Internacional
Quedan libres 13 jóvenes acusados de terrorismo en Chile
Obligan a la Fiscalía a pagar los costos del juicio de los imputados por supuesta asociación ilícita
SANTIAGO DE CHILE (05/OCT/2011).- Un grupo de 13 jóvenes acusados por el Gobierno y por un fiscal de crear una asociación ilícita terrorista para colocar bombas fueron sobreseídos por falta de pruebas, en una audiencia pública, luego de permanecer ocho meses en una cárcel de máxima seguridad y sostener una huelga de hambre por 65 días.
La Fiscalía que llevó el caso fue condenada por el juzgado de garantía a pagar los costos del juicio, es decir, los gastos en que incurrieron los acusados en su defensa.
Sin embargo, cuatro de los sobreseídos de integrar la asociación ilícita serán juzgados a partir del 28 de noviembre por la colocación de 29 bombas y dos más de ser financistas del grupo que detonó los artefactos.
El abogado Mauricio Daza, defensor de uno de los inculpados, explicó que las seis personas que serán procesadas lo serán bajo la severa y criticada Ley Antiterrorista, heredada por el régimen militar (1973-1990), que endurece las penas en varios grados, permite utilizar testigos secretos y largos periodos de detención preventiva.
Sin embargo, como el grupo ya permaneció más de ocho meses detenidos en una prisión de máxima seguridad, quedaron en libertad provisional hasta el juicio.
Uno de las personas que será enjuiciada es el antropólogo Francisco Solar, quien en entrevista aseguró que él fue acusado por el antisistémico, “okupa”, Gustavo Fuentes Aliaga, de haber colocado dos de las bombas.
Añadió que el sujeto luego se desdijo de la acusación porque al momento de formular su declaración a la Policía estaba ebrio, pero no fue tomada en cuenta su retractación.
Daza dijo no tener dudas de que Solar quedará libre de cualquier cargo.
El subsecretario del interior, Rodrigo Ubilla, no consideró un fracaso del Gobierno el que 13 de las 14 personas acusadas hayan sido sobreseídas del cargo de asociación ilícita terrorista, impulsado por el Ministerio del Interior.
“Nosotros no nos vamos a inhibir de cumplir nuestro rol. Estaban los antecedentes, los pusimos a disposición de las instancias pertinentes, y si ellos estimaron que no se configuraba el delito, es una situación que nosotros no manejamos”.
Entre los sobreseídos figuran dos ex guerrilleros que combatieron con las armas a la dictadura militar del general Augusto Pinochet, 1973-1990, para los cuales el fiscal del llamado “caso bombas” había pedido presidio perpetuo porque los acusó de ser los líderes de la supuesta asociación terrorista.
Otro acusado, Cristián Cancino, será procesado en un juicio individual por asociación ilícita y tres
La causa investiga la colocación entre el 2006 y el 2010 de más de 120 artefactos de ruido “bombas de escaso poder explosivo, pero que emiten un nivel de ruido capaz de hace estallar ventanas” que detonaron en sedes bancarias, entidades fiscales y privadas. Sólo murió una persona, un joven que portaba una bomba en su mochila.
Los abogados de algunos de ellos anunciaron que demandarán al Estado por el daño causado a sus clientes.
El caso lo llevó inicialmente el mediático fiscal Alejandro Peña, quien aportó seis mil 774 pruebas contra los jóvenes y un listado de 794 testigos y otro de dos centenares de peritos. La misma causa fue llevada durante cinco años por otro fiscal que no consideró que la evidencia reunida en cinco años fuera sólida como para enjuiciar a alguien.
Luego que el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, se quejara de la “lentitud” en la investigación, el persecutor Xavier Armendáriz fue reemplazado por Peña, a quien le bastaron dos meses para detener y encausar a 14 personas.
La Fiscalía que llevó el caso fue condenada por el juzgado de garantía a pagar los costos del juicio, es decir, los gastos en que incurrieron los acusados en su defensa.
Sin embargo, cuatro de los sobreseídos de integrar la asociación ilícita serán juzgados a partir del 28 de noviembre por la colocación de 29 bombas y dos más de ser financistas del grupo que detonó los artefactos.
El abogado Mauricio Daza, defensor de uno de los inculpados, explicó que las seis personas que serán procesadas lo serán bajo la severa y criticada Ley Antiterrorista, heredada por el régimen militar (1973-1990), que endurece las penas en varios grados, permite utilizar testigos secretos y largos periodos de detención preventiva.
Sin embargo, como el grupo ya permaneció más de ocho meses detenidos en una prisión de máxima seguridad, quedaron en libertad provisional hasta el juicio.
Uno de las personas que será enjuiciada es el antropólogo Francisco Solar, quien en entrevista aseguró que él fue acusado por el antisistémico, “okupa”, Gustavo Fuentes Aliaga, de haber colocado dos de las bombas.
Añadió que el sujeto luego se desdijo de la acusación porque al momento de formular su declaración a la Policía estaba ebrio, pero no fue tomada en cuenta su retractación.
Daza dijo no tener dudas de que Solar quedará libre de cualquier cargo.
El subsecretario del interior, Rodrigo Ubilla, no consideró un fracaso del Gobierno el que 13 de las 14 personas acusadas hayan sido sobreseídas del cargo de asociación ilícita terrorista, impulsado por el Ministerio del Interior.
“Nosotros no nos vamos a inhibir de cumplir nuestro rol. Estaban los antecedentes, los pusimos a disposición de las instancias pertinentes, y si ellos estimaron que no se configuraba el delito, es una situación que nosotros no manejamos”.
Entre los sobreseídos figuran dos ex guerrilleros que combatieron con las armas a la dictadura militar del general Augusto Pinochet, 1973-1990, para los cuales el fiscal del llamado “caso bombas” había pedido presidio perpetuo porque los acusó de ser los líderes de la supuesta asociación terrorista.
Otro acusado, Cristián Cancino, será procesado en un juicio individual por asociación ilícita y tres
La causa investiga la colocación entre el 2006 y el 2010 de más de 120 artefactos de ruido “bombas de escaso poder explosivo, pero que emiten un nivel de ruido capaz de hace estallar ventanas” que detonaron en sedes bancarias, entidades fiscales y privadas. Sólo murió una persona, un joven que portaba una bomba en su mochila.
Los abogados de algunos de ellos anunciaron que demandarán al Estado por el daño causado a sus clientes.
El caso lo llevó inicialmente el mediático fiscal Alejandro Peña, quien aportó seis mil 774 pruebas contra los jóvenes y un listado de 794 testigos y otro de dos centenares de peritos. La misma causa fue llevada durante cinco años por otro fiscal que no consideró que la evidencia reunida en cinco años fuera sólida como para enjuiciar a alguien.
Luego que el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, se quejara de la “lentitud” en la investigación, el persecutor Xavier Armendáriz fue reemplazado por Peña, a quien le bastaron dos meses para detener y encausar a 14 personas.