Jueves, 09 de Octubre 2025
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Se matan entre ellos

La justificación del gobierno ante la ola de homicidios siempre se repite: los muertos son los criminales

Por: EL INFORMADOR

La guerra contra el narco de Calderón supuso que en un lustro, se triplicara la tasa de homicidios en el país. NTX / ARCHIVO

La guerra contra el narco de Calderón supuso que en un lustro, se triplicara la tasa de homicidios en el país. NTX / ARCHIVO

GUADALAJARA, JALISCO (21/AGO/2016).- Durante el sexenio de Felipe Calderón se repetía como una especie de mantra: el incremento de los homicidios en México se debe a que “los criminales se están matando entre ellos”. Los Pinos trazaban un cordón sanitario artificial que servía de justificación. Los malos son asesinados; los buenos pueden vivir tranquilos. Una escisión de dos méxicos, el de los narcos en donde se asesina, se secuestra y se viola, y el del resto de la población, que no tiene nada que temer. Dos méxicos que de acuerdo al discurso oficial estaban tajantemente divididos, y no había esta descomposición del tejido social de la que hemos hablado por un buen tiempo. Los datos nunca confirmaron esta división tan tajante como irreal. La guerra contra el narco del Presidente Calderón supuso que en el plazo de un lustro, se triplicara la tasa de homicidios en el país. Pasamos de ocho homicidios por cada 100 mil habitantes, en 2007, a 26 a  finales de 2011. Y de acuerdo a las cifras que permanentemente registra el investigador Eduardo Guerrero, el crecimiento en los homicidios no sólo se debe a ajustes entre los cárteles de la droga, también la proporción de homicidios por otros tipos de violencias crecieron alarmantemente.

Más allá de cifras, otra de las herencias que el calderonismo tomó prestadas del régimen autoritario, es la justificación de la violencia aludiendo a que “si te portas bien, nada te pasará”. Es un asunto entre malos; es un ajuste entre los propios narcos. “Seguro andaba en malos pasos”, como reza la frase repetida por mucha gente. La construcción de esta narrativa, que ha tenido una increíble adopción social, ha tenido severos impactos tanto en nuestro incipiente Estado de Derecho como en el imaginario que tenemos los mexicanos del problema del narco. Hubo una gran irresponsabilidad del Gobierno de Calderón al utilizar la palabra “guerra” para referirse a un reto que tenía que ver con la política de drogas y el combate a la impunidad en México.

En primer lugar, se matan entre ellos, como discurso oficial para explicar el incremento de la violencia, es una justificación para ni siquiera abrir investigaciones por homicidios en México. Las cifras no mienten. La tasa de impunidad en homicidios oscila entre el 92%, su nivel más alto en 2012, al 85% actual. Y de acuerdo al Índice Global de Impunidad que realiza cada año la Universidad de Las Américas en Puebla (UDLA), la impunidad se institucionaliza a través muchísimos indicadores de debilidad institucional y corrupción. Así, la narrativa del cordón sanitario, el discurso de se matan entre ellos, funciona para justificar la no investigación de miles y miles de asesinatos. Respalda discursivamente la inacción gubernamental, lo que resulta muy peligroso. ¿Para qué investigar si sabemos que el ajuste de cuentas fue entre “malos”? ¿Para qué abrimos causas si sabemos que se están matando entre ellos?

Así, se viola la presunción de inocencia y se investiga de acuerdo a las condiciones que supuestamente originan los homicidios, pero siempre partiendo de una intuición y no de certezas. Ninguna autoridad, por más segura que esté del móvil de un asesinato, puede pasarse por el Arco del Triunfo el estado de derecho y llegar a una conclusión sin antes haber llevado un debido proceso. El “se matan entre ellos” deslinda al Estado de su responsabilidad con las víctimas y con el esclarecimiento de los crímenes. No puede haber justicia sin debido proceso y, lamentablemente, en México se hacen investigaciones por intuiciones o con bajísimos niveles de pruebas. A veces son simples dichos de testigos. Como lo alertó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en particular el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, los métodos de procuración de justicia en México dejan mucho que desear. Una narrativa que favorece la impunidad y criminaliza a las víctimas.

En segundo lugar, este discurso profundiza la dimensión bélica de un problema de inseguridad que debería tener como principal objetivo la reducción de la violencia. Se matan entre ellos constituye un imaginario que divide a nuestra sociedad entre buenos y malos. En algún momento el propio presidente Felipe Calderón dijo que el incremento en los asesinatos era una consecuencia lógica de enfrentamientos entre los cárteles ante el asedio del Estado. A tal nivel llegó Calderón que incluso dijo que el incremento en los homicidios nos acercaba al objetivo de acabar con el narcotráfico. Un razonamiento sumamente peligroso y más proveniente de un Gobierno: entre más malos caen asesinados, más éxito tiene nuestra estrategia. Enchina la piel que un Gobierno pueda tener a la anterior como una premisa de actuación. Hasta parece que detrás del razonamiento hay una suerte de merecimiento de la muerte, como si no fueran mexicanos, igual que usted y que yo, que a pesar de su actividad su vida debe ser protegida por los gobiernos.

En tercer lugar, es un discurso que brinda una falsa paz. Tal como aquel que cree que debajo del marco de una puerta puede evitar ser dañado por un terremoto, es ingenuo creer que en un país en donde han muerto 180 mil mexicanos en nueve años, se puede estar al margen de la violencia. Es una forma de mentirnos constantemente: sólo mueren los malos. En realidad, como lo demuestra “marcados para morir”, un lúcido artículo de José Merino, Jessica Zarkin y Eduardo Fierro en Nexos, los homicidios más que con los “criminales”, se ensañan con los pobres y carentes de oportunidades educativas. Más que un discurso que apele a la realidad o que quiera explicarnos la situación de violencia que vive el país, es una especie de frase tranquilizadora que nos hace olvidar que los desaparecidos y los muertos en este país no sólo tienen que ver con el narco. Incluso, de acuerdo a los datos que tiene la Fiscalía General del Estado, sólo uno de cada ocho desaparecidos se encuadra en el perfil de una pugna entre células del crimen organizado.

Y en cuarto lugar, se desdeñan los procesos judiciales, el entramado institucional que nos da certeza de esclarecer la verdad sobre un asesinato, y se apuesta por el escándalo mediático, por el juicio momentáneo de la opinión pública. Sabemos que cuando el procurador, fiscal o ministerio público tiene avances en las investigaciones, informa a la opinión pública sobre la construcción global del caso. Aborda algunas líneas de investigación y busca tranquilizar a la opinión pública con información. Hasta aquí, todo en orden. Sin embargo, suele pasar otra cosa: los encargados de defender el interés público, sea procurador o fiscal, dan ruedas de prensa en donde se asumen como jueces ad hoc de lo sucedido. “Se matan entre ellos”, asumiendo una posición que no tiene nada que ver con las competencias del funcionario y que gravemente viola el debido proceso, así como la presunción de inocencia. A quien le toca dictar sentencias es al juez, para eso existe la separación de poderes. Violaciones al debido proceso de esta magnitud han llevado a que la Suprema Corte deje en libertad a presuntos criminales por la falta de observancia a un derecho humano, como es el caso del debido proceso. Y, ahora, con el Sistema Penal Acusatorio, dichas violaciones al debido proceso constituirán una parte esencial de la cadena judicial. Queda claro que las autoridades no están ni medianamente conscientes  de los retos que se les vienen encima.

“Se matan entre ellos” se convirtió en un lamentable estribillo para justificar el aumento de la violencia en el país. Hoy en día, a ese mantra recurren alcaldes, gobernadores, fiscales y más. Esta narrativa viola el Estado de Derecho, favorece la impunidad, criminaliza a las víctimas y despoja al Estado de su responsabilidad de investigación. No niego que en muchos casos la autoridad tenga razón, el asunto es diferenciar entre justificación, e incluso elusión de responsabilidades, y explicaciones, que se deben de dar cuando los tiempos jurídicos sean los propicios para no violar el debido proceso. Sin embargo, tras más de 180 mil muertes en nueve años, el país necesita reconciliación y abandonar, de una vez y para siempre, el discurso belicista que sólo agrava el conflicto y la división. Olvidemos la narrativa del calderonismo que se mueve en las dicotomías y que construye enemigos para rentabilizar políticamente. Las drogas son un tema de salud pública que tiene que ser abordado bajo esa lógica. Esto no es un asunto de buenos y malos, de que los buenos se salvan y los criminales mueren. Decir adiós a la guerra, que lamentablemente no se ha ido ni en la práctica ni en el discurso.

Tapatío

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