Internacional
El Gobierno argentino logra aprobar de ley mediática
La prensa argentina atribuyó el triunfo en la aprobación al ex presidente Néstor Kirchner
BUENOS AIRES, ARGENTINA.- El Gobierno argentino se apuntó una victoria política al conseguir que el Senado aprobara una polémica Ley de Medios Audiovisuales que era rechazada por sectores de la oposición y las principales empresas periodísticas del país.
La Cámara alta convirtió en ley un proyecto que el Gobierno de la peronista Cristina Fernández había girado a finales de agosto al Parlamento para sustituir a una norma vigente desde la última dictadura militar (1976-1983).
Mientras el oficialismo interpretó que la ley aprobada permitirá “democratizar definitivamente” la comunicación en Argentina, sectores de la oposición y periodísticos consideraron que la nueva norma dará al Ejecutivo “mayor poder” sobre ellos .
“Entendemos que esta ley permitirá democratizar de forma definitiva los medios en el país”, indicó el jefe del gabinete de ministros, Aníbal Fernández.
Tras calificarla de “seria, respetuosa y consensuada”, el jefe de los ministros sostuvo que en poco tiempo “se verán con satisfacción los frutos” de esta nueva norma y se vanaglorió por el hecho de que el Gobierno de Cristina Fernández logró lo que administraciones anteriores no pudieron.
En la vereda opuesta, Ernesto Sanz, senador de la Unión Cívica Radical (UCR), la segunda fuerza parlamentaria del país, consideró que la nueva ley provocará una “catarata de litigios” y aseguró que el Gobierno se apuntó una victoria para sí pero dejó al país con una norma “casi impracticable”.
Desde el Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007), esposo y antecesor de Cristina Fernández, el Ejecutivo mantiene una tirante relación con la prensa y en los últimos años profundizó su enfrentamiento con el mayor conglomerado mediático del país, el Grupo Clarín, propietario de medios gráficos, televisivos, radiales y digitales.
Principales puntos Iniciativa aprobada
Establece el plazo de un año para que las empresas se adecúen a la norma.
Reserva al Poder Ejecutivo la adjudicación directa de las licencias con mayor alcance a 50 kilómetros o en las ciudades de más de 500 mil habitantes.
Prohíbe que los poseedores de licencias de un canal de aire puedan tener una señal de cable en la misma región o servicio por satélite.
Habrá límites al número de licencias para radios y canales de televisión regionales.
Las estaciones de radio deberán dedicar 30% de su emisión de música a artistas argentinos, y los canales de televisión deberían emitir al menos seis nuevas películas locales por año.
Las licencias durarán 10 años y su renovación requerirá la participación de los vecinos en Audiencias Públicas que deberán opinar sobre el funcionamiento de los servicios.
El Estado, el sector privado y las organizaciones sin fines de lucro -como la Iglesia Católica y universidades- se repartirán cerca de un tercio de las licencias para radio y televisión para cada uno.
La Cámara alta convirtió en ley un proyecto que el Gobierno de la peronista Cristina Fernández había girado a finales de agosto al Parlamento para sustituir a una norma vigente desde la última dictadura militar (1976-1983).
Mientras el oficialismo interpretó que la ley aprobada permitirá “democratizar definitivamente” la comunicación en Argentina, sectores de la oposición y periodísticos consideraron que la nueva norma dará al Ejecutivo “mayor poder” sobre ellos .
“Entendemos que esta ley permitirá democratizar de forma definitiva los medios en el país”, indicó el jefe del gabinete de ministros, Aníbal Fernández.
Tras calificarla de “seria, respetuosa y consensuada”, el jefe de los ministros sostuvo que en poco tiempo “se verán con satisfacción los frutos” de esta nueva norma y se vanaglorió por el hecho de que el Gobierno de Cristina Fernández logró lo que administraciones anteriores no pudieron.
En la vereda opuesta, Ernesto Sanz, senador de la Unión Cívica Radical (UCR), la segunda fuerza parlamentaria del país, consideró que la nueva ley provocará una “catarata de litigios” y aseguró que el Gobierno se apuntó una victoria para sí pero dejó al país con una norma “casi impracticable”.
Desde el Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007), esposo y antecesor de Cristina Fernández, el Ejecutivo mantiene una tirante relación con la prensa y en los últimos años profundizó su enfrentamiento con el mayor conglomerado mediático del país, el Grupo Clarín, propietario de medios gráficos, televisivos, radiales y digitales.
Principales puntos Iniciativa aprobada
Establece el plazo de un año para que las empresas se adecúen a la norma.
Reserva al Poder Ejecutivo la adjudicación directa de las licencias con mayor alcance a 50 kilómetros o en las ciudades de más de 500 mil habitantes.
Prohíbe que los poseedores de licencias de un canal de aire puedan tener una señal de cable en la misma región o servicio por satélite.
Habrá límites al número de licencias para radios y canales de televisión regionales.
Las estaciones de radio deberán dedicar 30% de su emisión de música a artistas argentinos, y los canales de televisión deberían emitir al menos seis nuevas películas locales por año.
Las licencias durarán 10 años y su renovación requerirá la participación de los vecinos en Audiencias Públicas que deberán opinar sobre el funcionamiento de los servicios.
El Estado, el sector privado y las organizaciones sin fines de lucro -como la Iglesia Católica y universidades- se repartirán cerca de un tercio de las licencias para radio y televisión para cada uno.