Jalisco
Descalifican a vicerrector de la UdeG por ventilar información
Integrantes de la Comisión de Hacienda del Consejo General Universitario reprueban que Gabriel Torres diera “un mal manejo de información” sobre presuntas anomalías en dos centros universitarios
GUADALAJARA, JALISCO.- La información vertida a los medios de comunicación, en torno a las investigaciones judiciales surgidas por el presunto desvío de recursos en dos dependencias de la
Universidad de Guadalajara (UdeG), “surgió de la Vicerrectoría General, está sesgada y violenta la normatividad universitaria para el manejo de estos asuntos”.
Así lo anunciaron integrantes de la Comisión de Hacienda del Consejo General Universitario (CGU), integrada por Marco Antonio Cortés Guardado, Ruth Padilla Muñoz, Patricia Elena Retamoza Vega, líder del sindicato, y César Barba Delgadillo, aunque con la ausencia de quien preside dicho organismo, el rector general de la casa de estudios, Carlos Briseño Torres.
En una rueda de prensa donde destacó la irrupción del vicepresidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), César Íñiguez (acto interpretado por los convocantes como “un sabotaje para defender la administración central”), la Comisión de Hacienda acusó al vicerrector general de la UdeG, Gabriel Torres Espinosa, de “irresponsable”, tras sus señalamientos en torno a los supuestos desvíos de recursos.
Cuestionando “las verdaderas intenciones” en los pronunciamientos del vicerrector, Marco Antonio Cortés Guardado, también rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), reprobó que en el caso específico de los 813 mil pesos “perdidos” en su dependencia, se utilicen conceptos como peculado, “cuando en sentido estricto lo que ocurrió fue el robo de una chequera”. Consideró que hay “un manejo de la información” en torno a estos asuntos, “dándole un sesgo para generar una impresión errónea de lo que aconteció tanto en el CUCSH, como en el Centro Universitario de Ciencias d la Salud (CUCS), tratándose de casos que por su propia naturaleza, están siendo investigados de manera distinta”.
Ruth Padilla Muñoz, directora del Sistema de Educación Media Superior (SEMS) de la UdeG, indicó que mientras en el caso de los 2.5 millones de pesos “extraviados” en el CUCS ya existía una investigación promovida por los propios directivos del centro; en el CUCSH “se trata de un procedimiento investigado por instancias judiciales, pero ambos debieron ventilarse antes de agotar el procedimiento normativo”.
César Barba Delgadillo, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), apuntó: “La intención del vicerrector es erigirse como juez mediático; actualmente está en curso el informe de la Contraloría, y hay dos personas que estando en el documento, no aparecen en la denuncia judicial. Nos resulta curioso porque estás personas trabajan en la Secretaría Particular de la Rectoría”. Extraoficialmente, se menciona que estas dos personas que no aparecen en la investigación publicada en los medios de comunicación, y que trabajan en la Secretaría Particular de la Rectoría, son Sofía Berenice García Mosqueda y Arturo Israel Dávalos Padilla.
“Nadie más que la Comisión de Hacienda quiere que se llegue a las últimas consecuencias en las investigaciones, pero existen procedimientos que fueron violentados”, agregó Ruth Padilla, quien señaló que el abogado general de la UdeG, Jorge García Domínguez, tenía la obligación de informar al organismo del seguimiento de ambos casos, y “se precipitó en hacer las denuncias sin estar concluidas de manera interna”.
Entrevistado por tarde, Gabriel Torres Espinosa argumentó que no ventiló dicha información, y que en su papel de vicerrector se remitió a responder los cuestionamientos de los medios de comunicación sobre datos que ya habían sido publicados en los mismos.
Así lo anunciaron integrantes de la Comisión de Hacienda del Consejo General Universitario (CGU), integrada por Marco Antonio Cortés Guardado, Ruth Padilla Muñoz, Patricia Elena Retamoza Vega, líder del sindicato, y César Barba Delgadillo, aunque con la ausencia de quien preside dicho organismo, el rector general de la casa de estudios, Carlos Briseño Torres.
En una rueda de prensa donde destacó la irrupción del vicepresidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), César Íñiguez (acto interpretado por los convocantes como “un sabotaje para defender la administración central”), la Comisión de Hacienda acusó al vicerrector general de la UdeG, Gabriel Torres Espinosa, de “irresponsable”, tras sus señalamientos en torno a los supuestos desvíos de recursos.
Cuestionando “las verdaderas intenciones” en los pronunciamientos del vicerrector, Marco Antonio Cortés Guardado, también rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), reprobó que en el caso específico de los 813 mil pesos “perdidos” en su dependencia, se utilicen conceptos como peculado, “cuando en sentido estricto lo que ocurrió fue el robo de una chequera”. Consideró que hay “un manejo de la información” en torno a estos asuntos, “dándole un sesgo para generar una impresión errónea de lo que aconteció tanto en el CUCSH, como en el Centro Universitario de Ciencias d la Salud (CUCS), tratándose de casos que por su propia naturaleza, están siendo investigados de manera distinta”.
Ruth Padilla Muñoz, directora del Sistema de Educación Media Superior (SEMS) de la UdeG, indicó que mientras en el caso de los 2.5 millones de pesos “extraviados” en el CUCS ya existía una investigación promovida por los propios directivos del centro; en el CUCSH “se trata de un procedimiento investigado por instancias judiciales, pero ambos debieron ventilarse antes de agotar el procedimiento normativo”.
César Barba Delgadillo, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), apuntó: “La intención del vicerrector es erigirse como juez mediático; actualmente está en curso el informe de la Contraloría, y hay dos personas que estando en el documento, no aparecen en la denuncia judicial. Nos resulta curioso porque estás personas trabajan en la Secretaría Particular de la Rectoría”. Extraoficialmente, se menciona que estas dos personas que no aparecen en la investigación publicada en los medios de comunicación, y que trabajan en la Secretaría Particular de la Rectoría, son Sofía Berenice García Mosqueda y Arturo Israel Dávalos Padilla.
“Nadie más que la Comisión de Hacienda quiere que se llegue a las últimas consecuencias en las investigaciones, pero existen procedimientos que fueron violentados”, agregó Ruth Padilla, quien señaló que el abogado general de la UdeG, Jorge García Domínguez, tenía la obligación de informar al organismo del seguimiento de ambos casos, y “se precipitó en hacer las denuncias sin estar concluidas de manera interna”.
Entrevistado por tarde, Gabriel Torres Espinosa argumentó que no ventiló dicha información, y que en su papel de vicerrector se remitió a responder los cuestionamientos de los medios de comunicación sobre datos que ya habían sido publicados en los mismos.