Apenas en el año 2021, las leyes mexicanas incorporaron a la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia y el Código Penal Federal, el tipo penal de violencia digital y la violación a la intimidad sexual a través de la llamada “Ley Olimpia”. Legislar con relación a la violencia digital y mediática, implicó una enorme responsabilidad de los Estados del país, para construir un andamiaje institucional capaz de tener conocimiento y habilidades para investigar y probar dicho delito. La creación de la llamada policía cibernética ha sido lenta y es hoy sumamente precaria, se calcula que, en México, solo existen 4 agentes investigadores por cada millón de habitantes. El avance de las instituciones es precario, y de pronto hoy día, emergen nuevas formas de violencia digital que se mezclan con contenidos ideológicos complejos y neoconservadores que nos demuestran que el espacio digital y las violencias que desarrolla, nos someten a complejos y profundos desafíos en la atención, investigación y sanción de estas nuevas formas de violencia. La época actual nos ha llevado a todas las instancias que atendemos las violencias de género, a comprender la complejidad de lo que hoy se llama la “manósfera” o “machósfera”. Se ha definido esta dimensión como un conjunto de espacios digitales compuestos por blogs, foros y sitios web dominados por personajes vertebrados por la misoginia, la masculinidad tradicional y violenta, así como el rechazo a la diferencia. Sus prácticas se estructuran a través del acoso digital, la radicalización del discurso y el odio hacia las mujeres desde prácticas discursivas hasta la venta de videos íntimos y en ocasiones, alterados por inteligencia artificial. En la manósfera se forman comunidades en línea que trivializan los alcances de la igualdad de género y se expresan a través de redes sociales con mensajes amplificados por los algoritmos. Nadie sabe de qué tamaño es la manósfera en el mundo entero. Lo que sí sabemos es que es uno de los retos regresionistas más relevantes que enfrentamos en el mundo. Enfrentamos un enorme desafío de interpretación e inteligibilidad de estos espacios. Pero no solo hablamos de la manósfera, sino de prácticas de violencia digital cada vez más abiertas y articuladas ante las cuales, los Estados no tienen andamiajes institucionales suficientes para poder articular estrategias de prevención, detección y mucho menos sanción. Recientemente, el periódico The New York Times publicó un reportaje con respecto a las prácticas del “toupai chumai” en China. Millones de hombres en China, decidieron colocar cámaras de video en baños, recámaras y diferentes espacios para filmar a sus esposas, novias, hermanas y mujeres conocidas desnudas o en sus espacios de intimidad. Luego de filmarlas, organizaban grupos en la aplicación de mensajería Telegram en donde compartían esos videos o fotos de esas mujeres, mismas que fueron filmadas sin consentimiento. Esta práctica surgió desde hace un par de años atrás, y cuando mujeres activistas y defensoras de derechos humanos decidieron denunciar, el Gobierno activó prácticas de censura en torno a este fenómeno, en lugar de investigarlo y sancionarlo, siendo que, en China, la pornografía es ilegal. Dicho periódico, calcula que, hasta el año pasado, existían cientos de miles de hombres chinos interconectados en más de 30 grupos activos en esta red social compartiendo videos de sus parejas sin consentimiento. Se calcula que cada grupo se integra por cerca de 100 mil hombres. En México, fue escandaloso el caso de “Diego N”, alumno del Instituto Politécnico Nacional que alteraba imágenes de mujeres alumnas con inteligencia artificial para venderlas a través de grupos de la aplicación Telegram. Tras una denuncia, se descubrieron en su dispositivo más de 160 mil fotografías y 20 mil videos íntimos de mujeres. En mayo de 2025, fue sentenciado a cinco años de prisión. Las formas de violencia digital avanzan drásticamente mientras que, desde las instituciones, tenemos pocos elementos para poder prevenirla, atenderla y sancionarla. Hemos dejado en manos de las propias mujeres, diseñar estrategias para proteger su propia seguridad e intimidad. La ausencia de un andamiaje institucional aunado al desarrollo de una cultura digital respetuosa de los derechos humanos, nos implican enormes desafíos sociales y normativos. La manósfera, representa un regresionismo ideológico preocupante.
