Jalisco
Ayuntamiento tapatío debe pagar 187 MDP a ejidatario: Tribunal
El Tribunal Unitario Agrario finalmente emitió una sentencia en la que ordena al municipio a que pague por las tierras del ejidatario Candelario Hernández Martínez
GUADALAJARA, JALISCO.- El Ayuntamiento tapatío tendría que pagar alrededor de 187 millones de pesos por casi cinco hectáreas del Panteón Guadalajara, ya que el Tribunal Unitario Agrario finalmente emitió una sentencia definitiva, en la que ordena al municipio a que pague por las tierras del ejidatario Candelario Hernández Martínez.
En el cuerpo de la sentencia, de la cual EL INFORMADOR tiene una copia, se establece que el monto de la indemnización tendrá que ser fijado por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin). También se condena al Ayuntamiento de Guadalajara para que sea éste, el que solicite el avalúo de la superficie en conflicto.
Aunque el Indaabin será el que determine la cantidad que el municipio deberá pagar por las tierras, el 14 de diciembre de 2006 el pleno del Ayuntamiento aprobó elevar una solicitud al Ejecutivo estatal para que declarara la utilidad pública de la parcela y se comenzaran los trámites de la expropiación.
Lo anterior significa que el Ayuntamiento tapatío tácitamente había aceptado pagar al ejidatario, toda vez que la Ley Agraria establece que todas las expropiaciones deberán tramitarse ante la Secretaría de la Reforma Agraria mediante una indemnización.
En aquella fecha, el Ayuntamiento de Guadalajara había considerado indemnizar al ejidatario por la cantidad de 187 millones de pesos, pero debido a la fuerte erogación se optó por rechazar cualquier negociación con el ejidatario, agotar el juicio agrario y solicitar la expropiación de las tierras para que la indemnización se programara en el presupuesto de egresos del año correspondiente.
“Vemos conveniente no presentar propuesta de negociación, toda vez que no existe dinero disponible para ese rubro, pues tiene que preverse en el presupuesto de egresos del ejercicio correspondiente, por lo que es procedente continuar con el juicio agrario hasta su conclusión, para negociar con base en la sentencia dictada, puesto que la parte actora pidió como indemnización 187 millones de pesos”, señala el dictamen avalado por el pleno.
En esta última sentencia, en la que se condena al Ayuntamiento para que pague por las tierras en donde se ubica el Panteón Guadalajara, el Tribunal Unitario Agrario consideró que el municipio debe seguir manteniendo la posesión de las tierras, ya que la superficie en conflicto tiene un uso público que beneficia a la ciudadanía, por lo que no debe anteponerse el interés particular sobre el interés general.
Sin embargo, al conservar la posesión de la parcela, el Ayuntamiento está obligado a indemnizar al propietario, ya que lo despojó indebidamente de su tierra. La sentencia también marca que la cantidad a pagar deberá ser la que tenía la parcela en el momento en el que el municipio la invadió (1985), pero el costo de las tierras tendrá que actualizarse hasta la fecha en la que el Ayuntamiento indemnice al ejidatario, conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor.
Finalmente, la sentencia dictada por el Tribunal Unitario Agrario, debe ejecutarse de inmediato sin que sea requisito previo que transcurran los plazos para promover el juicio de amparo.
“No queda incluido como uno de esos requisitos, que hayan transcurrido los plazos que la Ley de Amparo establece para la procedencia del juicio de garantías, pues dicho juicio no corresponde a la naturaleza de un recurso ordinario establecido en la citada ley (Agraria), sino un recurso extraordinario de defensa cuyo objetivo es analizar la constitucionalidad y legalidad del fallo natural”.
Debemos negociar: regidor
Ante el revés jurídico que representa esta sentencia condenatoria para el Ayuntamiento de Guadalajara, el presidente de la Comisión Edilicia de Panteones, Pablo Vázquez Ramírez, señaló que lo “más sano” para el municipio es negociar con el ejidatario para reducir la afectación que sufriría el erario al realizar la indemnización.
“Lo más viable y lo más sano sería sentarse a platicar y convenir con el señor Candelario Hernández, porque si nos esperábamos a la sentencia definitiva, iba a ser ésta (pagarle), entonces el señor (ejidatario) ya nos ganó por todos los medios que él tenía para demostrar que es el dueño de esas tierras. Tan así que ya lo demostró, que ahora la resolución que dicta el Tribunal es donde ya está ordenando al Ayuntamiento para que pague al señor Candelario Hernández el monto que establezca el Indaabin”.
El edil explicó que al inicio de la presente administración, el avalúo del terreno en disputa, en el que también participó el Ayuntamiento, alcanzaba los 187 millones de pesos, por lo que el valor actual de la parcela debe estar por encima de este monto.
— ¿Este nuevo avalúo podría establecer un monto más elevado para el terreno?
— Obvio. Si el avalúo que se hizo al principio de la administración, que fue en 2007, establecía 187 millones de pesos, ahora ya han pasado prácticamente tres años.
Vázquez Ramírez criticó la actuación jurídica que han tenido la actual y pasadas administraciones, pues aseguró que únicamente se han utilizado técnicas dilatorias para retrasar el pago sin resolver el asunto de fondo.
Dijo que de llevarse a cabo una negociación con el ejidatario, el Ayuntamiento podría realizar la indemnización en plazos, dejando asentado en un acuerdo el monto anual que se le tendría que pagar.
Buscarán ampararse
Consultado por EL INFORMADOR sobre este tema, el director jurídico tapatío, José de Jesús Hidalgo Sánchez, adelantó que buscarán ampararse contra la resolución emitida por el Tribunal Unitario Agrario.
“Todavía tenemos una serie de recursos que el Ayuntamiento ejercerá. Estamos en los términos legales para irnos al juicio de amparo y pedir la revocación de esa sentencia. Es un hecho que nos vamos al juicio de amparo”.
Contrario a lo que propuso el regidor panista Pablo Vázquez Ramírez, el director jurídico señaló que bajo ninguna circunstancia negociarán con el ejidatario, ya que primero agotarán todos los recursos legales que estén a su alcance.
“En ningún escenario vamos a negociar con él, esto lo definirá un Tribunal bajo los criterios firmes que ya existen. En este caso vamos a esperar a que se resuelva el amparo y seguramente si la sentencia no nos favorece, vamos a irnos a la revisión del amparo”.
Aseguró que el municipio únicamente estaría en la disposición de pagar entre 15 y 20 millones de pesos, porque esta cifra corresponde al avalúo que el propio municipio realizó del terreno en cuestión.
Dijo que la cifra que pide el ejidatario es “exorbitante y desproporcionada” porque en otros juicios agrarios, el municipio nunca ha pagado una cifra similar.
Hidalgo Sánchez señaló que el costo del metro cuadrado de la parcela no puede fijarse con un valor comercial, ya que se tiene que considerar la naturaleza de las tierras en el momento de la invasión.
Sin embargo, como la administración pasada solicitó la expropiación de las tierras en disputa, la Ley Agraria en su artículo 94 establece que el monto de la indemnización será determinado por la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, atendiendo el valor comercial de los bienes expropiados.
Cronología
En 1985 el Ayuntamiento tapatío comienza la ampliación del Panteón Guadalajara en terrenos aledaños.
En 1990 sostiene pláticas, acercamientos, tratos convenios y juicios agrarios, respecto a las casi cinco hectáreas propiedad del Ejido San Pedro Tlaquepaque, donde se realizó la ampliación del panteón.
En 1988 el comisariado ejidal de San Pedro Tlaquepaque, hace constar que Macario Hernández Fajardo es el titular de los derechos agrarios de la parcela invadida.
En 1990 el Ayuntamiento de Guadalajara celebra un convenio con Eleuterio Hernández Fajardo (quien se hace pasar por el titular de los derechos parcelarios), en el que se compromete a respetar la franja del terreno que le restaba después de la invasión.
En 1991 la Comisión para la Regularización de Tierras (Corett) dona una superficie de aproximadamente 15 hectáreas al Ayuntamiento tapatío para calles, pero no están incluidas las hectáreas referentes a la ampliación del panteón.
En 1993 se celebra otro convenio entre las mismas partes asentándose de nuevo que Eleuterio Hernández Fajardo respetaría los lineamientos establecidos por Obras Públicas.
En 1997 se instaura el primer litigio agrario entre el supuesto titular de los derechos parcelarios y el Ayuntamiento de Guadalajara.
En 1999 da comienzo el segundo litigio agrario promovido por Candelario Hernández Martínez, hijo de Macario Hernández Fajardo, para que se le restituyan sus tierras y se la pague por daños y perjuicios.
En 2004, Candelario Hernández Martínez nuevamente acuda al Tribunal Unitario Agrario para demandar la desocupación de sus tierras y el pago por daños y perjuicios que le ocasionó el Ayuntamiento al invadir su parcela.
En mayo de 2009, el Tribunal Unitario Agrario falla a favor de Candelario Hernández Martínez y exige al Ayuntamiento que lo indemnice por la invasión que realizó en la parcela del ejidatario para ampliar el Panteón Guadalajara.
Mientras el regidor Pablo Vázquez Ramírez pide negociar con el particular, el director jurídico de Guadalajara afirma que recurrirán al amparo
El Tribunal Unitario Agrario ordena al municipio pagar 187 millones de pesos a Candelario Hernández Martínez, por casi cinco hectáreas del Panteón Guadalajara.
En el cuerpo de la sentencia, de la cual EL INFORMADOR tiene una copia, se establece que el monto de la indemnización tendrá que ser fijado por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin). También se condena al Ayuntamiento de Guadalajara para que sea éste, el que solicite el avalúo de la superficie en conflicto.
Aunque el Indaabin será el que determine la cantidad que el municipio deberá pagar por las tierras, el 14 de diciembre de 2006 el pleno del Ayuntamiento aprobó elevar una solicitud al Ejecutivo estatal para que declarara la utilidad pública de la parcela y se comenzaran los trámites de la expropiación.
Lo anterior significa que el Ayuntamiento tapatío tácitamente había aceptado pagar al ejidatario, toda vez que la Ley Agraria establece que todas las expropiaciones deberán tramitarse ante la Secretaría de la Reforma Agraria mediante una indemnización.
En aquella fecha, el Ayuntamiento de Guadalajara había considerado indemnizar al ejidatario por la cantidad de 187 millones de pesos, pero debido a la fuerte erogación se optó por rechazar cualquier negociación con el ejidatario, agotar el juicio agrario y solicitar la expropiación de las tierras para que la indemnización se programara en el presupuesto de egresos del año correspondiente.
“Vemos conveniente no presentar propuesta de negociación, toda vez que no existe dinero disponible para ese rubro, pues tiene que preverse en el presupuesto de egresos del ejercicio correspondiente, por lo que es procedente continuar con el juicio agrario hasta su conclusión, para negociar con base en la sentencia dictada, puesto que la parte actora pidió como indemnización 187 millones de pesos”, señala el dictamen avalado por el pleno.
En esta última sentencia, en la que se condena al Ayuntamiento para que pague por las tierras en donde se ubica el Panteón Guadalajara, el Tribunal Unitario Agrario consideró que el municipio debe seguir manteniendo la posesión de las tierras, ya que la superficie en conflicto tiene un uso público que beneficia a la ciudadanía, por lo que no debe anteponerse el interés particular sobre el interés general.
Sin embargo, al conservar la posesión de la parcela, el Ayuntamiento está obligado a indemnizar al propietario, ya que lo despojó indebidamente de su tierra. La sentencia también marca que la cantidad a pagar deberá ser la que tenía la parcela en el momento en el que el municipio la invadió (1985), pero el costo de las tierras tendrá que actualizarse hasta la fecha en la que el Ayuntamiento indemnice al ejidatario, conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor.
Finalmente, la sentencia dictada por el Tribunal Unitario Agrario, debe ejecutarse de inmediato sin que sea requisito previo que transcurran los plazos para promover el juicio de amparo.
“No queda incluido como uno de esos requisitos, que hayan transcurrido los plazos que la Ley de Amparo establece para la procedencia del juicio de garantías, pues dicho juicio no corresponde a la naturaleza de un recurso ordinario establecido en la citada ley (Agraria), sino un recurso extraordinario de defensa cuyo objetivo es analizar la constitucionalidad y legalidad del fallo natural”.
Debemos negociar: regidor
Ante el revés jurídico que representa esta sentencia condenatoria para el Ayuntamiento de Guadalajara, el presidente de la Comisión Edilicia de Panteones, Pablo Vázquez Ramírez, señaló que lo “más sano” para el municipio es negociar con el ejidatario para reducir la afectación que sufriría el erario al realizar la indemnización.
“Lo más viable y lo más sano sería sentarse a platicar y convenir con el señor Candelario Hernández, porque si nos esperábamos a la sentencia definitiva, iba a ser ésta (pagarle), entonces el señor (ejidatario) ya nos ganó por todos los medios que él tenía para demostrar que es el dueño de esas tierras. Tan así que ya lo demostró, que ahora la resolución que dicta el Tribunal es donde ya está ordenando al Ayuntamiento para que pague al señor Candelario Hernández el monto que establezca el Indaabin”.
El edil explicó que al inicio de la presente administración, el avalúo del terreno en disputa, en el que también participó el Ayuntamiento, alcanzaba los 187 millones de pesos, por lo que el valor actual de la parcela debe estar por encima de este monto.
— ¿Este nuevo avalúo podría establecer un monto más elevado para el terreno?
— Obvio. Si el avalúo que se hizo al principio de la administración, que fue en 2007, establecía 187 millones de pesos, ahora ya han pasado prácticamente tres años.
Vázquez Ramírez criticó la actuación jurídica que han tenido la actual y pasadas administraciones, pues aseguró que únicamente se han utilizado técnicas dilatorias para retrasar el pago sin resolver el asunto de fondo.
Dijo que de llevarse a cabo una negociación con el ejidatario, el Ayuntamiento podría realizar la indemnización en plazos, dejando asentado en un acuerdo el monto anual que se le tendría que pagar.
Buscarán ampararse
Consultado por EL INFORMADOR sobre este tema, el director jurídico tapatío, José de Jesús Hidalgo Sánchez, adelantó que buscarán ampararse contra la resolución emitida por el Tribunal Unitario Agrario.
“Todavía tenemos una serie de recursos que el Ayuntamiento ejercerá. Estamos en los términos legales para irnos al juicio de amparo y pedir la revocación de esa sentencia. Es un hecho que nos vamos al juicio de amparo”.
Contrario a lo que propuso el regidor panista Pablo Vázquez Ramírez, el director jurídico señaló que bajo ninguna circunstancia negociarán con el ejidatario, ya que primero agotarán todos los recursos legales que estén a su alcance.
“En ningún escenario vamos a negociar con él, esto lo definirá un Tribunal bajo los criterios firmes que ya existen. En este caso vamos a esperar a que se resuelva el amparo y seguramente si la sentencia no nos favorece, vamos a irnos a la revisión del amparo”.
Aseguró que el municipio únicamente estaría en la disposición de pagar entre 15 y 20 millones de pesos, porque esta cifra corresponde al avalúo que el propio municipio realizó del terreno en cuestión.
Dijo que la cifra que pide el ejidatario es “exorbitante y desproporcionada” porque en otros juicios agrarios, el municipio nunca ha pagado una cifra similar.
Hidalgo Sánchez señaló que el costo del metro cuadrado de la parcela no puede fijarse con un valor comercial, ya que se tiene que considerar la naturaleza de las tierras en el momento de la invasión.
Sin embargo, como la administración pasada solicitó la expropiación de las tierras en disputa, la Ley Agraria en su artículo 94 establece que el monto de la indemnización será determinado por la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, atendiendo el valor comercial de los bienes expropiados.
Cronología
En 1985 el Ayuntamiento tapatío comienza la ampliación del Panteón Guadalajara en terrenos aledaños.
En 1990 sostiene pláticas, acercamientos, tratos convenios y juicios agrarios, respecto a las casi cinco hectáreas propiedad del Ejido San Pedro Tlaquepaque, donde se realizó la ampliación del panteón.
En 1988 el comisariado ejidal de San Pedro Tlaquepaque, hace constar que Macario Hernández Fajardo es el titular de los derechos agrarios de la parcela invadida.
En 1990 el Ayuntamiento de Guadalajara celebra un convenio con Eleuterio Hernández Fajardo (quien se hace pasar por el titular de los derechos parcelarios), en el que se compromete a respetar la franja del terreno que le restaba después de la invasión.
En 1991 la Comisión para la Regularización de Tierras (Corett) dona una superficie de aproximadamente 15 hectáreas al Ayuntamiento tapatío para calles, pero no están incluidas las hectáreas referentes a la ampliación del panteón.
En 1993 se celebra otro convenio entre las mismas partes asentándose de nuevo que Eleuterio Hernández Fajardo respetaría los lineamientos establecidos por Obras Públicas.
En 1997 se instaura el primer litigio agrario entre el supuesto titular de los derechos parcelarios y el Ayuntamiento de Guadalajara.
En 1999 da comienzo el segundo litigio agrario promovido por Candelario Hernández Martínez, hijo de Macario Hernández Fajardo, para que se le restituyan sus tierras y se la pague por daños y perjuicios.
En 2004, Candelario Hernández Martínez nuevamente acuda al Tribunal Unitario Agrario para demandar la desocupación de sus tierras y el pago por daños y perjuicios que le ocasionó el Ayuntamiento al invadir su parcela.
En mayo de 2009, el Tribunal Unitario Agrario falla a favor de Candelario Hernández Martínez y exige al Ayuntamiento que lo indemnice por la invasión que realizó en la parcela del ejidatario para ampliar el Panteón Guadalajara.
Mientras el regidor Pablo Vázquez Ramírez pide negociar con el particular, el director jurídico de Guadalajara afirma que recurrirán al amparo
El Tribunal Unitario Agrario ordena al municipio pagar 187 millones de pesos a Candelario Hernández Martínez, por casi cinco hectáreas del Panteón Guadalajara.