlos Vega Pámanes no es un fenómeno aislado en el Poder Judicial.

“Hay tantos que han pasado por el Poder Judicial sin las cualificaciones técnicas y sin la solvencia moral. El hecho de hacer público este proceso es lo que más podría ayudar pues los medios de comunicación también tendrían la posibilidad de escudriñar los antecedentes de cada candidato y por lo menos evitar que llegan aquellos que francamente son impresentables”.

Valdez Santaella remarca que una de las estrategias para combatir la corrupción es obligar tanto a magistrados, jueces y aspirantes a presentar sus declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses para conocer quiénes son verdaderamente.

“Como litigante me entero a cada rato de asuntos que fueron arreglados con dinero. Si a esos magistrados les analizaran su patrimonio verían que no coincide con sus ingresos. No durarían en el cargo. Sin duda es un elemento muy importante”.

Explica que las reformas al Poder Judicial serán un proceso gradual que tendrá efecto a mediano plazo y destacó la importancia de involucrar a la sociedad.

Hay elementos para proceder contra Vega

La Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado ya se encuentra analizando los seis juicios políticos interpuestos en contra del ex magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Luis Carlos Vega Pámanes, luego que éstos fueron evaluados por el pleno.

Ismael del Toro Castro, coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano, adelanta que sí hay elementos para proceder contra Vega Pámanes.

“Ya fueron todos ratificados y pasados por el pleno con la ratificación. Esto corresponde a la Comisión de Responsabilidades darle el seguimiento y poder terminar en la sanción”. Indica que, “por lo que yo he advertido de los juicios políticos presentados y por lo que he escuchado de los diputados que forman parte de la Comisión, sí hay todos los elementos para que Luis Carlos Vega Pámanes termine sancionado por este Congreso con la inhabilitación para ocupar cargos públicos”.

Miguel Monraz, coordinación de la fracción del PAN, precisa que, a más tardar en 90 días, se deberán presentar resultados. “Se tiene un periodo, como lo marca la Ley de Responsabilidades, de 45 a 90 días para concluir esta etapa. Si se considera que hay los elementos suficientes, se pasa a una segunda etapa de incoación del proceso para que se presenten las distintas partes del proceso para alegar lo que a su hecho convenga. Ahorita estamos en la primera etapa, ya pasó la recepción de documentos y la ratificación… estamos en el análisis de los elementos”.

Hugo Contreras, coordinador de los diputados del PRI, se pronuncia porque se proceda contra el ex magistrado si hay elementos suficientes. “Si en ese caso o en cualquier otro hay elementos, que se proceda conforme a derecho. No tenemos ninguna preferencia ni selección de justicia. Para los diputados del PRI no hay juicios de primero o de segundo nivel, o con etiquetas particulares. Son circunstancias que se tendrán que analizar conforme a derecho”.

TELÓN DE FONDO

El caso polémico
 
El pasado 12 de octubre fue cuando se dio a conocer en medios de comunicación el audio de una conversación que sostuvo en julio el entonces magistrado presidente del Supremo, Luis Carlos Vega Pámanes, al comisario de la Policía Salvador Caro.

En dicha grabación, Vega aboga por dos personas detenidas. De acuerdo con el magistrado, esta grabación tuvo solamente fines institucionales y argumentó que la hizo a petición de un particular que desconocía el paradero de sus trabajadores.

Trascendió que estas personas portaban armas de fuego sin los permisos correspondientes.

Salvador Caro aseguró que fueron tres llamadas desde la oficina del magistrado presidente.

Caro y la síndica tapatía Bárbara Casillas interpusieron una denuncia ante la PGR por abuso de autoridad contra Vega Pámanes, misma que fue turnada a la Fiscalía. El 18 de octubre, la asociación Abogando por Jalisco presentó una petición de juicio político contra el magistrado a la que se sumarían cinco más. Más tarde, el 27 de octubre, se dio a conocer que Vega Pámanes contaba con antecedentes penales, pues en 1984, junto con Gustavo Rangel, agredió a golpes a dos estudiantes de la Vocacional, robó un auto a punta de pistola y arrolló a dos mujeres. Fue hasta el 10 de noviembre, luego de la presentación de más juicios políticos y un exhorto del gobernador, cuando Vega renunció.

Urge mayor credibilidad

El ex consejero de la Judicatura, Alfonso Partida, señala que el debate para designar al nuevo presidente debe abrirse a la sociedad. Esto con aras de que el Poder Judicial recupere credibilidad entre la ciudadanía. “Los 33 magistrados que están nombrados tienen el perfil, pero este debate debe abrirse, tienen que convencer a la sociedad, instituciones, universidades y a ciudadanía de que son la mejor opción”. Acentúa que el gran problema es que nadie se hace responsable de haber nombrado a los magistrados cuando éstos se ven implicados en escándalos o controversias.

GUÍA

PROCESO PARA ELEGIR AL PRESIDENTE

Ley Orgánica del Poder Judicial

Artículo 13

Para la elección del presidente del Supremo Tribunal de Justicia, el último día hábil de diciembre de cada dos años, los magistrados en funciones, presididos por el de más antigüedad como magistrado, se reunirán en el Salón de Plenos.

Acto seguido, por mayoría de sufragios, en votación secreta, por cédula y con escrutinio público, se elegirá al magistrado que funja como presidente los dos años judiciales consecutivos siguientes a partir del día primero de enero; en caso de empate, el magistrado que presida la sesión tendrá voto de calidad.

El primer día hábil en que entre en funciones el presidente electo, en sesión extraordinaria, el Pleno determinará la integración de las Salas, en votación secreta por cédula y con escrutinio público

Algunas facultades

Representar al Poder Judicial del Estado en los actos jurídicos y oficiales. Presidir y moderar las deliberaciones del Tribunal. Firmar en unión del secretario general de Acuerdos o de quien lo sustituya en sus faltas, las actas de las sesiones plenarias. Ejecutar las resoluciones o acuerdos plenarios.

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