Internacional
Ley antiinmigrante de Georgia, en riesgo de ser impugnada
Abogado cree que la norma HB 87 tendrá el mismo destino que la SB 1070 de Arizona y la 497 de Utah
ATLANTA, GEORGIA (16/MAY/2011).- Las duras medidas contra los indocumentados en Georgia aprobadas en la ley HB 87 es muy probable que sean impugnadas en los tribunales incluso antes de que entren en vigor.
La ley, firmada el viernes pasado por el gobernador Nathan Deal, tiene algunas disposiciones que hacen eco de las de una ley promulgada el año pasado en Arizona, y también es muy similar a la Ley 497, aprobada este año en Utah. Ambas han quedado atascadas en los tribunales por demandas que alegan que son inconstitucionales, y los opositores de la ley de Georgia han dicho que planean impugnarla.
La ley de Georgia autoriza que los agentes del orden verifiquen el estatus migratorio de determinados sospechosos y los detengan si están ilegalmente en el país. Sanciona a las personas que deliberadamente transportan o albergan a indocumentados en algunas situaciones y convierte en un delito mayor presentar documentos o información falsa al solicitar un trabajo.
La mayor parte de la nueva ley entrará en vigor el 1 de julio. Un requisito para que los empleadores privados con más de 10 trabajadores utilicen una base de datos federal para verificar el estatus migratorio de las nuevas contrataciones se aplicará gradualmente en un par de años.
Los críticos de la ley están trazando su estrategia. Van a pedirle a un juez poner la ley en espera hasta que el caso se decida, así como una orden permanente para impedir que la ley entre en vigor, dijo Charles Kuck, un abogado de inmigración de Atlanta que encabeza una demanda.
De entrar en vigencia, la nueva ley afectaría en forma directa a unos 425 mil indocumentados que residen actualmente en Georgia, de acuerdo con el Centro Hispano Pew.
Charles Kuck agrega que la impugnación tendrá que probar que alguien fue lastimado por la ley de inmigración y que el daño es inconstitucional, lo que podría ser difícil de hacer antes de que la medida entre en vigencia. “Pero si la demanda es desestimada, los críticos están dispuestos a presentar una nueva impugnación una vez que alguien sea acusado de violar el nuevo estatuto”.
En el fondo, el problema de estas leyes sigue siendo el mismo: La inmigración entra dentro de la esfera del Gobierno federal y cualquier Estado que intente decirle al Presidente cómo hacer cumplir las leyes de inmigración corre peligro de incurrir en actitudes inconstitucionales.
Estados bajo la lupa
Arizona
Ley: SB 1070.
Directiva: Autoriza a los policías a revisar el estatuto migratorio de una personas que haya cometido algún o de cualquier sospechoso de ser ilegal, basándose en aspectos físicos como el color de piel.
Situación actual: Una jueza federal suspendió la implementación debido a que el Departamento de Estado presentó una apelación. La gobernadora del Estado, Jan Brewer, impugnó la decisión de la jueza ante la Corte Suprema de Justicia.
Autor: Rusell Pearce, senador republicano.
California
Ley: AB 26
Directiva: Autorizaba a los agentes a verificar el estado migratorio de sospechosos de ser inmigrantes ilegales. Además castigaba a las empresas que contrataran indocumentados.
Situación actual: Un Comité de la Asamblea de California rechazó la propuesta seis votos contra cuatro.
Autor: Tim Donnelly, asambleísta republicano.
Florida
Ley: SB 2040.
Directiva: La Policía puede detener a una persona por un delito menor y revisar si tiene documentos migratorios, de no tenerlos podrá entregarlo a las autoridades para su posible deportación.
Situación actual: El Senado de Florida, de mayoría republicana, aprobó la iniciativa el pasado 4 de mayo.
Autora: Anitere Flores, senadora republicana.
Nuevo México
Ley: Sin nombre (es reforma).
Directiva: El Gobierno suspendió la entrega de licencias de conducir a los indocumentados. Algo que estaba permitido por ley.
Situación actual: La Cámara de Representantes aprobó la medida en marzo pasado; el Senado estatal debe discutirla.
Autor: Andy Núñez, representante independiente.
Texas
Ley: HB17 y SB 126.
Directiva: La primera criminaliza la presencia de indocumentados en cualquier propiedad pública o privada y autoriza a los policías a arrestarlos sin una orden de por medio. La segunda obligaría a los policías a revisar la situación migratoria de sospechosos de ser indocumentados.
Situación actual: Ambas propuestas fueron presentadas en noviembre del año pasado en el Congreso estatal y son debatidas en los comités.
Autor: Debbie Riddle, representante republicana y Dan Patrick, senador republicano.
La ley, firmada el viernes pasado por el gobernador Nathan Deal, tiene algunas disposiciones que hacen eco de las de una ley promulgada el año pasado en Arizona, y también es muy similar a la Ley 497, aprobada este año en Utah. Ambas han quedado atascadas en los tribunales por demandas que alegan que son inconstitucionales, y los opositores de la ley de Georgia han dicho que planean impugnarla.
La ley de Georgia autoriza que los agentes del orden verifiquen el estatus migratorio de determinados sospechosos y los detengan si están ilegalmente en el país. Sanciona a las personas que deliberadamente transportan o albergan a indocumentados en algunas situaciones y convierte en un delito mayor presentar documentos o información falsa al solicitar un trabajo.
La mayor parte de la nueva ley entrará en vigor el 1 de julio. Un requisito para que los empleadores privados con más de 10 trabajadores utilicen una base de datos federal para verificar el estatus migratorio de las nuevas contrataciones se aplicará gradualmente en un par de años.
Los críticos de la ley están trazando su estrategia. Van a pedirle a un juez poner la ley en espera hasta que el caso se decida, así como una orden permanente para impedir que la ley entre en vigor, dijo Charles Kuck, un abogado de inmigración de Atlanta que encabeza una demanda.
De entrar en vigencia, la nueva ley afectaría en forma directa a unos 425 mil indocumentados que residen actualmente en Georgia, de acuerdo con el Centro Hispano Pew.
Charles Kuck agrega que la impugnación tendrá que probar que alguien fue lastimado por la ley de inmigración y que el daño es inconstitucional, lo que podría ser difícil de hacer antes de que la medida entre en vigencia. “Pero si la demanda es desestimada, los críticos están dispuestos a presentar una nueva impugnación una vez que alguien sea acusado de violar el nuevo estatuto”.
En el fondo, el problema de estas leyes sigue siendo el mismo: La inmigración entra dentro de la esfera del Gobierno federal y cualquier Estado que intente decirle al Presidente cómo hacer cumplir las leyes de inmigración corre peligro de incurrir en actitudes inconstitucionales.
Estados bajo la lupa
Arizona
Ley: SB 1070.
Directiva: Autoriza a los policías a revisar el estatuto migratorio de una personas que haya cometido algún o de cualquier sospechoso de ser ilegal, basándose en aspectos físicos como el color de piel.
Situación actual: Una jueza federal suspendió la implementación debido a que el Departamento de Estado presentó una apelación. La gobernadora del Estado, Jan Brewer, impugnó la decisión de la jueza ante la Corte Suprema de Justicia.
Autor: Rusell Pearce, senador republicano.
California
Ley: AB 26
Directiva: Autorizaba a los agentes a verificar el estado migratorio de sospechosos de ser inmigrantes ilegales. Además castigaba a las empresas que contrataran indocumentados.
Situación actual: Un Comité de la Asamblea de California rechazó la propuesta seis votos contra cuatro.
Autor: Tim Donnelly, asambleísta republicano.
Florida
Ley: SB 2040.
Directiva: La Policía puede detener a una persona por un delito menor y revisar si tiene documentos migratorios, de no tenerlos podrá entregarlo a las autoridades para su posible deportación.
Situación actual: El Senado de Florida, de mayoría republicana, aprobó la iniciativa el pasado 4 de mayo.
Autora: Anitere Flores, senadora republicana.
Nuevo México
Ley: Sin nombre (es reforma).
Directiva: El Gobierno suspendió la entrega de licencias de conducir a los indocumentados. Algo que estaba permitido por ley.
Situación actual: La Cámara de Representantes aprobó la medida en marzo pasado; el Senado estatal debe discutirla.
Autor: Andy Núñez, representante independiente.
Texas
Ley: HB17 y SB 126.
Directiva: La primera criminaliza la presencia de indocumentados en cualquier propiedad pública o privada y autoriza a los policías a arrestarlos sin una orden de por medio. La segunda obligaría a los policías a revisar la situación migratoria de sospechosos de ser indocumentados.
Situación actual: Ambas propuestas fueron presentadas en noviembre del año pasado en el Congreso estatal y son debatidas en los comités.
Autor: Debbie Riddle, representante republicana y Dan Patrick, senador republicano.