Un año político

GUADALAJARA, JALISCO (27/DIC/2015).- El calendario de elecciones en México es alérgico a los acuerdos. La tiranía de cronos nos empuja a la resignación: las urnas tumban los proyectos. Lo urgente de la lucha por el poder eclipsa lo relevante de la construcción de las soluciones a nuestros problemas. Y es que el calendario marca el fin de una contienda electoral, y automáticamente, ya estamos pensando en la cita próxima. A una clase política con miopía y sin visión de Estado, le añadimos una agenda electoral que desincentiva la consecución de los acuerdos estructurales que necesita el país, y que necesita Jalisco.

A pesar de ello, cada trienio, el calendario nos da una pausa, un año en el que los comicios aún son lejanos y la posibilidad de encontrar consensos es mayor. El año que comenzamos, 2016, es el año más político, pero político en “mayúsculas”, de la política de los acuerdos y las coincidencias, con una serie de temas que se discutirán y en donde las reformas sólo tienen sentido si se encuentran cauces adecuados para que MC y el PRI, que representan a ocho de cada 10 habitantes de Jalisco, pacten transformaciones de calado. La mezquindad política, la cerrazón a colaborar en los temas estratégicos para Jalisco, es siempre una posibilidad, pero al menos lo lejano del horizonte electoral podría servir para que los grandes rivales políticos se pongan de acuerdo durante 2016.

La seguridad

La seguridad es, y será durante el próximo año, el asunto a resolver. El presente año concluye con un incremento en los homicidios dolosos, poco más de un 10%, y reajustes en los cárteles de las drogas que operan en Jalisco. Asimismo, el cambio de administraciones municipales, particularmente las metropolitanas, han provocado algunos incrementos en la violencia en zonas céntricas de la ZMG. Desde los lamentables eventos del primero de mayo, hasta el día de hoy, la inseguridad volvió a dominar la agenda pública. No hemos podido escapar de ella, y el incremento en indicadores como las extorsiones, es más que preocupante. 

2016 apunta como el año de los cambios. Los alcaldes metropolitanos se comprometen a echar a andar el proyecto de “Ciudad Segura”, en concreto la instalación de una policía metropolitana. De acuerdo con lo que han dicho los ediles, tal estructura conviviría con la Fuerza Única Metropolitana respaldada por el gobernador del Estado, y con el mantenimiento de policías municipales. Así, podríamos ver en la metrópoli, la superposición de cuerpos de seguridad, dejando de lado inexplicablemente la posibilidad de encontrar canales de comunicación para construir un solo cuerpo policiaco con mayores atribuciones y respaldado por el consenso de las partes involucradas. Jalisco, y particularmente la capital, perdería una gran oportunidad de constituir un modelo de seguridad a largo plazo, si se privilegian los objetivos políticos y los protagonismos, y se dejan de lado los aspectos técnicos del debate sobre la seguridad. Es tiempo de repensar el modelo de seguridad, incluso de ponerlo “patas arriba”, pero siempre asumiendo que para que el proyecto sea sustentable, debe involucrar a todos los actores del problema. Parchar no sirve de nada.

Movilidad

Nadie duda de que la movilidad es la principal prioridad del gobernador del Estado. Con severos problemas de aplicación, y atrasos considerables, pero Aristóteles Sandoval ha impulsado una agenda que incluye el reordenamiento del transporte público, la modernización del sistema de autobuses, atacar el problema de las muertes por accidentes de tráfico, encontrar un marco regulatorio adecuado para la movilidad estatal, y sin olvidar la construcción de una línea más de tren ligero. 

La movilidad necesita ley, la aplicación del estado de derecho, pero sobre todo necesita pactos políticos. Las inercias y complejidades que impiden que el transporte público en nuestra Entidad se modernice, son tan grandes que sólo los acuerdos políticos pueden enfrentarlos estructuralmente. La movilidad tendría que salir de la agenda de partidos, y entrar en la agenda estratégica del Estado. No es posible que el debate técnico sobre la tarifa del transporte público sea sustituido por una pelea de gallos entre actores políticos. Tampoco es posible que las competencias en materia de tránsito y movilidad, estén sujetas a una pugna política en donde el protagonismo es la única variable de consideración.

Un pacto es fundamental. No me refiero a esas “grandes alianzas” en donde se incluyen representantes de todo el mundo, con el objetivo de que nada bueno salga de ahí. Un pacto de la política, de los partidos y organizaciones civiles, que le ponga cara a esas inercias que mantienen a la ciudad con una estructura de movilidad obsoleta, de baja calidad y muy dañina para el medio ambiente. La agenda de modernización del transporte público tendría que ser transexenal, así como la apuesta de las administraciones metropolitanas por recuperar las banquetas y los espacios públicos tendría que ser una labor que conjugue los esfuerzos de las autoridades municipales y del Gobierno del Estado. El pacto en materia de movilidad debería aclarar hasta dónde llega uno y hasta dónde llega el otro, así como los canales de cooperación.

Regeneración democrática, pobreza y desigualdad

El Estado también necesita una agenda de regeneración democrática. Tras 21 años desde la alternancia del poder institucional en Jalisco, hoy la democracia les dice poco a los habitantes de nuestra Entidad. La democracia parecería, en boca de muchos, un bonito concepto que utilizan los partidos políticos para monopolizar la representación. La democracia en Jalisco no tiene defensores, luce vieja a su corta edad, es demasiado cara para los beneficios que otorga y parece secuestrada por intereses que pululan y viven de la explotación de lo público. La democracia, como sistema de reparto de poder, se encuentra muy lejos de cumplir con aquellas promesas que nos hizo hace apenas algunos años. Hasta aquí llegó el modelo democrático que nos dejó la transición, es tiempo de un segundo ciclo de reformas que dinamicen a nuestro adormilado sistema político.

En enero, el Congreso dará el “pitazo de salida” a la discusión sobre la Ley de Participación Ciudadana. Existirán al menos tres propuestas sobre la mesa que incluyen a 90% de la representación del Poder Legislativo. Existen dos formas de negociar la ley: encontrar los consensos necesarios para que sea un marco normativo que amplíe los canales de participación ciudadana, pero a la vez sea aplicable. O, una guerra de protagonismos entre partidos políticos que termine como ya sabemos: con leyes de bajísima calidad e inaplicables. Si en participación ciudadana ocurre lo mismo que con las reformas electorales, Jalisco tendrá una ley sin rigor, que favorece algunos y perjudica a otros, y por lo tanto, sin credibilidad pública.

Y en paralelo a la ley de Participación Ciudadana, la regeneración democrática pasa al menos por otras cuatro arenas: revisar el modelo de fiscalización del Estado; profundizar la rendición de cuentas del gobernador y, por lo tanto, su retorno al Congreso, y también fundamental, una estrategia de articulación de esfuerzos en el combate a la corrupción. Como cuarta arena, la reforma inaplazable al Poder Judicial. Regeneración democrática no es simplemente hacer consultas o dar la posibilidad de que los candidatos independientes accedan a su registro con menos barreras, sino hacer que el sistema de pesos y contrapesos sirva, profundizar la rendición de cuentas y combatir la impunidad en todos los niveles de Gobierno. No es una agenda menor, la agenda política no desata suspiros ni grandes aplausos de la “comentocracia”, pero es el inicio de todos los cambios, tiene que ver con el poder, el uso y los límites a dicho poder.

Por último, pero no por ello menos importante, el combate a la pobreza y la desigualdad. Jalisco logró avances inesperados en la reducción de pobreza que quedan registrados en el estudio presentado por el Coneval durante 2015. Tanto en pobreza extrema como en pobreza multidimensional, nuestro Estado detuvo la inercia negativa que dejó el PAN en esta materia, y permitió que más de 200 mil jaliscienses salieran de la pobreza en el periodo de 2013 a 2015. El asunto es si la tendencia se mantendrá o si, por el contrario, veremos un rebote al alza durante los próximos dos años. Es fundamental la articulación de programas sociales estatales, con la alta inversión en esta materia que aprobaron particularmente los municipios metropolitanos. Entre Gobierno del Estado y los municipios de la ciudad, podemos hablar de casi cuatro mil millones de pesos destinados al combate a la pobreza, la generación de oportunidades y la reducción de asimetrías económicas. No es cifra menor, y con algo de coordinación, podríamos hablar de una bolsa sin precedentes en un Estado como Jalisco.

Jalisco entra a 2016 con una agenda inagotable de pendientes. Ante un calendario que suele ser el gran enemigo de los proyectos públicos con dirección y sentido, cada trienio se abre una ventana de un año en donde las elecciones lucen todavía lejanas y, por lo tanto, es posible encontrar los consensos necesarios para hacer cambios de fondo en Jalisco. Cualquier cambio, ya sea en materia de movilidad, seguridad o regeneración democrática, depende de encontrar los acuerdos necesarios entre las dos fuerzas políticas más importantes de Jalisco: MC y PRI. Se necesita una política alejada de los cálculos electorales y los protagonismos pasajeros, para dar paso a la articulación de visiones para la modernización política y económica de Jalisco. El tono, tanto de Aristóteles Sandoval como de Enrique Alfaro, esbozan la posibilidad de los consensos, y tras un inicio desgastante, hoy podemos decir que existe voluntad de ambos para tener un 2016 con acuerdos y cambios consensuados. Desaprovechar el año que recién comienza podría llevarnos al agotamiento de un ciclo que se renovará hasta la elección de gobernador en 2018. Jalisco necesita de una generación de políticos a la altura de los desafíos del Estado y no otra generación influida por la mezquindad de los cálculos electorales.