Jalisco
Cristalazos, intimidaciones y asesinatos, todo por hurtar un teléfono móvil
''María'', de 24 años, caminaba con su primo por Cruz del Sur cuando recibió un disparo en la cabeza
GUADALAJARA, JALISCO (31/JUL/2013).- Por resistirse a dar su
celular a unos asaltantes recibió un balazo en la cabeza. Es la historia de "María", una mujer de 24 años de edad que caminaba con su primo y la novia de éste, por avenida Cruz del Sur, iban a comprar un elote.
Uno de sus familiares platica que antes de llegar al comercio tres muchachos de alrededor de 18 años exigieron a María que les diera su celular, ella hablaba con su mamá. "¡Qué!", les dijo, "no se los voy a dar". Después de esto uno de los asaltantes sacó una pistola y le dio un golpe en la cabeza, esto provocó que se disparara, minutos después María falleció.
Esto ocurrió hace apenas tres meses, y hasta ahora no se sabe qué sucedió con los tres asaltantes.
Jacqueline Hernández también perdió su celular tras un asalto a mano armada, pero sólo eso; de hecho le han robado tres dispositivos, en una sola semana le quitaron dos. "En el camión me lo sacaron de la mochila sin que me diera cuenta, en la escuela lo dejé en la banca fui al baño y cuando regresé ya no estaba, y el tercero con pistola".
Narra que en el último hecho, el asaltante llegó pidiendo dinero para que se pudiera comprar drogas. Jacqueline le dio cinco pesos que no le gustaron al asaltante y sacó una pistola, "me quitó mi celular y un anillo de oro. Me enojé, y pues se los di, no iba a averiguar si la pistola era de verdad".
Otro testimonio lo aporta Lucía Castillo. Salió a cenar a un restaurante cerca de avenida Chapultepec, dejó su bolsa en el asiento trasero de su auto. Media hora después, al regresar, uno de los vidrios del carro estaba roto, la bolsa ya no estaba y dentro tenía su celular.
"Me enojé mucho. Le pedí a un amigo que cambiara las contraseñas de todas mis cuentas abiertas en el celular. Al día siguiente cancelé la línea y bloquearon el aparato para no poder acceder a ninguna aplicación".
Lucía no creía que esa zona fuera insegura, además de que encargaron el auto a un "viene, viene". "No denuncié, la verdad ni se me ocurrió, como fue un cristalazo no lo creí necesario, y claro, no recuperé el celular".
Ahora, mantiene su dispositivo móvil escondido cada vez que sale a algún lugar público "no vaya a ser", dice.
Guadalajara, tercera ciudad con mayor cantidad de celulares en México
Guadalajara tiene los índices más altos de suscripciones a teléfonos móviles, sólo detrás de Querétaro y Cuernavaca. En la capital de Jalisco se tienen 110.5 suscripciones a celulares por cada 100 habitantes, en Querétaro 112.6, y en Cuernavaca 173.8; los datos datan de 2012.
En comparación, el Distrito Federal tiene un índice de 108 suscripciones, Monterrey 100.5, y Puebla 81.6, con base en el mismo rango de 100 habitantes.
Autoridades actúan descoordinadas contra ''motoladrones''
"Cada quien trabaja por su lado" y no atacan el problema de fondo para inhibir los delitos cometidos por "motoladrones", dice el doctor, especialista en seguridad y derechos humanos de la Universidad de Guadalajara, Dante Haro Reyes.
Explica que las corporaciones policiacas municipales, en conjunto con la Fiscalía General del Estado, deben ser corresponsables y entre ellas distribuir las tareas para combatir este tipo de delincuencia. "Hay que ver las rutas (...) Y hacer las adecuaciones para que la policía vial intervenga en la parte de infraccionar a motociclistas".
Expone que las autoridades quieren demostrar que los "motoladrones" son solitarios pero no es así, ya que desde el dueño de las motos, la parte operativa los grupos, el modo de actuar de los ladrones deben atenderse desde instancias de inteligencia.
Haro Reyes propone llevar a cabo acciones de fondo como registrar de manera estricta la venta de vehículos para que los compradores otorguen sus datos y sean ubicados. "Por ejemplo, en Alemania no puede darse (una moto) sin que le comprador dé sus datos (...) Aquí las motos circulan sin placas y son aprovechadas para cometer esos delitos".
Agrega que el déficit de policías, la inestabilidad, desorganización y falta de capacitación interna abona a que no se resuelva el problema de fondo. "No hay profesionalización, los controles de confianza no son buenos, y los salarios son bajos. Se está pidiendo que los elementos de seguridad busquen a ladrones arriesgando la vida con pocos elementos, y cuando ellos no tienen incentivos. Es un círculo vicioso".
La desarticulación de la seguridad a nivel estatal y municipal, y las direcciones de inteligencia de la Fiscalía provocan que la ciudad sea un campo de cultivo para los criminales, indica el investigador.
Por su parte Gerardo de la Cruz Tovar, investigador de la Universidad Panamericana, refiere que debe profundizarse en el problema y distinguir a los "motoladrones" de los "conejeros", los cuales son generalizados por los ayuntamientos. Los primeros se dedican a arrebatar bienes a una persona y actúan en pares, y los segundos son más organizados, operan en grupos de hasta cinco; intervienen personas a pie, y otros en vehículos.
De la Cruz Tovar promueve la creación de mapas criminógenos que no sólo indiquen dónde operan los delincuentes, sino que se documente su origen, de dónde provienen; sin embargo, dice que "los policías preventivos no lo están haciendo así, y son reactivos ante el escándalo que se produjo".
Expone que los operativos actuales "de reacción" son temporales y no producen los frutos de solución que se esperan. "Estamos viendo una reacción del Estado disfrazada de calma, y no se trata de eso, sino de tener programas estructurados".
Invita a copiar el modelo colombiano de regulación de motocicletas, en el que es una obligación para los conductores portar un chaleco que identifique las placas del automotor, además de la prohibición de circulación de varias personas en una misma moto.
"Habría que llevar trabajo en el ámbito legislativo para regular estos vehículos y tener un padrón completo de los propietarios".
Autoridades omiten su responsabilidad y la delegan a ciudadanos
"Me da tristeza el debate", dice el doctor Dante Haro Reyes sobre la petición de las autoridades hacia los ciudadanos para que prevengan delitos; "los políticos quieren que la gente haga el trabajo, pero no tienen la preparación".
Añade que el Estado quiere que se rompa todo el esquema de tranquilidad del ciudadano cuando es una obligación de éste dar esa certeza de seguridad contra daños o peligros. "Cuando no se tiene la posibilidad de proteger a la población, el Estado está fracasando (...) Y si los funcionarios no dan resultados que se vayan".
En ello concuerda Gerardo de la Cruz Tovar, quien menciona que no es una corresponsabilidad de los ciudadanos el que se eviten los delitos. "Debemos tomar unas medidas de prevención pero no nos toca protegernos, le toca a la autoridad, no puede deslindarse de la obligación".
Uno de sus familiares platica que antes de llegar al comercio tres muchachos de alrededor de 18 años exigieron a María que les diera su celular, ella hablaba con su mamá. "¡Qué!", les dijo, "no se los voy a dar". Después de esto uno de los asaltantes sacó una pistola y le dio un golpe en la cabeza, esto provocó que se disparara, minutos después María falleció.
Esto ocurrió hace apenas tres meses, y hasta ahora no se sabe qué sucedió con los tres asaltantes.
Jacqueline Hernández también perdió su celular tras un asalto a mano armada, pero sólo eso; de hecho le han robado tres dispositivos, en una sola semana le quitaron dos. "En el camión me lo sacaron de la mochila sin que me diera cuenta, en la escuela lo dejé en la banca fui al baño y cuando regresé ya no estaba, y el tercero con pistola".
Narra que en el último hecho, el asaltante llegó pidiendo dinero para que se pudiera comprar drogas. Jacqueline le dio cinco pesos que no le gustaron al asaltante y sacó una pistola, "me quitó mi celular y un anillo de oro. Me enojé, y pues se los di, no iba a averiguar si la pistola era de verdad".
Otro testimonio lo aporta Lucía Castillo. Salió a cenar a un restaurante cerca de avenida Chapultepec, dejó su bolsa en el asiento trasero de su auto. Media hora después, al regresar, uno de los vidrios del carro estaba roto, la bolsa ya no estaba y dentro tenía su celular.
"Me enojé mucho. Le pedí a un amigo que cambiara las contraseñas de todas mis cuentas abiertas en el celular. Al día siguiente cancelé la línea y bloquearon el aparato para no poder acceder a ninguna aplicación".
Lucía no creía que esa zona fuera insegura, además de que encargaron el auto a un "viene, viene". "No denuncié, la verdad ni se me ocurrió, como fue un cristalazo no lo creí necesario, y claro, no recuperé el celular".
Ahora, mantiene su dispositivo móvil escondido cada vez que sale a algún lugar público "no vaya a ser", dice.
Guadalajara, tercera ciudad con mayor cantidad de celulares en México
Guadalajara tiene los índices más altos de suscripciones a teléfonos móviles, sólo detrás de Querétaro y Cuernavaca. En la capital de Jalisco se tienen 110.5 suscripciones a celulares por cada 100 habitantes, en Querétaro 112.6, y en Cuernavaca 173.8; los datos datan de 2012.
En comparación, el Distrito Federal tiene un índice de 108 suscripciones, Monterrey 100.5, y Puebla 81.6, con base en el mismo rango de 100 habitantes.
Autoridades actúan descoordinadas contra ''motoladrones''
"Cada quien trabaja por su lado" y no atacan el problema de fondo para inhibir los delitos cometidos por "motoladrones", dice el doctor, especialista en seguridad y derechos humanos de la Universidad de Guadalajara, Dante Haro Reyes.
Explica que las corporaciones policiacas municipales, en conjunto con la Fiscalía General del Estado, deben ser corresponsables y entre ellas distribuir las tareas para combatir este tipo de delincuencia. "Hay que ver las rutas (...) Y hacer las adecuaciones para que la policía vial intervenga en la parte de infraccionar a motociclistas".
Expone que las autoridades quieren demostrar que los "motoladrones" son solitarios pero no es así, ya que desde el dueño de las motos, la parte operativa los grupos, el modo de actuar de los ladrones deben atenderse desde instancias de inteligencia.
Haro Reyes propone llevar a cabo acciones de fondo como registrar de manera estricta la venta de vehículos para que los compradores otorguen sus datos y sean ubicados. "Por ejemplo, en Alemania no puede darse (una moto) sin que le comprador dé sus datos (...) Aquí las motos circulan sin placas y son aprovechadas para cometer esos delitos".
Agrega que el déficit de policías, la inestabilidad, desorganización y falta de capacitación interna abona a que no se resuelva el problema de fondo. "No hay profesionalización, los controles de confianza no son buenos, y los salarios son bajos. Se está pidiendo que los elementos de seguridad busquen a ladrones arriesgando la vida con pocos elementos, y cuando ellos no tienen incentivos. Es un círculo vicioso".
La desarticulación de la seguridad a nivel estatal y municipal, y las direcciones de inteligencia de la Fiscalía provocan que la ciudad sea un campo de cultivo para los criminales, indica el investigador.
Por su parte Gerardo de la Cruz Tovar, investigador de la Universidad Panamericana, refiere que debe profundizarse en el problema y distinguir a los "motoladrones" de los "conejeros", los cuales son generalizados por los ayuntamientos. Los primeros se dedican a arrebatar bienes a una persona y actúan en pares, y los segundos son más organizados, operan en grupos de hasta cinco; intervienen personas a pie, y otros en vehículos.
De la Cruz Tovar promueve la creación de mapas criminógenos que no sólo indiquen dónde operan los delincuentes, sino que se documente su origen, de dónde provienen; sin embargo, dice que "los policías preventivos no lo están haciendo así, y son reactivos ante el escándalo que se produjo".
Expone que los operativos actuales "de reacción" son temporales y no producen los frutos de solución que se esperan. "Estamos viendo una reacción del Estado disfrazada de calma, y no se trata de eso, sino de tener programas estructurados".
Invita a copiar el modelo colombiano de regulación de motocicletas, en el que es una obligación para los conductores portar un chaleco que identifique las placas del automotor, además de la prohibición de circulación de varias personas en una misma moto.
"Habría que llevar trabajo en el ámbito legislativo para regular estos vehículos y tener un padrón completo de los propietarios".
Autoridades omiten su responsabilidad y la delegan a ciudadanos
"Me da tristeza el debate", dice el doctor Dante Haro Reyes sobre la petición de las autoridades hacia los ciudadanos para que prevengan delitos; "los políticos quieren que la gente haga el trabajo, pero no tienen la preparación".
Añade que el Estado quiere que se rompa todo el esquema de tranquilidad del ciudadano cuando es una obligación de éste dar esa certeza de seguridad contra daños o peligros. "Cuando no se tiene la posibilidad de proteger a la población, el Estado está fracasando (...) Y si los funcionarios no dan resultados que se vayan".
En ello concuerda Gerardo de la Cruz Tovar, quien menciona que no es una corresponsabilidad de los ciudadanos el que se eviten los delitos. "Debemos tomar unas medidas de prevención pero no nos toca protegernos, le toca a la autoridad, no puede deslindarse de la obligación".