Entretenimiento
Rectoría con legitimidad
Por: Martín Almádez
GUADALAJARA, JALISCO.- Más allá de los motivos que encierra el conflicto en la Universidad de Guadalajara, todo cuestionamiento sobre proyecto o programa en materia de cultura deberá estar fundamentado en la dimensión de los hechos, en los índices de la repercusión social.
Para muchos jaliscienses, la presencia de la UdeG tanto en cabeceras regionales como en la Zona Metropolitana ha sido una contribución esencial para el desarrollo socioeconómico y cultural del Estado. Especialmente en actividades relacionadas con las artes y la cultura: concursos de plástica, literatura, arquitectura; y sobre todo, la vinculación del estudiantado en los aspectos identitarios de sus comunidades, en busca de fomentar el compromiso con la patria chica por parte del educando. Esta realidad está manifiesta en los programas de la educación media superior y en algunos programas curriculares de las carreras universitarias.
La planeación con visión a corto, mediano y largo plazo que representa el Centro Cultural Universitario y dentro del cual se circunscriben el Auditorio Metropolitano y la Biblioteca Pública del Estado "Juan José Arreola", entre los que ya se puede constatar obra terminada y en proceso, respectivamente, es una aportación universitaria que representa para Jalisco mucho más que la difusión de la cultura, y muchísimo más, vaya si sí, que cualquier acción equiparable coordinada por autoridades gubernamentales en los últimos 50 años, en cuyos archivos, lo más cercano o digno de comparación es la infraestructura realizada por el entonces gobernador Agustín Yáñez.
Es también desde la esfera universitaria, la pública, que se desprenden los más grandes acontecimientos, lo suficientemente fuertes como para ser imanes de turismo con su respectiva derrama económica. Ninguna política pública emanada de ningún Plan Estatal de Desarrollo ha concretado los logros sociales, económicos y culturales que representan actualmente la Feria Internacional del Libro y el Festival Internacional de Cine.
La creación de infraestructura, planeación y gestión culturales -como en pocos casos en todo el país- ha distinguido la labor de la UdeG; universidad como cualquier otra cuya obligatoriedad legal se basa en la docencia, la investigación y la difusión de la cultura, pero donde esta última guarda por tradición una importancia sobresaliente, estratégica y con resultados cuantificables, resultados que -paradójicamente- son el punto central de quienes reniegan de esta función universitaria.
Por lo anterior -incuestionable por sus resultados, sentido oportuno y nivel de satisfactor social y desarrollo económico-, resulta preocupante que dentro del conflicto que hoy se vive en la Universidad de Guadalajara se pierda o abandone la brújula en esta labor trascendental que viene desempeñando nuestra Universidad. E independientemente del desenlace que pueda tener la definición del rectorado hoy en pugna, debemos tener presente, tanto ciudadanos como universitarios, pero sobre todo autoridades del Gobierno del Estado, que para la conquista de la armonía y el correcto funcionamiento de las organizaciones, como la Universidad de Guadalajara, es imprescindible la legitimidad, cuyo valor es irrenunciable. Y ese valor debe ser la exigencia para quien ostente la rectoría general: legal, justo y con el reconocimiento y aceptación de la mayoría de quienes tienen el derecho y la obligación de elegir.
Para muchos jaliscienses, la presencia de la UdeG tanto en cabeceras regionales como en la Zona Metropolitana ha sido una contribución esencial para el desarrollo socioeconómico y cultural del Estado. Especialmente en actividades relacionadas con las artes y la cultura: concursos de plástica, literatura, arquitectura; y sobre todo, la vinculación del estudiantado en los aspectos identitarios de sus comunidades, en busca de fomentar el compromiso con la patria chica por parte del educando. Esta realidad está manifiesta en los programas de la educación media superior y en algunos programas curriculares de las carreras universitarias.
La planeación con visión a corto, mediano y largo plazo que representa el Centro Cultural Universitario y dentro del cual se circunscriben el Auditorio Metropolitano y la Biblioteca Pública del Estado "Juan José Arreola", entre los que ya se puede constatar obra terminada y en proceso, respectivamente, es una aportación universitaria que representa para Jalisco mucho más que la difusión de la cultura, y muchísimo más, vaya si sí, que cualquier acción equiparable coordinada por autoridades gubernamentales en los últimos 50 años, en cuyos archivos, lo más cercano o digno de comparación es la infraestructura realizada por el entonces gobernador Agustín Yáñez.
Es también desde la esfera universitaria, la pública, que se desprenden los más grandes acontecimientos, lo suficientemente fuertes como para ser imanes de turismo con su respectiva derrama económica. Ninguna política pública emanada de ningún Plan Estatal de Desarrollo ha concretado los logros sociales, económicos y culturales que representan actualmente la Feria Internacional del Libro y el Festival Internacional de Cine.
La creación de infraestructura, planeación y gestión culturales -como en pocos casos en todo el país- ha distinguido la labor de la UdeG; universidad como cualquier otra cuya obligatoriedad legal se basa en la docencia, la investigación y la difusión de la cultura, pero donde esta última guarda por tradición una importancia sobresaliente, estratégica y con resultados cuantificables, resultados que -paradójicamente- son el punto central de quienes reniegan de esta función universitaria.
Por lo anterior -incuestionable por sus resultados, sentido oportuno y nivel de satisfactor social y desarrollo económico-, resulta preocupante que dentro del conflicto que hoy se vive en la Universidad de Guadalajara se pierda o abandone la brújula en esta labor trascendental que viene desempeñando nuestra Universidad. E independientemente del desenlace que pueda tener la definición del rectorado hoy en pugna, debemos tener presente, tanto ciudadanos como universitarios, pero sobre todo autoridades del Gobierno del Estado, que para la conquista de la armonía y el correcto funcionamiento de las organizaciones, como la Universidad de Guadalajara, es imprescindible la legitimidad, cuyo valor es irrenunciable. Y ese valor debe ser la exigencia para quien ostente la rectoría general: legal, justo y con el reconocimiento y aceptación de la mayoría de quienes tienen el derecho y la obligación de elegir.