Internacional
Consideran inconstitucional toma de Chávez de puertos y aeropuertos
Hay un problema de democracia, aseguran
CARACAS, VENEZUELA.- La toma de puertos y aeropuertos por parte del gobierno venezolano es inconstitucional, ya que la Carta Magna otorga a las gobernaciones regionales la administración de dichas instalaciones, afirmó hoy el abogado Carlos Ayala Corao.
En declaraciones a periodistas, el jurista recordó que 'la Constitución establece que Venezuela es un Estado federal y descentralizado, así como que la administración de puertos y aeropuertos es competencia exclusiva de los estados'.
Para el abogado constitucionalista, 'la mejor prueba es precisamente que 10 años después de la aprobación de la Carta Magna, precisamente ese fue el régimen: leyes nacionales junto con leyes de los estadales y gestión por parte de los estados'.
Corao advirtió que 'revertir estas competencias no se puede hacer por ley, sino que habría que hacer una modificación constitucional y es por eso que se ha calificado la toma de puertos y aeropuertos como una actuación contraria a la Constitución'.
La semana pasada, la Asamblea Nacional (Congreso unicameral) sancionó la reforma de la Ley de Descentralización, que permitió al gobierno nacional tomar el control de puertos, aeropuertos y carreteras, hasta entonces administrados por los estados.
El gobierno del presidente Hugo Chávez, acto seguido, procedió a tomar el control de dichas instalaciones alegando que las mismas eran controladas por 'mafias' al servicio del contrabando y el narcotráfico.
La medida fue criticada por la oposición, que anunció que procedería a tomar una serie de acciones en contra de la reforma legal, como recurrir a los tribunales y realizar referendos para tratar los cambios en el instrumento legal.
Corao, ex presidente de la Comisión Andina de Juristas, afirmó que si la reforma de la Ley de Descentralización fuese objetada ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), éste debería anularla, aunque se mostró pesimista sobre esta posibilidad.
'El TSJ debería anular esta ley, aunque ya nos tiene sorprendido por sus maneras peculiares de interpretar la Constitución, pero (la reforma a la ley) no solamente es jurídicamente contrario a la Constitución, sino además gramaticalmente', enfatizó.
En caso de que las instancias jurídicas nacionales queden agotadas, la próxima alternativa de la oposición debería ser recurrir a instancias internacionales, recordó el también profesor de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).
Las instancias internacionales apropiadas para recurrir serían, según Corao, la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) a través de su Carta Democrática, aunque advirtió que esto tomaría tiempo en solventarse.
Recordó que actualmente 'además de un problema jurídico de federalismo, hay un problema de democracia, ya que estas actuaciones lo que hacen es alejar al pueblo de las competencias de gobierno'.
En declaraciones a periodistas, el jurista recordó que 'la Constitución establece que Venezuela es un Estado federal y descentralizado, así como que la administración de puertos y aeropuertos es competencia exclusiva de los estados'.
Para el abogado constitucionalista, 'la mejor prueba es precisamente que 10 años después de la aprobación de la Carta Magna, precisamente ese fue el régimen: leyes nacionales junto con leyes de los estadales y gestión por parte de los estados'.
Corao advirtió que 'revertir estas competencias no se puede hacer por ley, sino que habría que hacer una modificación constitucional y es por eso que se ha calificado la toma de puertos y aeropuertos como una actuación contraria a la Constitución'.
La semana pasada, la Asamblea Nacional (Congreso unicameral) sancionó la reforma de la Ley de Descentralización, que permitió al gobierno nacional tomar el control de puertos, aeropuertos y carreteras, hasta entonces administrados por los estados.
El gobierno del presidente Hugo Chávez, acto seguido, procedió a tomar el control de dichas instalaciones alegando que las mismas eran controladas por 'mafias' al servicio del contrabando y el narcotráfico.
La medida fue criticada por la oposición, que anunció que procedería a tomar una serie de acciones en contra de la reforma legal, como recurrir a los tribunales y realizar referendos para tratar los cambios en el instrumento legal.
Corao, ex presidente de la Comisión Andina de Juristas, afirmó que si la reforma de la Ley de Descentralización fuese objetada ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), éste debería anularla, aunque se mostró pesimista sobre esta posibilidad.
'El TSJ debería anular esta ley, aunque ya nos tiene sorprendido por sus maneras peculiares de interpretar la Constitución, pero (la reforma a la ley) no solamente es jurídicamente contrario a la Constitución, sino además gramaticalmente', enfatizó.
En caso de que las instancias jurídicas nacionales queden agotadas, la próxima alternativa de la oposición debería ser recurrir a instancias internacionales, recordó el también profesor de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).
Las instancias internacionales apropiadas para recurrir serían, según Corao, la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) a través de su Carta Democrática, aunque advirtió que esto tomaría tiempo en solventarse.
Recordó que actualmente 'además de un problema jurídico de federalismo, hay un problema de democracia, ya que estas actuaciones lo que hacen es alejar al pueblo de las competencias de gobierno'.