Internacional
Georgia aprueba ley de represión antiinmigrante
Republicanos extienden su influencia en el combate a los trabajadoressin papeles; la Policía los detendrá por su apariencia
WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (14/MAY/2011).- La aprobación de la ley HB87, en Georgia, es el caso más reciente del dominio republicano en las legislaturas estatales. A principios de marzo, la Cámara de Representantes de la Entidad aprobó la propuesta similar a la Ley SB 1070 de Arizona, y que ayer fue firmada por el gobernador Nathan Deal.
En Georgia, la línea partidista del Congreso local evidencia el poder republicano. La iniciativa, obra del republicano Matt Ramsey, tuvo 113 votos a favor y 56 en contra.
Los favorecedores de la iniciativa de ley subrayan que no apoyan la llegada de indocumentados, pero insistieron en que se trata de un problema federal. Los detractores aseguran que existe el riesgo de que la medida propicie categorización racial y dañe la economía y reputación del Estado.
Los frentes de la mano republicana contra los extranjeros sin documentos son varios en Georgia. Al menos otras tres leyes consideradas anti-inmigrantes han sido presentadas este año en la Legislatura estatal. La HB59, que tendría el objetivo de prohibir a jóvenes indocumentados el ingreso a universidades públicas del Estado.
De aprobarse, la HB 296 exigiría contar a los indocumentados que atiendan en los hospitales y asistan a las escuelas públicas, mientras que la SB 104, penalizaría a los jornaleros que ofrezcan sus servicios en la vía pública, a quienes los contraten y a las autoridades que no hagan cumplir la ley.
La aprobación la HB87, programada para entrar en vigencia el 1 de julio, se suma a una serie de reformas en las leyes estatales por parte de los legisladores que culpan al Gobierno federal de no cumplir su obligación de proteger el sistema estadounidense.
Apenas el martes, un juez federal bloqueó una ley en Utah similar a la de Arizona —ésta última, referente de represión contra personas sin documentos— que daba a la Policía luz verde para hacer detener a ilegales sólo por su apariencia.
La influencia republicana en Florida hizo lo propio. El proyecto SB 2040, una iniciativa de la senadora republicana cubano-estadounidense Anitere Flores que exige a la Policía que revise la condición migratoria de toda persona detenida, incluso antes de ser juzgada por algún delito, está en una batalla legal, desde inicios de mayo.
Afectaciones
Limitaciones a ilegales
De entrar en vigencia, la nueva ley afectaría en forma directa a unos 425 mil indocumentados que residen actualmente en Georgia.
El principal motor económico del Estado es la industria agrícola que mantiene ingresos por cerca de los 68 mil millones de dólares al año y emplea entre 50% y 70% de jornaleros indocumentados, quienes han sido los mayores detractores de la medida.
Varias organizaciones nacionales convocaron a un boicot económico el 1 de julio conocido como el “Día sin Inmigrantes”; de llevarse a cabo este boicot, los principales afectados serían los cerca de 250 mil empleados del sector turismo, que genera en Georgia cerca de 34 mil millones de dólares.
De acuerdo con opositores la legislación podría afectar a cualquier hispano, ilegal o no, ya que la Policía tiende a utilizar el color de la piel como indicativo de que la persona podría ser un inmigrante indocumentado.
En Georgia, la línea partidista del Congreso local evidencia el poder republicano. La iniciativa, obra del republicano Matt Ramsey, tuvo 113 votos a favor y 56 en contra.
Los favorecedores de la iniciativa de ley subrayan que no apoyan la llegada de indocumentados, pero insistieron en que se trata de un problema federal. Los detractores aseguran que existe el riesgo de que la medida propicie categorización racial y dañe la economía y reputación del Estado.
Los frentes de la mano republicana contra los extranjeros sin documentos son varios en Georgia. Al menos otras tres leyes consideradas anti-inmigrantes han sido presentadas este año en la Legislatura estatal. La HB59, que tendría el objetivo de prohibir a jóvenes indocumentados el ingreso a universidades públicas del Estado.
De aprobarse, la HB 296 exigiría contar a los indocumentados que atiendan en los hospitales y asistan a las escuelas públicas, mientras que la SB 104, penalizaría a los jornaleros que ofrezcan sus servicios en la vía pública, a quienes los contraten y a las autoridades que no hagan cumplir la ley.
La aprobación la HB87, programada para entrar en vigencia el 1 de julio, se suma a una serie de reformas en las leyes estatales por parte de los legisladores que culpan al Gobierno federal de no cumplir su obligación de proteger el sistema estadounidense.
Apenas el martes, un juez federal bloqueó una ley en Utah similar a la de Arizona —ésta última, referente de represión contra personas sin documentos— que daba a la Policía luz verde para hacer detener a ilegales sólo por su apariencia.
La influencia republicana en Florida hizo lo propio. El proyecto SB 2040, una iniciativa de la senadora republicana cubano-estadounidense Anitere Flores que exige a la Policía que revise la condición migratoria de toda persona detenida, incluso antes de ser juzgada por algún delito, está en una batalla legal, desde inicios de mayo.
Afectaciones
Limitaciones a ilegales
De entrar en vigencia, la nueva ley afectaría en forma directa a unos 425 mil indocumentados que residen actualmente en Georgia.
El principal motor económico del Estado es la industria agrícola que mantiene ingresos por cerca de los 68 mil millones de dólares al año y emplea entre 50% y 70% de jornaleros indocumentados, quienes han sido los mayores detractores de la medida.
Varias organizaciones nacionales convocaron a un boicot económico el 1 de julio conocido como el “Día sin Inmigrantes”; de llevarse a cabo este boicot, los principales afectados serían los cerca de 250 mil empleados del sector turismo, que genera en Georgia cerca de 34 mil millones de dólares.
De acuerdo con opositores la legislación podría afectar a cualquier hispano, ilegal o no, ya que la Policía tiende a utilizar el color de la piel como indicativo de que la persona podría ser un inmigrante indocumentado.