Internacional
Interponen demanda contra ley antiinmigrante de Carolina del Sur
Los demandantes son seis grupos encabezados por la Unión de Libertades Civiles de América (ACLU) y el Centro Legal Para la Pobreza del Sur (SPLC)
MIAMI, ESTADOS UNIDOS (12/OCT/2011).- Una coalición de grupos de derechos civiles presentó hoy una demanda contra la ley de inmigración S 20 de Carolina del Sur, la única legislación antiinmigrantes estatal en Estados Unidos que no había sido confrontada hasta ahora.
La coalición, integrada por seis grupos encabezados por la Unión de Libertades Civiles de América (ACLU) y el Centro Legal Para la Pobreza del Sur (SPLC), interpuso la demanda ante una corte federal en Columbia, Carolina del Sur.
El pasado 27 de junio la gobernadora republicana de Carolina del Sur, Nikki Haley, promulgó una ley orientada a combatir la inmigración ilegal en esa entidad, facultando a la policía a cuestionar el estatus migratorio de los sospechosos de ser indocumentados.
La ley convierte también a Carolina del Sur en la primera en Estados Unidos en autorizar la creación de una unidad policial especializada en combatir la inmigración ilegal.
Los grupos que interpusieron la demanda argumentaron que es anticonstitucional porque promueve la discriminación racial e interfiere con la ley federal.
La legislación en Carolina del Sur entrará en vigor el 1 de enero de 2012 y era la única de las seis legislaciones estatales antiinmigrantes aprobadas en los últimos dos años que permanecía sin ser confrontada en las cortes.
Sólo una de esas seis leyes antiinmigrantes ha entrado en vigor.
La HB 56 de Alabama, considerada la más estricta de todas, fue autorizada por una jueza federal para que se aplicara desde el pasado 28 de septiembre, a pesar de que aún está pendiente una decisión judicial sobre la constitucionalidad de dicho estatuto.
Las demás leyes antiinmigrantes aprobadas en Arizona, Utah, Indiana y Georgia, permanecen suspendidas por órdenes de cortes federales en tanto se analiza la constitucionalidad de las mismas.
La embajada de México en Estados Unidos expresó en un comunicado su solidaridad con la demanda contra la ley de Carolina del Sur por considerar que algunas disposiciones 'podrían afectar negativamente los derechos humanos y civiles de los mexicanos' que viven o visitan dicha entidad.
La coalición, integrada por seis grupos encabezados por la Unión de Libertades Civiles de América (ACLU) y el Centro Legal Para la Pobreza del Sur (SPLC), interpuso la demanda ante una corte federal en Columbia, Carolina del Sur.
El pasado 27 de junio la gobernadora republicana de Carolina del Sur, Nikki Haley, promulgó una ley orientada a combatir la inmigración ilegal en esa entidad, facultando a la policía a cuestionar el estatus migratorio de los sospechosos de ser indocumentados.
La ley convierte también a Carolina del Sur en la primera en Estados Unidos en autorizar la creación de una unidad policial especializada en combatir la inmigración ilegal.
Los grupos que interpusieron la demanda argumentaron que es anticonstitucional porque promueve la discriminación racial e interfiere con la ley federal.
La legislación en Carolina del Sur entrará en vigor el 1 de enero de 2012 y era la única de las seis legislaciones estatales antiinmigrantes aprobadas en los últimos dos años que permanecía sin ser confrontada en las cortes.
Sólo una de esas seis leyes antiinmigrantes ha entrado en vigor.
La HB 56 de Alabama, considerada la más estricta de todas, fue autorizada por una jueza federal para que se aplicara desde el pasado 28 de septiembre, a pesar de que aún está pendiente una decisión judicial sobre la constitucionalidad de dicho estatuto.
Las demás leyes antiinmigrantes aprobadas en Arizona, Utah, Indiana y Georgia, permanecen suspendidas por órdenes de cortes federales en tanto se analiza la constitucionalidad de las mismas.
La embajada de México en Estados Unidos expresó en un comunicado su solidaridad con la demanda contra la ley de Carolina del Sur por considerar que algunas disposiciones 'podrían afectar negativamente los derechos humanos y civiles de los mexicanos' que viven o visitan dicha entidad.