Internacional
Repuntan deportaciones en EU
El Gobierno da prioridad a la repatriación de criminales extranjeros, debido a que representan una amenaza para la seguridad pública
WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (07/OCT/2010).- En su año fiscal 2010, el Gobierno de Estados Unidos incluyó a un mayor número de candidatos a ser deportados por las autoridades de inmigración, particularmente personas con antecedentes penales.
De acuerdo con el Departamento de Seguridad Interna (DHS, en inglés), más de 195 mil criminales convictos fueron devueltos a sus países de origen, de un total de 392 mil 863 personas.
La crisis ayudó. La falta de recursos de los gobiernos estatales para mantener a infractores en los penales, ha obligado a las administraciones, de California por ejemplo, a flexibilizar las condenas de los reclusos, al grado de acortar las sentencias por delitos menores.
Con sus cifras, la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Janet Napolitano, asegura que en los últimos 20 meses, el Gobierno se ha enfocado en medidas “sensatas” que han dado resultados históricos.
Las palabras de Napolitano hacen eco una revelación del diario “The New York Times”, en julio de este año, donde denunciaba las “redadas silenciosas” del actual Gobierno estadounidense.
Según el rotativo, en el último año las autoridades de migración han examinado los documentos presentados por los trabajadores cuando solicitaron empleo en unas dos mil 900 empresas, a las que impusieron multas por unos tres millones de dólares.
Los patrones ahora llaman a esas auditorías “redadas silentes” que obligan a despedir personal, imponen multas y dificultan recontratar a inmigrantes.
Aunque las “redadas silenciosas” por lo general no terminan en deportaciones inmediatas, los indocumentados quedan desempleados y con dificultades para encontrar un nuevo empleo. Esta presión obliga a las personas a formar parte de las cifras de deportación voluntaria que Gobierno respalda.
El DHS informó también la expansión del programa de Comunidades Seguras, que usa información y servicios biométricos para identificar y deportar a criminales extranjeros en prisiones estatales y cárceles locales.
La cifra aumentó de 14 jurisdicciones en 2008, a más de 660 en la actualidad, incluidas todas las jurisdicciones a lo largo de la frontera sudoeste. El DHS indicó que está en vías de expandir este programa a todas las jurisdicciones policiales en el país para el año 2013.
Tan sólo este año, Comunidades Seguras ha resultado en el arresto de más de 59 mil criminales extranjeros condenados, incluidos más de 21 mil declarados culpables de crímenes violentos como asesinato, violación y abuso sexual de menores.
De acuerdo con el Departamento de Seguridad Interna (DHS, en inglés), más de 195 mil criminales convictos fueron devueltos a sus países de origen, de un total de 392 mil 863 personas.
La crisis ayudó. La falta de recursos de los gobiernos estatales para mantener a infractores en los penales, ha obligado a las administraciones, de California por ejemplo, a flexibilizar las condenas de los reclusos, al grado de acortar las sentencias por delitos menores.
Con sus cifras, la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Janet Napolitano, asegura que en los últimos 20 meses, el Gobierno se ha enfocado en medidas “sensatas” que han dado resultados históricos.
Las palabras de Napolitano hacen eco una revelación del diario “The New York Times”, en julio de este año, donde denunciaba las “redadas silenciosas” del actual Gobierno estadounidense.
Según el rotativo, en el último año las autoridades de migración han examinado los documentos presentados por los trabajadores cuando solicitaron empleo en unas dos mil 900 empresas, a las que impusieron multas por unos tres millones de dólares.
Los patrones ahora llaman a esas auditorías “redadas silentes” que obligan a despedir personal, imponen multas y dificultan recontratar a inmigrantes.
Aunque las “redadas silenciosas” por lo general no terminan en deportaciones inmediatas, los indocumentados quedan desempleados y con dificultades para encontrar un nuevo empleo. Esta presión obliga a las personas a formar parte de las cifras de deportación voluntaria que Gobierno respalda.
El DHS informó también la expansión del programa de Comunidades Seguras, que usa información y servicios biométricos para identificar y deportar a criminales extranjeros en prisiones estatales y cárceles locales.
La cifra aumentó de 14 jurisdicciones en 2008, a más de 660 en la actualidad, incluidas todas las jurisdicciones a lo largo de la frontera sudoeste. El DHS indicó que está en vías de expandir este programa a todas las jurisdicciones policiales en el país para el año 2013.
Tan sólo este año, Comunidades Seguras ha resultado en el arresto de más de 59 mil criminales extranjeros condenados, incluidos más de 21 mil declarados culpables de crímenes violentos como asesinato, violación y abuso sexual de menores.