Una maldición llamada petróleo

GUADALAJARA, JALISCO (15/SEP/2013).- Cuenta la leyenda que el petróleo puede ser más una cadena de atraso y subdesarrollo que una palanca de crecimiento económico y fortalecimiento institucional. Las naciones superavitarias en “oro negro” difícilmente han podido dar un salto de calidad hacia la construcción de instituciones sólidas, economías estables y dinámicas, así como un sistema fiscal que convierta la vieja relación clientelar de Estado-sociedad en un vínculo de contribuyente y prestador de servicios (como lo amerita una democracia moderna). A esto se le ha llamado “la maldición del petróleo”, la tentación de los estados petrolizados de edificar regímenes basados en la componenda y el populismo fiscal.

En la literatura sobre petróleo y desarrollo nunca se ha detectado con certeza qué fue primero el “huevo o la gallina”. Es decir, qué fue lo inicial: las inercias negativas como consecuencia del dinero fácil proveniente de la extracción de hidrocarburos o, por el contrario, ver en el petróleo y su abuso en materia fiscal otra cara del atraso y debilidad institucional del país. En el caso de México, queda claro que el petróleo es una manifestación más de las irresponsabilidades fiscales que se cometen en distintas arenas del gasto. Es reflejo de la forma en que se construyó el Estado mexicano, a través del corporativismo, los privilegios y las clientelas, antes que los derechos, las obligaciones y la ciudadanía crítica.

El hallazgo de Cantarell, a finales de la década de los setenta, significó simplemente el endurecimiento de estas tendencias de populismo fiscal, construcción clientelar de la relación Gobierno y Estado, así como un gasto de mala calidad. Tomemos el argumento de Carlos Elizondo en su libro Con dinero y sin dinero: tener Pemex ha sido un salvavidas para que el Gobierno Federal decida no emprender una reforma fiscal seria en décadas. No importa, ¿Para qué pelearse con los sindicatos? ¿Para qué cargar con el costo político de cobrar más impuestos? ¿Para qué volver más transparente el gasto, y con ello mejorar su calidad? ¿Para qué molestar a los empresarios? Para qué romper el equilibrio de bajos impuestos y mala calidad en el gasto si siempre tenemos a Pemex, que puede aportar un poco más para corregir la ineficiencia del modelo fiscal mexicano.

Reforma hacendaria insuficiente

Enrique Peña Nieto presentó el domingo pasado su propuesta de reforma hacendaria. Largamente esperada, al final, el proyecto del mexiquense no contempló la polémica extensión del IVA  a alimentos y medicinas. El contexto político no era propicio. Como lo ha demostrado hasta el día de hoy, el Presidente siempre está dispuesto a sacrificar profundidad por consenso. Peña Nieto prefiere reformas posibles y mantener a la izquierda (el PRD) en el barco del Pacto por México. Y si al mismo tiempo, le sumamos las protestas en la Ciudad de México por la reforma educativa y las primeras movilizaciones para la “defensa de Pemex”, la posibilidad de incluir IVA en alimentos y medicinas hubiera significado gasolina pura para los manifestantes.

Sin embargo, también hay una razón económica. Dice el libro de texto más elemental de la clase de Economía 1, que en un momento de debilidad económica, donde el mercado interno está lastimado, una reforma fiscal agresiva no es lo más recomendable, sobre todo si grava al consumo. Por el contrario, como dijera John Maynard Keynes hace décadas, en las puertas de una recesión el Estado debe gastar en obras de impacto multiplicador como es la construcción.

Impuestos directos

Comencemos con los puntos que tienen que ver con el ISR, tanto en materia de empresas como de personas físicas. Ahí está la propuesta de limitar la “consolidación fiscal”, un instrumento utilizado por holdings, que a través de empresas con pérdidas deducen de las rentables y que deberían de pagar muchos impuestos. De 2000 a 2006, de acuerdo con el investigador del Colegio de México, Sergio Aguayo, a través de este mecanismo los 50 corporativos más importantes de México pagaron en promedio 70 pesos de impuestos al año. Una cifra ridícula para sus ganancias. En el mismo sentido, también tenemos la iniciativa de elevar el techo de Impuesto Sobre la Renta (ISR) de 30 a 32%. El Presidente fue cauto en esta materia, ya que muchos esperaban una aventura más progresista en materia de ISR, buscando gravar más agresivamente a todos aquellos que sus utilidades pasan el millón de pesos al año. Al final, la tasa pasa de 30 a 32% para todos los contribuyentes que ganan más de 41 mil 666 pesos al año (20% de la población únicamente).

En el mismo sentido, el Presidente mandó una serie de nuevos impuestos interesantes en materia de recaudación. Por ejemplo, 10% a todas las utilidades que se den en la Bolsa de Valores; ahora también gravarán con ISR a los vales de despensa, y también la iniciativa plantea que ya no se pueda deducir el consumo en restaurantes. Esta parte que tiene que ver con el ISR, en su ampliación tanto sobre la renta como en las prestaciones, aportará en torno a 190 mil millones de pesos adicionales al gasto (131 mil de la consolidación y las reformas al ISR empresarial; 59 mil del ISR personal). A todo esto hay que quitarle el aporte del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) y el Impuesto a Depósitos en Efectivo (IDE) que se eliminan. El primer de estos gravámenes aportaba 16 mil millones de pesos a las arcas nacionales.

Sobre el IVA

La mayor polémica de la reforma propuesta por el Presidente es el caso de la deducción y el IVA  a colegiaturas. En un planteamiento inesperado, el titular del Poder Ejecutivo pidió al Congreso que se elimine la posibilidad deducir colegiaturas privadas, y no sólo eso, sino que también se grave a la educación privada con IVA. Esto quiere decir que un estudiantes de preparatoria que pagaba dos mil 500 pesos mensuales, que podía deducir enteros (ése era el límite), ahora tendrá que pagar dos mil 875 pesos completos, sin posibilidad de deducir nada. A pesar de que en el último estudio del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) se advierte que la deducción de colegiaturas, es, por mucho, el gasto más regresivo (que genera mayor inequidad), el problema de la educación en México es muy complejo.

Por un lado, es cierto que parecería injusto que el Estado pagara a través de deducciones la educación de jóvenes que pueden costear sin problemas su formación. Sin embargo, por el otro lado, particularmente de nivel medio-superior y superior, todos los días son rechazados miles de jóvenes y que no tienen otra opción más que acudir al mercado para pagar por su educación. Es eso, o dejar de estudiar y limitar seriamente sus oportunidades, sin dejar de lado las tentaciones vinculadas al crimen organizado.

Aunque no se contempla IVA en alimentos y medicinas, los impuestos al consumo son por mucho los más tocados de esta reforma. Estos son algunos de los productos o transacciones que serán gravados con IVA de aprobarse la reforma fiscal: comprar o rentar un inmueble, o incluso las hipotecas; se elimina la exención al transporte público foráneo; se deja desgravado el teatro y el circo como espectáculos, pero se grava a todos los demás incluido el fútbol y el cine; chicles, alimentos para animales y refrescos, entre otros productos.

¿Seguridad social universal?

Y la “zanahoria” para aprobar todo lo anterior y frenar un poco el descontento popular que se fermenta tras cualquier propuesta de reforma fiscal, es la construcción de una red de seguridad social que incluye seguro de desempleo y pensión “universal”.

El seguro de desempleo como está planteado en la propuesta presidencial estará dirigido a beneficiar a todos aquellos ciudadanos que pierdan su empleo únicamente en el sector formal, otorgando de apoyo un salario mínimo mensual (entre mil 800 y dos mil pesos al mes), durante un máximo de seis meses. Y aquí llega un problema: el financiamiento del programa se compondrá de una tercera parte de aportación del Estado y dos terceras partes de contribuciones de los empleadores (o de los trabajadores). Los empresarios no están contentos.

En el caso de la pensión universal parece que tiene todo menos universal. Solamente podrán entrar al programa los contribuyentes que ganen hasta 15 salarios mínimos al mes. Es decir, unos 960 pesos al día. Cualquiera que gane 961 pesos o más, quedarán fuera de acceder a una pensión universal.

¿Se murió el IVA en alimentos y medicinas?

La discusión sobre la ampliación del IVA a alimentos y medicinas comienza a ser vieja. Desde los noventa, cada inicio de sexenio, el IVA en alimentos y medicinas se convierte, junto con la reforma de Pemex, en los temas más controversiales. No cabe duda que Peña Nieto revisó las encuestas y se dio cuenta que la batalla no era fácil: nueve de cada 10 mexicanos rechazan la posibilidad de gravar con IVA a alimentos y medicinas. Es una medida tremendamente impopular, pero que a pesar de eso, el gravamen existe en prácticamente todos los países de América Latina.

No era la coyuntura ideal para lanzarse por una reforma profunda al sistema fiscal. Las razones políticas y económicas pesaron más y diluyeron la reforma. Sin embargo, tal parece que será improbable que en los siguientes años exista un momento propicio para que la Presidencia decida entrarle a fondo a nuestro atrasado, injusto e ineficaz régimen fiscal.  El siguiente año se aprobarán los presupuestos que regirán en las elecciones intermedias de 2015, por lo que seguramente la lógica electoral derribará cualquier atisbo de valentía de la Presidencia. Y si el Peña Nieto no logra mayoría en la elección intermedia las cosas se complican aún más. ¿Será que acudimos en 2013 al entierro del IVA en alimentos y medicinas en lo que resta del sexenio?

Todo parece indicar que mientras Pemex produzca 2.5 millones de barriles al día, a la clase política no le urge una reforma fiscal de verdad.