Violencia contra la mujer: impunidad e injusticia económica

GUADALAJARA, JALISCO (14/FEB/2016).- La violencia de género es un cáncer social que le cuesta la vida a decenas de mujeres cada año. De acuerdo al INEGI, 44.5% de las mujeres jaliscienses han sido víctimas de violencia por parte de sus parejas. Y una de cada tres fue objeto de violencia en los últimos 12 meses. Los datos son aterradores: una de cada cuatro mujeres en Jalisco vive con miedo en su propia casa; 12.2% se han visto obligadas a tener relaciones sexuales; 6.1% han sido amenazadas de muerte por sus parejas; 10% han sido encerradas, en pleno siglo XXI, y una de cada tres ha sido humillada en los últimos 12 meses. Y de la violencia emocional y física, pasamos a la violencia económica: las mujeres ganan 40% menos que los hombres en Jalisco; de acuerdo al Consejo Nación para Prevenir la Discriminación, el embarazo es la principal causa de despido en las mujeres; y, una mayoría de mujeres denuncia el hecho de que los hombres, en el divorcio, no cumplen con sus obligación de otorgar recursos económicos para la manutención de la familia.

En el mismo sentido, las mujeres sufren de acoso laboral, discriminación lingüística y menosprecio, tanto en la casa como en su lugar de trabajo. Y qué decir de su afectación en un entorno de combate al crimen organizado, en donde miles de mujeres han sido asesinadas y desaparecidas. La situación es de extrema gravedad y las políticas públicas para reducir la violencia no han tenido efectos positivos en los últimos años. La agresión contra las mujeres sigue siendo una práctica generalizada, sistemática y normalizada en Jalisco.

La violencia de género ha sido explicada desde múltiples raíces. Hay una escuela culturalista, que identifica la violencia como síntoma de una sociedad machista, en donde la represión de las mujeres está justificada culturalmente. Existe otra aproximación que se circunscribe a explicar el fenómeno como una expresión de la impunidad que afecta a países como México. En paralelo a las dos anteriores, otras investigaciones enfatizan el papel del poder y la subordinación en las relaciones sociales, y otros que creen que es producto de la estructura económica capitalista que discrimina y excluye a las mujeres. Seguro que una explicación integral del problema debe de abordar cada una de estas dimensiones. 

Sin embargo, en la coyuntura actual, tras la declaración de la alerta de violencia de género en Jalisco el pasado lunes, considero que dos variables son esenciales para reducir la violencia a las mujeres en un periodo no tan largo: la impunidad, vinculada también al bajo porcentaje de denuncia, y el “empoderamiento” de las mujeres, particularmente en la esfera económica. Entiendo que la raíz cultural, de marcada connotación machista en Jalisco, juega un papel fundamental. También, es innegable que la normalización de la violencia contra las mujeres en una sociedad como la nuestra, es un salvoconducto ideal para que los agresores no paguen por sus actos. Sin embargo, la construcción de una cultura de respeto a las mujeres, es un proceso que durará décadas, cambiar los patrones que se aprenden desde la familia y que se refuerzan en las escuelas, empresas y entre los amigos. Extirpar la violencia contra las mujeres del corazón mismo de la cultura, es un proceso que le ha tomado a muchos países más de un siglo. Es tiempo de dar el primer paso en el sector público, con un lenguaje incluyente y un rechazo a todo tipo de violencia, sin embargo comenzar con el combate a la impunidad y a la situación de asimetría económica de las mujeres, podría rendir frutos en un plazo más corto.

Impunidad

El perfil del agresor de género es un vivo debate al interior de la psicología y de la sociología. Se ha llegado a la única conclusión de que el agresor es “varón y de sexo masculino”. Es decir, no hay un perfil determinado. Algunos estudios como el que realizó la UNAM en 2012, delinean algunas características, pero demasiado vagas y sin pruebas contundentes. No hay edad, ni perfil socioeconómico y menos educativo para agredir. Y del lado de la víctima, tampoco existen vínculos de este tipo. En Jalisco, 32% de las mujeres sin primaria terminada son víctimas de violencia por parte de sus parejas, lo que no se aleja mucho del 31% de mujeres que estudiaron licenciatura y que también son agredidas.

La impunidad frente al delito, es un mal estructural que nos afecta a todos, sin importar condición social o nivel educativo. De acuerdo a los datos del INEGI, sólo 8% de las mujeres que han sido violentadas durante su relación, ha puesto una denuncia o ha pedido ayuda. En el caso de la denuncia, sólo se atreven las mujeres a dar el paso, cuando existe violencia física de por medio (65%). Lo preocupante, es que las mujeres viven en amplia soledad su proceso de discriminación y agresión: hay más mujeres que piensan en quitarse la vida, que en denunciar. Un fenómeno que nos debería avergonzar como sociedad. Y es que las causas para no denunciar son muchas, desde vergüenza e intimidación hasta protección de los hijos, pero sobre todo porque las mismas mujeres califican el acto violento como “algo sin importancia” o “porque así es su esposo”. Una violencia que la víctima interioriza e invisibiliza.

Por ello, el combate a la impunidad es fundamental. Primero, propiciando las denuncias. Las mujeres deben conocer todos los tipos de violencia que existen, desde la más obvia, la física, pasando por la más común, la emocional, hasta la más vergonzante, la sexual. Muchas mujeres no denuncian porque no saben que eso constituye un delito o porque creen que sus maridos tienen el derecho a reprimirlas. La burocracia y las barreras para denunciar deben ser retiradas para que la mujer se atreva a dar el doloroso paso de denunciar por violencia de género. Asimismo, habilitar los mecanismos necesarios para las denuncias anónimas y denuncias de terceros, así como hacer expedita la orden de protección para las mujeres que la soliciten, son pasos impostergables. Las mujeres no deben sufrir en soledad este viacrucis.

Empoderamiento de la mujer

La prevención de todo tipo de violencia contra la mujer, no puede obviar la asimetría económica que afecta al promedio de las féminas en nuestro Estado. Las mujeres se encuentran en una situación de desventaja con respecto a los hombres en prácticamente todos los aspectos de la vida económica: ganan mucho menos que los hombres; reciben ingresos menores que los hombres, incluso desarrollando el mismo trabajo; tienen una tasa de informalidad mayor que la de los varones, y su dependencia económica, con respecto a su pareja, muchas veces es pretexto para recibir maltratos y ser presa de violencia al interior del hogar. De acuerdo a los mismos datos del INEGI, antes referidos, 94.5% de las mujeres ha recibido agresiones de carácter económico, como no obtener los recursos para comprar lo indispensable en su casa, aun sabiendo que el marido cuenta con el dinero suficiente para solventar dichos gastos, y una de cada 10 mujeres que son violentadas no denuncia por los hijos y por preservar su integridad, en donde la economía juega un papel vital.

Por ello, el Estado no puede seguir pasivo ante esta asimetría estructural que daña profundamente la dignidad de las mujeres. Tampoco es un asunto que se resuelva con condecoraciones a las empresas que cumplan con una política activa de igualación de género. A nivel gubernamental, una estrategia a corto plazo implica darles a las mujeres violentadas, las garantías económicas necesarias para propiciar la denuncia y romper el círculo de violencia. Una residencia sería fundamental. Temporal y con condiciones, que pueden incluir prestar servicios a la comunidad, pero ninguna mujer agredida debe quedar en el desamparo. Asimismo, como lo asume también el gobernador del Estado, quien debe dejar el hogar no es la mujer violentada, sino el agresor. Proteger a la mujer en su propio entorno es la mejor manera de dotar de la seguridad necesaria a la víctima para que sepa que tras la denuncia, puede venir una vida mejor. Dificilmente alguien denunciará cuando sabe que lo que viene es peor.

Y, en segundo lugar, el empleo. Puestos de trabajo para mujeres que han sido víctimas de agresiones. Empleos que les permitan recuperar la confianza y empoderarse económicamente, rompiendo el ciclo de dependencia que las obliga a callar. La esfera material es fundamental para encontrar una igualdad real, y trascender el discurso de equidad de género que muchas veces se queda en acciones simbólicas pero que no toca la injusticia económica. Todo esto, en un proceso de igualación económica que ha transcurrido con notables éxitos en países como Suecia, Dinamarca o Italia, en donde la mujer ya recibe ingresos que son casi iguales que sus pares masculinos, e incluso mayores como en el caso de Dinamarca.

La violencia contra la mujer es un tema complejo y multidimensional. El machismo de nuestro país es, sin duda, un elemento que hace todavía más complicado modificar comportamientos sumamente arraigadas en nuestra cultura y tradiciones. Sin embargo, para tener resultados en un plazo no tan largo, es vital el combate a la impunidad, a través del fomento a la denuncia, la aplicación expedita de las órdenes de protección y perseguir de oficio los delitos que se enmarcan en la violencia de género. En el mismo sentido, el debate sobre la equidad de género ha olvidado la impostergable agenda de igualación económica entre hombres y mujeres, una asimetría que ha reproducido la subordinación y la dependencia de muchas mujeres a los dictados de los hombres, incluso cuando estos terminan en violencia. Las 15 medidas anunciadas por el gobernador del Estado abonan a resolver el problema, pero tocan tan sólo tangencialmente estos dos problemas. La alerta es un primer paso, ahora falta una política integral que ataque todos los elementos económicos, sociales y culturales que reproducen la discriminación contra la mujer.

En Jalisco, 32% de las mujeres sin primaria terminada son víctimas de violencia por parte de sus parejas, lo que no se aleja mucho del 31% de mujeres que estudiaron licenciatura y que también son agredidas.