Jalisco
Aprueban dictamen para reestructurar la deuda tapatía
Hay dos alternativas: renegociar las condiciones del crédito actual de mil 595 millones de pesos, u obtener uno nuevo
GUADALAJARA, JALISCO (22/JUN/2010).- La Comisión de Hacienda Pública de Guadalajara aprobó finalmente el dictamen que faculta al tesorero municipal, Hugo Alberto Michel Uribe, para negociar con los representantes bancarios y elegir a la institución financiera que mejores condiciones le ofrezca al
Ayuntamiento tapatío al reestructurar su deuda por mil 595 millones de pesos.
El tesorero podrá decidir, en representación del Ayuntamiento, entre dos alternativas: renegociar el crédito actual que tiene con BBVA Bancomer para obtener una tasa de interés más baja, o contratar una nueva deuda por el mismo monto con un banco distinto para pagar la anterior y obtener de esta forma mejores condiciones de pago.
Debido a que el dictamen sólo condiciona la negociación del crédito con la obtención de una mejor tasa —sin precisarla— y con un plan de pagos que “beneficie al municipio”, la fracción del PAN se inconformó por la discrecionalidad que se le otorgó al tesorero para efectuar estas operaciones financieras.
“No se respetó ningún procedimiento, se está dando un cheque en blanco. No hay un tope que fije cuánto puede gastar el tesorero y el presidente municipal en la colocación de la deuda. No hay un tope para el prepago, no seÊ explica cómo se va a negociar este dinero de todos los tapatíos”, dijo el coordinador panista, Jorge Salinas Osornio.
El dictamen fue aprobado con los votos de los priistas Mario Martín Gutiérrez Treviño, Gloria Judith Rojas Maldonado, Javier Galván Guerrero y el síndico Héctor Pizano Ramos. Salinas Osornio no asistió, según dijo, para no “legitimar” el acto, y expresó que ya preparan acciones legales contra el dictamen.
En la sesión de la Comisión no se resolvieron incógnitas como el monto de la penalidad por el prepago de la deuda que podría imponer BBVA Bancomer al Ayuntamiento, o si esta sanción es realmente aplicable de acuerdo con el marco legal.
Se espera que una vez que el tesorero esté facultado para comenzar las negociaciones con los bancos, entonces la autoridad municipal podrá conocer con precisión si existe o no un contrato derivado en el que pudiera estar establecida dicha penalidad.
El síndico Pizano Ramos señaló que estudiarán la respuesta del banco, pues la penalidad, de existir, podría controvertirse ante una instancia judicial en caso de que no estuviera debidamente fundamentada.
El presidente municipal, Aristóteles Sandoval Díaz, insistió en que la intención de su Gobierno es obtener un ahorro en el pago de intereses, los cuales se han calculado con anterioridad entre 130 y 180 millones de pesos. De no haber ninguna alternativa que ofrezca estos ahorros, dijo, no se concretaría ningún cambio con el crédito actual.
El dictamen será probablemente estudiado por el pleno en la próxima sesión del 24 de junio.
El tesorero podrá decidir, en representación del Ayuntamiento, entre dos alternativas: renegociar el crédito actual que tiene con BBVA Bancomer para obtener una tasa de interés más baja, o contratar una nueva deuda por el mismo monto con un banco distinto para pagar la anterior y obtener de esta forma mejores condiciones de pago.
Debido a que el dictamen sólo condiciona la negociación del crédito con la obtención de una mejor tasa —sin precisarla— y con un plan de pagos que “beneficie al municipio”, la fracción del PAN se inconformó por la discrecionalidad que se le otorgó al tesorero para efectuar estas operaciones financieras.
“No se respetó ningún procedimiento, se está dando un cheque en blanco. No hay un tope que fije cuánto puede gastar el tesorero y el presidente municipal en la colocación de la deuda. No hay un tope para el prepago, no seÊ explica cómo se va a negociar este dinero de todos los tapatíos”, dijo el coordinador panista, Jorge Salinas Osornio.
El dictamen fue aprobado con los votos de los priistas Mario Martín Gutiérrez Treviño, Gloria Judith Rojas Maldonado, Javier Galván Guerrero y el síndico Héctor Pizano Ramos. Salinas Osornio no asistió, según dijo, para no “legitimar” el acto, y expresó que ya preparan acciones legales contra el dictamen.
En la sesión de la Comisión no se resolvieron incógnitas como el monto de la penalidad por el prepago de la deuda que podría imponer BBVA Bancomer al Ayuntamiento, o si esta sanción es realmente aplicable de acuerdo con el marco legal.
Se espera que una vez que el tesorero esté facultado para comenzar las negociaciones con los bancos, entonces la autoridad municipal podrá conocer con precisión si existe o no un contrato derivado en el que pudiera estar establecida dicha penalidad.
El síndico Pizano Ramos señaló que estudiarán la respuesta del banco, pues la penalidad, de existir, podría controvertirse ante una instancia judicial en caso de que no estuviera debidamente fundamentada.
El presidente municipal, Aristóteles Sandoval Díaz, insistió en que la intención de su Gobierno es obtener un ahorro en el pago de intereses, los cuales se han calculado con anterioridad entre 130 y 180 millones de pesos. De no haber ninguna alternativa que ofrezca estos ahorros, dijo, no se concretaría ningún cambio con el crédito actual.
El dictamen será probablemente estudiado por el pleno en la próxima sesión del 24 de junio.