Internacional
Inmigrantes, el tema polémico en Estados Unidos
El Partido del Té impulsa medidas contra los indocumentados mientras se baten récords en deportaciones
WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (10/OCT/2011).- El gobernador de Texas, Rick Perry, perdió súbitamente su condición de favorito en la carrera presidencial del Partido Republicano cuando, en un debate a finales del mes pasado, mostró lo que se consideró una posición blanda ante la inmigración ilegal. En medio de una oleada de medidas y declaraciones contra los inmigrantes en Estados Unidos, el combate a los indocumentados se ha convertido en una de las mayores prioridades de los programas electorales, especialmente entre los candidatos de la oposición, y en un asunto que puede decidir el nombre del próximo presidente.
Perry confesó en un debate electoral en Florida que su Gobierno había permitido el acceso de los hijos de inmigrantes ilegales a las becas que su Estado ofrece para la educación. “Si usted dice que no debemos educar a los niños que se encuentran en nuestro Estado, no por culpa de ellos, sino porque los han traído, es que usted no tiene corazón”, le dijo el gobernador de Texas a su principal contrincante, Mitt Romney. “Combatir la inmigración ilegal es tener corazón y tener también cerebro”, le contestó Romney. Hasta ese momento, Perry era el radical y Romney el moderado. El primero aventajaba al segundo por más de 10 puntos en las encuestas. A partir de ese debate, Perry fue acusado por el Partido del Té de traicionar los principios conservadores y le exigió una rectificación, los comentaristas de la cadena Fox denunciaron su debilidad en materia inmigratoria y, de la noche a la mañana, cayó 10 puntos por debajo de Romney. Hoy su carrera presidencial se encuentra al borde del precipicio, mientras que la de Romney se ve con más futuro que nunca.
Otros factores contribuyen a ese brusco cambio de tendencia, pero el principal de todos es el de la inmigración. Estados Unidos vive una época de particular hostilidad hacia los inmigrantes. Desde la polémica ley de Arizona, el año pasado, otros cuatro estados siguieron con legislaciones consideradas racistas, especialmente en Georgia y en Alabama.
Obama ha incrementado el número de policías fronterizos y ha mejorado los métodos de vigilancia con el fin de que la línea divisoria con México sea menos permeable de lo que había sido hasta ahora. El objetivo es el de aumentar la seguridad en las ciudades de la frontera, algo que ya se está consiguiendo, a cambio de ganar respaldo para la aprobación de una nueva ley migratoria que permita la legalización de los 11 millones de indocumentados que ya están trabajando en este país. El presidente impulsa esa ley, pero es muy poco probable que encuentre los votos suficientes en el Congreso en esta legislatura.
Lejos de disminuir, el sentimiento antiinmigrante ha aumentado en los últimos meses, probablemente ayudado por la crisis económica y el estancamiento del paro en un alarmante 9.1 por ciento. Algunos grupos que defienden los intereses de los inmigrantes creen ver detrás de esa aparente firmeza la mano de ciertos intereses económicos. La Corrections Corporations of America, la mayor asociación de centros de detención de privados, adonde se traslada a los indocumentados antes de su deportación, maneja un negocio próspero que factura más de cinco mil millones de dólares al año y que ha aumentado sus beneficios 37% en 2010. Las empresas que gestionan esas cárceles reciben del Estado 60 dólares por cada persona que ocupa sus celdas.
El debate sobre la inmigración crecerá en la medida en que avance la campaña electoral, en la que Obama intentará reconquistar un apoyo hispano que ha perdido pero que difícilmente, con sus programas actuales, pueden atraer los republicanos.
El País
Alabama
Ilegales toman medidas más drásticas ante el pánico
BIRMINGHAM, ESTADOS UNIDOS.- Aterrados por la estricta represión a la inmigración ilegal en Alabama que aprobó la legislatura estatal controlada por los republicanos, los residentes que viven ilegalmente en el Estado dicen que están haciendo algo que habría parecido inconcebible hace muy poco: pedirle a amigos, familiares, compañeros de trabajo y conocidos que reciban a sus hijos si son arrestados o deportados.
Muchos residentes ilegales firmaron documentos la semana pasada en los que autorizan a otros a cuidar de sus hijos de ser necesario, dijeron grupos de asistencia y una pareja que vive ilegalmente en el cercano condado de Shelby logró la promesa del jefe del hombre de enviar a sus tres hijos “todos ciudadanos estadounidenses” a México si encarcelan a la pareja.
Para María Patiño —quien reza cada vez que sale de su casa— incluso un encuentro casual con la Policía podría terminar con sus dos hijos de escuela primaria sin padres, si ella y su marido son repatriados a México o los menores son colocados en adopción. La pareja está ilegalmente en Estados Unidos y no tienen amigos ni familiares como para cuidar de los chicos.
“Cada vez que salgo no sé si volveré”, dijo Patiño, de 27 años, llorando. “No puedo dejar de trabajar. Mis hijas necesitan zapatos y otras cosas”.
La asistente social Jazmín Rivera ayuda a decenas de inmigrantes hispanos a llenar formularios con autorización legal para que otras personas puedan hacerse cargo de sus hijos.
AP
Numeralia
Deportaciones y detenciones
25% ha aumentado el número de inmigrantes detenidos en Estados Unidos y el de deportados superó el año pasado el límite de los 400 mil.
1 millón de inmigrantes aproximadamente han sido devueltos a sus países desde que Barack Obama es presidente.
TELÓN DE FONDO
Una reacción en cadena
En abril de 2010 la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, promulgó la ley antiinmigrante SB 1070, pero luego de que el presidente Barack Obama apelara la iniciativa y múltiples organizaciones en pro de los derechos humanos se manifestaran, la ley fue “suavizada” y entró en vigor en julio del mismo año. El proyecto convertiría en un delito estatal el encontrarse ilegalmente en el país, también obligaría a los policías a interrogar a cualquier persona sobre su situación migratoria, tan sólo ante la sospecha de que fuera ilegal. Éstas partes de la ley fueron bloqueadas.
Georgia fue otro de los estados que decidió promulgar una ley antiinmigrante. En marzo del año pasado el Senado aprobó la Ley SB 40, un proyecto muy similar a la de Arizona, pero más controvertida ya que estipulaba, entre otras cosas, que los trabajadores condenados por el uso de documentos falsos en la obtención de empleo podían recibir sentencias de hasta 15 años de prisión y multas de hasta 250 mil dólares. En junio del mismo año fue bloqueada, pero entró en vigor finalmente unos días después.
Perry confesó en un debate electoral en Florida que su Gobierno había permitido el acceso de los hijos de inmigrantes ilegales a las becas que su Estado ofrece para la educación. “Si usted dice que no debemos educar a los niños que se encuentran en nuestro Estado, no por culpa de ellos, sino porque los han traído, es que usted no tiene corazón”, le dijo el gobernador de Texas a su principal contrincante, Mitt Romney. “Combatir la inmigración ilegal es tener corazón y tener también cerebro”, le contestó Romney. Hasta ese momento, Perry era el radical y Romney el moderado. El primero aventajaba al segundo por más de 10 puntos en las encuestas. A partir de ese debate, Perry fue acusado por el Partido del Té de traicionar los principios conservadores y le exigió una rectificación, los comentaristas de la cadena Fox denunciaron su debilidad en materia inmigratoria y, de la noche a la mañana, cayó 10 puntos por debajo de Romney. Hoy su carrera presidencial se encuentra al borde del precipicio, mientras que la de Romney se ve con más futuro que nunca.
Otros factores contribuyen a ese brusco cambio de tendencia, pero el principal de todos es el de la inmigración. Estados Unidos vive una época de particular hostilidad hacia los inmigrantes. Desde la polémica ley de Arizona, el año pasado, otros cuatro estados siguieron con legislaciones consideradas racistas, especialmente en Georgia y en Alabama.
Obama ha incrementado el número de policías fronterizos y ha mejorado los métodos de vigilancia con el fin de que la línea divisoria con México sea menos permeable de lo que había sido hasta ahora. El objetivo es el de aumentar la seguridad en las ciudades de la frontera, algo que ya se está consiguiendo, a cambio de ganar respaldo para la aprobación de una nueva ley migratoria que permita la legalización de los 11 millones de indocumentados que ya están trabajando en este país. El presidente impulsa esa ley, pero es muy poco probable que encuentre los votos suficientes en el Congreso en esta legislatura.
Lejos de disminuir, el sentimiento antiinmigrante ha aumentado en los últimos meses, probablemente ayudado por la crisis económica y el estancamiento del paro en un alarmante 9.1 por ciento. Algunos grupos que defienden los intereses de los inmigrantes creen ver detrás de esa aparente firmeza la mano de ciertos intereses económicos. La Corrections Corporations of America, la mayor asociación de centros de detención de privados, adonde se traslada a los indocumentados antes de su deportación, maneja un negocio próspero que factura más de cinco mil millones de dólares al año y que ha aumentado sus beneficios 37% en 2010. Las empresas que gestionan esas cárceles reciben del Estado 60 dólares por cada persona que ocupa sus celdas.
El debate sobre la inmigración crecerá en la medida en que avance la campaña electoral, en la que Obama intentará reconquistar un apoyo hispano que ha perdido pero que difícilmente, con sus programas actuales, pueden atraer los republicanos.
El País
Alabama
Ilegales toman medidas más drásticas ante el pánico
BIRMINGHAM, ESTADOS UNIDOS.- Aterrados por la estricta represión a la inmigración ilegal en Alabama que aprobó la legislatura estatal controlada por los republicanos, los residentes que viven ilegalmente en el Estado dicen que están haciendo algo que habría parecido inconcebible hace muy poco: pedirle a amigos, familiares, compañeros de trabajo y conocidos que reciban a sus hijos si son arrestados o deportados.
Muchos residentes ilegales firmaron documentos la semana pasada en los que autorizan a otros a cuidar de sus hijos de ser necesario, dijeron grupos de asistencia y una pareja que vive ilegalmente en el cercano condado de Shelby logró la promesa del jefe del hombre de enviar a sus tres hijos “todos ciudadanos estadounidenses” a México si encarcelan a la pareja.
Para María Patiño —quien reza cada vez que sale de su casa— incluso un encuentro casual con la Policía podría terminar con sus dos hijos de escuela primaria sin padres, si ella y su marido son repatriados a México o los menores son colocados en adopción. La pareja está ilegalmente en Estados Unidos y no tienen amigos ni familiares como para cuidar de los chicos.
“Cada vez que salgo no sé si volveré”, dijo Patiño, de 27 años, llorando. “No puedo dejar de trabajar. Mis hijas necesitan zapatos y otras cosas”.
La asistente social Jazmín Rivera ayuda a decenas de inmigrantes hispanos a llenar formularios con autorización legal para que otras personas puedan hacerse cargo de sus hijos.
AP
Numeralia
Deportaciones y detenciones
25% ha aumentado el número de inmigrantes detenidos en Estados Unidos y el de deportados superó el año pasado el límite de los 400 mil.
1 millón de inmigrantes aproximadamente han sido devueltos a sus países desde que Barack Obama es presidente.
TELÓN DE FONDO
Una reacción en cadena
En abril de 2010 la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, promulgó la ley antiinmigrante SB 1070, pero luego de que el presidente Barack Obama apelara la iniciativa y múltiples organizaciones en pro de los derechos humanos se manifestaran, la ley fue “suavizada” y entró en vigor en julio del mismo año. El proyecto convertiría en un delito estatal el encontrarse ilegalmente en el país, también obligaría a los policías a interrogar a cualquier persona sobre su situación migratoria, tan sólo ante la sospecha de que fuera ilegal. Éstas partes de la ley fueron bloqueadas.
Georgia fue otro de los estados que decidió promulgar una ley antiinmigrante. En marzo del año pasado el Senado aprobó la Ley SB 40, un proyecto muy similar a la de Arizona, pero más controvertida ya que estipulaba, entre otras cosas, que los trabajadores condenados por el uso de documentos falsos en la obtención de empleo podían recibir sentencias de hasta 15 años de prisión y multas de hasta 250 mil dólares. En junio del mismo año fue bloqueada, pero entró en vigor finalmente unos días después.