Sábado, 27 de Noviembre 2021
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Jalisco

Suspenden a magistrado; indagan abuso a menor

El Tribunal de Justicia también investiga si el juzgador José de Jesús Covarrubias Dueñas afectó a trabajadoras del Poder Judicial

El Informador

El Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco aprobó iniciar un procedimiento administrativo contra el magistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas, señalado por el presunto abuso de una menor.

El presidente Daniel Espinosa Licón propuso que fuera separado del cargo el tiempo que dure el proceso y retenerle el 70% de su salario. Negó que la medida sea excesiva o implique prejuzgar. Argumentó que lo planteó basado en una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. “Es una suspensión temporal durante el procedimiento, porque si vamos a investigar como pleno y él está en funciones, puede haber una intimidación. Es una decisión regulada en la norma, no es una decisión arbitraria”. También investigarán entre las trabajadoras del Tribunal si existió alguna conducta indebida del juzgador.

El proceso se desahogará de tres a cuatro meses y el señalado tendrá derecho de audiencia y defensa.

Espinosa Licón reiteró que el tema penal corresponde a la Fiscalía estatal, con la que ya colaboran porque solicitó copia del expediente de Covarrubias Dueñas.

En la discusión, el magistrado Manuel Higinio Ramiro Ramos argumentó que, aunque respalda la incoación del procedimiento administrativo, no apoya la medida de la separación del cargo y la retención del sueldo. Afirmó que no tienen competencia para tomar esa determinación. “De llegar a comprobarse, la conducta del magistrado es reprobable, pero es más reprobable que en la casa de la justicia no se respeten los debidos procedimientos. Estaríamos ante la presencia no del desarrollo de un debido proceso, sino de un linchamiento. Que se abra el procedimiento administrativo y se lleve la investigación”.

La magistrada Lucía Padilla Hernández también se pronunció en contra de la suspensión y retención del sueldo.

El pleno acordó dejar sin efecto la licencia que había autorizado previamente a Covarrubias Dueñas y definió que Rosa María del Carmen López Ortiz ocupe de forma temporal la Quinta Sala en Materia Civil.

La Fiscalía confirmó que el juzgador tiene una denuncia por amenazas a su pareja. 

El Tribunal de Justicia suspendió al magistrado Covarrubias Dueñas para investigarlo por el presunto abuso de una menor. ESPECIAL

De los delitos de Vega Pámanes, al presunto abuso sexual de Covarrubias

Tras la denuncia penal contra el magistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas por el presunto abuso de una menor, el Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco lo separó del cargo para investigarlo. Y en el Congreso del Estado, diputados de diferentes partidos se sumaron a las peticiones de que se le investigue y se le retire del cargo.

La silla que ocupa Covarrubias Dueñas sigue en la polémica. El Congreso lo nombró magistrado en 2017 tras la renuncia del entonces presidente del Poder Judicial en Jalisco, Luis Carlos Vega Pámanes, quien dejó el cargo en noviembre de 2016, luego que se dieran a conocer sus antecedentes penales.

La salida de Vega Pámanes fue porque se difundió que había sido sentenciado en 1984 por homicidio imprudencial y otros cargos, pero quedó libre a los cuatro meses bajo caución. No obstante, la Constitución de Jalisco establece que, para ser magistrado, no debe contar con una pena mayor a un año.
Ahora el sucesor está en otro presunto delito.

La diputada de Hagamos, Mara Robles Villaseñor, acudió al Supremo Tribunal y se reunió con el presidente Daniel Espinosa. Le pidió que el Poder Judicial solicite al Congreso estatal remover del cargo al magistrado Covarrubias. La legisladora, quien es integrante del Consejo General Universitario, rechazó que su postura sea para deslindar a la Universidad de Guadalajara de los señalamientos contra el juzgador.  

“Ninguna amistad, ninguna recomendación, nos va a detener en la lucha para que se castigue a pederastas y abusadores sexuales. Si alguien tiene complicidades, que se deshaga de ellas”.

Añadió que solicitará que sesione la Comisión de Responsabilidades del Consejo General Universitario para escuchar a las universitarias que durante años plantearon quejas contra Covarrubias,  quien tenía más de 40 años como profesor.

Tras la reunión con la diputada, el magistrado Espinosa Licón comentó que hay tres vías jurídicas en el caso. Primera: el proceso administrativo que inició el Supremo Tribunal. Segunda: la vía penal que sigue la Fiscalía del Estado (que en caso de encontrar elementos podría solicitar un juicio de procedencia al Congreso para retirar el fuero al juzgador). Y la tercera: el juicio político que puede presentar un ciudadano para solicitar la destitución (no hay una petición formal).

Sobre el caso, la fracción del PRI presentó iniciativa de acuerdo legislativo para exhortar al Supremo Tribunal iniciar un procedimiento de investigación y separar de sus funciones al magistrado. Horas después, el Tribunal determinó la separación temporal.

Por su parte, la fracción de Movimiento Ciudadano pidió la protección a la o las posibles víctimas. Y no revictimizar a la menor afectada. Refirió la necesidad de reformas para aplicar exámenes de control y confianza a los magistrados.

TELÓN DE FONDO

La polémica por el sueldo

En marzo de 2017, a un año de que se aprobara la reforma constitucional que obligaba a que  ningún servidor público del Estado ganara más que el gobernador, los magistrados mantenían supersueldos; algunos de éstos, pese a que entraron en funciones después de la entrada en vigor de esa modificación.

La reforma aprobada en 2016, si bien no tocaba a los actuales magistrados, sí ordenaba que los nuevos nombramientos no podían ganar más que el mandatario estatal.  Sin embargo, el nuevo magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, José de Jesús Covarrubias Dueñas, quien asumió el cargo a principios de 2017, ya percibía un salario mensual de 183 mil 505 pesos netos, superior a los 166 mil del gobernador.

Al ignorar la reforma, el magistrado debería ser castigado por el delito de “abuso de autoridad”, pero hay sanciones máximas que van desde la inhabilitación de su cargo por tres años,  cárcel de tres a ocho años, así como una multa de 196 días de salario mínimo.

Covarrubias justificó que el Artículo 123 de la Constitución establece que, “para trabajo igual debe corresponder salario igual”, por lo que él ganaba igual que sus homólogos, resistiéndose así a una reducción salarial. Pese a esto, en abril de ese año solicitó el ajuste a la baja.

La ley también  estipula que serán sancionados los servidores públicos que aprueben en los presupuestos las remuneraciones que contravienen  la reforma, pero tampoco hay rastro de sanciones.

Los salarios

  • Actualmente, cada magistrado tiene un sueldo de 173 mil 744 pesos mensuales, pero con otros estímulos asciende a los 218 mil 853 pesos.
  • Sin embargo, la realidad es que cada juzgador le cuesta al erario tres millones 084 mil 218 pesos al año.  
  • Con todo y prestaciones, cuestan 257 mil 018  al mes.
De nueva cuenta, el Poder Judicial de Jalisco está en la polémica, ante la denuncia contra un magistrado. La Fiscalía del Estado ya investiga el caso. EL INFORMADOR/R. Rivas

También lo suspenden de la UdeG

En las redes sociales circula un video donde se ve al magistrado con la menor de edad, después de que se diera  a conocer la denuncia por presunto abuso.

Integrantes del Colegio Nacional de Juristas y el padre de la menor hicieron público el señalamiento en contra del magistrado por los hechos ocurridos en marzo pasado durante un evento familiar.

Tras la denuncia, la Universidad de Guadalajara informó que el magistrado fue separado de la casa de estudios, donde también ejercía como académico, “a fin de salvaguardar la integridad de la comunidad estudiantil, académica y administrativa”.

Crecen denuncias por abuso y acoso sexual en Jalisco

Entre enero y septiembre de este año, en la Entidad se han denunciado tres mil 282 delitos contra la libertad y la seguridad sexual, principalmente abuso, acoso y hostigamiento sexual, violación simple y otros; es decir, el doble de los registrados en 2015, cuando se abrieron mil 540 carpetas de investigación, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Del total de averiguaciones previas iniciadas en este año, dos mil 083 corresponden a los delitos de abuso, acoso y hostigamiento sexual.

Tras darse a conocer el caso del magistrado, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres (Cladem) en Jalisco, emitió un pronunciamiento sobre el caso, en el que señaló que las víctimas de Covarrubias Dueñas “se cuentan por decenas a lo largo de décadas que se ha desempeñado como profesor de la Universidad de Guadalajara, y en donde a pesar de esto, llegó a ser director de la División de Estudios Jurídicos”.

Recuerda que hace más de 15 años acompañaron el caso de una alumna “de este sujeto, que lo denunció por acoso sexual y tocamientos”.

Por eso exigió al Congreso del Estado iniciar un juicio de procedencia para el desafuero del magistrado.

COMPARATIVO NACIONAL

Al día, 191 víctimas

Antes de conocerse el caso del magistrado de Jalisco, a nivel nacional fue denunciado otro político por presuntamente cometer delitos de violación y abuso sexual. Benjamín Saúl Huerta, entonces diputado federal por Morena, fue señalado por dos menores.

El pasado 11 de agosto, la Cámara de Diputados aprobó el desafuero del legislador. Días después fue detenido por la Fiscalía General de la Ciudad de México.

Pero no son casos aislados en términos generales en el país. Entre enero y septiembre de este año, a nivel nacional se han presentado 52 mil 167 denuncias por delitos contra la libertad y la seguridad sexual; es decir, un promedio de 191 al día, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Del total, 20 mil 982 denuncias penales corresponden a delitos por presunto abuso sexual, seguido por 11 mil 410 carpetas de investigación que se iniciaron por posibles casos de violación simple.

Lo grave es que, de acuerdo con la organización México Evalúa, el 98.6% de los casos de violencia sexual ocurridos durante el año pasado, no se denunciaron.

En una publicación realizada en marzo pasado, la asociación subrayó que si bien es cierto que en el último año se visibilizó más la violencia sexual en contra de las mujeres y niñas, al observar la disminución de la cifra negra a nivel nacional, “la realidad es que aún falta muchísimo camino por recorrer. Urge derribar el muro institucional que repele la denuncia y alimenta la impunidad en la violencia contra las mujeres”.

Acentúa que se debe reforzar la actual estrategia de prevención y erradicación de la violencia en contra de las mujeres, hacer un uso eficiente de los recursos públicos y mejorar la coordinación con los Gobiernos locales.

De acuerdo con el estudio “Violencia sexual infantil en México” de Early Institute, se destaca que a tres años de una revisión periódica y un monitoreo riguroso de la información de la violencia sexual reportada por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, aún no es posible conocer indicadores específicos sobre violencia sexual infantil a partir de la información de los delitos registrados.

“No obstante, se observa que los delitos de carácter sexual crecen año con año. Al respecto, se registraron un total de 53 mil 429 delitos sexuales en 2019, así como 54 mil 314 en 2020 a nivel nacional; es decir, 42 delitos de tipo sexual por cada 100 mil habitantes. Lo anterior resulta alarmante porque implica un crecimiento sobre la tasa de un 64% en los últimos cinco años”.

En 2018, la asociación puso en marcha el proyecto Alumbra (Una luz contra la violencia infantil), con el objetivo de prevenir la violencia sexual infantil en México.

De acuerdo con la organización México Evalúa, el 98.6% de los casos de violencia sexual ocurridos durante el año pasado no se denunciaron. AP/J. King

CLAVES

Impactos de la pandemia

Estudio. Al  analizar el impacto de la pandemia por el COVID-19, en el estudio “Violencia Sexual Infantil en México” de Early Institute, se destaca que los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportan que durante el año pasado hubo un incremento a nivel nacional en la incidencia de delitos sexuales. Pero se aclara que si bien se presenta un aumento, “es muy pequeño con respecto al acelerado crecimiento que se venía presentando en años anteriores en los delitos sexuales”.

Crecimiento. Durante el año pasado, la tasa de crecimiento anual fue del 1%, mientras que en el 2019 fue del 23%. “Al tomar los últimos cinco años, se observa una tendencia al alza del 64% en la tasa de incidencia por cada 100 mil habitantes en estos delitos. Una suposición lógica de esta disminución del crecimiento podría ser que las denuncias disminuyeron y no necesariamente la ocurrencia de los delitos sexuales, pues las cifras de incidencia delictiva se refieren a la presunta ocurrencia de delitos registrados en las averiguaciones previas iniciadas o en las carpetas de investigación a partir de las denuncias reportadas por las Procuradurías y Fiscalías Generales de las Entidades federativas”.

Encuesta. En el estudio se subraya que según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública, durante el año pasado,  el 95.1% de los delitos sexuales no se denunciaron, aunque los Ministerios Públicos permanecieron abiertos.

Diferencias. El año pasado se observó que durante el mes de abril hubo una disminución de los delitos sexuales denunciados, en un comparativo con los cinco años previos. “Sin embargo, pocos meses después, se observa un cambio porcentual mayor al comportamiento observado entre 2015-2019, particularmente en los meses de junio, julio y septiembre”.

Confinamiento. Otro factor relevante que se analizó, se añade, es la violencia familiar. “Organismos internacionales como la ONU han descrito el incremento en este tipo de violencia como la sombra de la pandemia. Como es bien sabido, se han presentado múltiples tensiones debido a los cierres escolares y comerciales, el confinamiento en casa, aislamiento, las pérdidas humanas y la vulnerabilidad económica. Así, se presume que la acumulación de este tipo de factores aumentó la violencia familiar y la vulnerabilidad de las niñas, niños y adolescentes”.

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