Internacional
Huevos estrellados en Tucson
-
PHOENIX, ESTADOS UNIDOS (14/MAY/2010).- Me habían dicho que Tucson me iba a gustar. Es encantadora. Tiene eso que algunos llaman buena vibra. El miércoles desayuné ahí con un funcionario del consulado mexicano en esa ciudad. Como lugar de reunión me recomendó el café Cup del hotel Congress, una maravilla este hotelito construido al nacer el siglo XX. Los huevos estrellados, servidos sobre pato deshebrado y verduras, muy, muy recomendables. “Tienes suerte”, me dijo el funcionario consular, hoy (miércoles) viene a Tucson Tom Horne, y habrá una protesta. El señor Horne es el superintendente de Educación del Estado de Arizona, es candidato además a procurador, y es el autor de la ley, firmada esta semana, que prohíbe que a los chicos del high school se les enseñe Estudios Étnicos. Tom Horne tenía programada una visita también para dar efecto a la nueva norma, pero chicos y profesores tomaron el plantel al que debía acudir Horne y lo obligaron a huir de Tucson. No fue gratis, 14 de ellos —incluidos dos profesores— fueron retenidos y ahora es un asunto de abogados.
Dice Horne, que Arizona no es como el viejo Sur, no señor, que eso ya fue superado hace mucho. Un momento, ¿un político ultraconservador, del mismo bando del sheriff Joe Arpaio, poniendo la integración del Sur en los años 50 y 60 como ejemplo de lo que está pasando? Hmmm, la evidencia lo contradice, y no sólo porque hay quejas de que cómo el superintendente de Educación de Horne ha aplicado exámenes para evaluar que el acento del inglés de los profesores sea el correcto, si tal cosa existe en un país en donde siempre cualquiera tiene que deletrear su apellido al decirlo.
La evidencia muestra que la Ley SB 1070 es tan sólo un paso más en el sentido que Arizona ha tomado en contra de la integración de sus diversas comunidades. Mientras otros estados, como el vecino Nuevo México, tienen políticas más moderadas e integrales, la ley en Arizona sólo se ha venido endureciendo desde 2004, cuando se aprobó la Proposición 200, que desde entonces limita el acceso a servicios públicos de salud a quienes no puedan demostrar su estatuto migratorio.
Luego, en 2006, en esta tierra de indios, se decretó al inglés como idioma oficial y se canceló cualquier apoyo financiero para estudiantes que no fueran ciudadanos. Y desde 2007, si te detiene la migra, tus problemas pueden crecer: deja tú que te deporten, te pueden acusar de cómplice de conspiración en el delito de tráfico de humanos: o sea, eres víctima del “coyote” y cómplice del “coyote”. En su más reciente boletín, Arpaio no deja lugar a dudas: en su Twitter puso: “Continuaré persiguiendo a los indocumentados bajo el cargo de co-conspiradores. Más clarito, ni el aire de Phoenix”.
Pero luego de tres días acá en cobertura periodística para el auditorio de la W, hay un sonido que no voy a olvidar nunca: el leve tintineo de las cadenas que en pies y cintura ataban el miércoles a 71 migrantes que comparecieron ante la Corte en Tucson. Sesenta y dos hombres, nueve mujeres, casi todos menores de 40 años. Chamagosos, con el polvo de días y días en el desierto en el pelo, con la cara, algunos, estirada por el miedo de estar en ese espacio de mármol y caoba, con abogados a destajo, con un juez que recita sentencias como jaculatorias. Toda una simulación. Ellos, caminarán esposados y encadenados hasta un micrófono para declararse culpables de graves delitos que no les han sido probados. Hicieron un trato. Si se declaran culpables, les darán la pena mínima: algunos saldrán en horas, otros en días. Todos evitarán con este deal ir a cárcel por dos, 10 ó 20 años. ¿Dónde está el truco? Fácil: renuncian a algo que ha ayudado a construir este país: renuncian a sus derechos, a su derecho de un juicio justo, de un abogado competente (no un “coyote” más), a su derecho a la apelación, a su derecho a que le prueben los cargos. Y todos felices.
Ellos porque ya se imaginan de nuevo en Nogales, intentando pasar de regreso a Estados Unidos. El juez, la patrulla fronteriza y los abogados, también: pueden presumir miles de deportaciones, de declaraciones de culpabilidad, de efectividad del sistema. Todo atropellando los derechos de esos muchachos y muchachas, encadenados, tratados de igualito modo con el que por décadas, por siglos, fueron tratadas las personas de color. Encadenados sin haber robado, violado o matado a nadie. Humillados para que aprendan la lección: que sepan que acá sus derechos son algo renunciable. Me recuerdan por favor ¿cómo se llama el presidente hoy de este país?
Dice Horne, que Arizona no es como el viejo Sur, no señor, que eso ya fue superado hace mucho. Un momento, ¿un político ultraconservador, del mismo bando del sheriff Joe Arpaio, poniendo la integración del Sur en los años 50 y 60 como ejemplo de lo que está pasando? Hmmm, la evidencia lo contradice, y no sólo porque hay quejas de que cómo el superintendente de Educación de Horne ha aplicado exámenes para evaluar que el acento del inglés de los profesores sea el correcto, si tal cosa existe en un país en donde siempre cualquiera tiene que deletrear su apellido al decirlo.
La evidencia muestra que la Ley SB 1070 es tan sólo un paso más en el sentido que Arizona ha tomado en contra de la integración de sus diversas comunidades. Mientras otros estados, como el vecino Nuevo México, tienen políticas más moderadas e integrales, la ley en Arizona sólo se ha venido endureciendo desde 2004, cuando se aprobó la Proposición 200, que desde entonces limita el acceso a servicios públicos de salud a quienes no puedan demostrar su estatuto migratorio.
Luego, en 2006, en esta tierra de indios, se decretó al inglés como idioma oficial y se canceló cualquier apoyo financiero para estudiantes que no fueran ciudadanos. Y desde 2007, si te detiene la migra, tus problemas pueden crecer: deja tú que te deporten, te pueden acusar de cómplice de conspiración en el delito de tráfico de humanos: o sea, eres víctima del “coyote” y cómplice del “coyote”. En su más reciente boletín, Arpaio no deja lugar a dudas: en su Twitter puso: “Continuaré persiguiendo a los indocumentados bajo el cargo de co-conspiradores. Más clarito, ni el aire de Phoenix”.
Pero luego de tres días acá en cobertura periodística para el auditorio de la W, hay un sonido que no voy a olvidar nunca: el leve tintineo de las cadenas que en pies y cintura ataban el miércoles a 71 migrantes que comparecieron ante la Corte en Tucson. Sesenta y dos hombres, nueve mujeres, casi todos menores de 40 años. Chamagosos, con el polvo de días y días en el desierto en el pelo, con la cara, algunos, estirada por el miedo de estar en ese espacio de mármol y caoba, con abogados a destajo, con un juez que recita sentencias como jaculatorias. Toda una simulación. Ellos, caminarán esposados y encadenados hasta un micrófono para declararse culpables de graves delitos que no les han sido probados. Hicieron un trato. Si se declaran culpables, les darán la pena mínima: algunos saldrán en horas, otros en días. Todos evitarán con este deal ir a cárcel por dos, 10 ó 20 años. ¿Dónde está el truco? Fácil: renuncian a algo que ha ayudado a construir este país: renuncian a sus derechos, a su derecho de un juicio justo, de un abogado competente (no un “coyote” más), a su derecho a la apelación, a su derecho a que le prueben los cargos. Y todos felices.
Ellos porque ya se imaginan de nuevo en Nogales, intentando pasar de regreso a Estados Unidos. El juez, la patrulla fronteriza y los abogados, también: pueden presumir miles de deportaciones, de declaraciones de culpabilidad, de efectividad del sistema. Todo atropellando los derechos de esos muchachos y muchachas, encadenados, tratados de igualito modo con el que por décadas, por siglos, fueron tratadas las personas de color. Encadenados sin haber robado, violado o matado a nadie. Humillados para que aprendan la lección: que sepan que acá sus derechos son algo renunciable. Me recuerdan por favor ¿cómo se llama el presidente hoy de este país?