Domingo, 16 de Febrero 2020
Suplementos | La democracia se basa en la diversidad de propuestas partidistas

Pluralismo de ficción

La democracia se basa en la diversidad de propuestas partidistas. Pero qué pasa cuando pagamos mucho dinero por tantos partidos

Por: EL INFORMADOR

Los partidos políticos en México son reconocidos como instituciones de interés público, con autonomía y enormes caudales de dinero. ESPECIAL / J. López

Los partidos políticos en México son reconocidos como instituciones de interés público, con autonomía y enormes caudales de dinero. ESPECIAL / J. López

GUADALAJARA, JALISCO (20/NOV/2016).- La teoría no es compleja. Una democracia debe tener cuando menos dos partidos. No existe democracia unipartidista, por obvias razones. La teoría dice que esos partidos deben tener propuestas diferentes para representar a una sociedad heterogénea y diversa. Partidos liberales, conservadores, de izquierda, de derecha, verdes y de lo que se nos ocurra. La idea es que entre ellos compitan por ver quién es capaz de suscitar más simpatías entre la gente. El partido que convence a más gente, gana las elecciones y gobierna por un periodo determinado de tiempo. Pero su labor no acaba ahí. Luego, de acuerdo a sus votos, los partidos ocupan asientos en las cámaras, en los gobiernos estatales y locales. Así, la función de los que pierden es supervisar al que gana. Fiscalizar a quien gobierna. Oponerse a lo que creen que hace mal y colaborar en aquello que juzgan correcto. Es decir, ser un contrapeso del partido que gobierna. Por eso hay muchos partidos; por eso pagamos muchísimo dinero para que existan partidos de todo tipo.

Sin embargo, a menudo la teoría no corresponde con la realidad. A menudo, el pluralismo inherente a la democracia, se vuelve de ficción. A menudo, la oposición se vuelve una extensión del Gobierno. Los partidos votan reformas que no tienen nada que ver con sus propuestas en campaña y sus principios. Aprueban presupuestos públicos que vulneran las razones que llevaron a los electores a votar por ellos. Consienten nombramientos públicos que atentan contra la razón de ser de la división de poderes. Y, todavía peor, en abierta contradicción de lo que marca la teoría clásica de la democracia, en lugar de denunciar la corrupción del Gobierno, ser un contrapeso ante los abusos, la oposición se convierte en una tapadera. El pluralismo como escudo ante los posibles abusos del poder se convierte en una gran alianza por la impunidad. Es como si el multipartidismo se transforma alquímicamente en unipartidismo. No solo no se denuncia, se protege; no sólo no se cuestiona, se es cómplice. O como diría María Amparo Casar, el “tapaos los unos a los otros”.

Hace dos décadas, los politólogos Richard Katz y Peter Mair acuñaron el término “el partido cartel”. Así lo definen: “se puede definir un sistema cartelizado como aquel en el que los principales partidos, de Gobierno y oposición, cooperan con alguna frecuencia para asegurar su posición dominante y su acceso privilegiado a recursos estatales decisivos para la supervivencia de todos y que minimizan los costos de derrotas electorales”.

En economía, un cartel es un acuerdo entre empresas para evitar la competencia entre sí. Ignoran al consumidor y los principales actores del mercado se ponen de acuerdo para definir precios y evitar la competencia que llevaría a mejores condiciones para los ciudadanos. En política ocurre algo similar, lo vemos en México. Los principales partidos políticos se ponen de acuerdo para mantener sus privilegios; se ponen de acuerdo para evitar procesos reales de rendición de cuentas. Dos ejemplos hemos tenido en las últimas semanas: el primero, la negociación del presupuesto, y el segundo, el nombramiento del nuevo procurador general de la República.

No hubo partido político de oposición que no criticara los presupuestos nacionales enviados por la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados. Los recortes en educación y salud son históricos. De la misma forma, los recursos para obra pública rozan el mínimo en décadas. Y, sin embargo, el viernes 11 de noviembre, los presupuestos fueron aprobados con el “sí” de 438 de los 500 diputados. Es decir, la aprobación del 87.6% de la Cámara. Sólo se opusieron al paquete económico, los 34 legisladores de Morena y dos del PRD. El resto, a pesar de las sonadas críticas, levantaron la mano y dijeron sí al proyecto presupuestal presentado por Peña Nieto. Y no sólo eso, en la misma sesión, los diputados se subieron el sueldo de 1 millón 432 mil pesos al año a 1 millón 460 mil pesos -sí, después de hablarnos meses de austeridad-. Pero más increíble es que cada año pasa lo mismo. Desde 1997 a la fecha, de acuerdo a los datos de Integralia, el presupuesto de egresos es aprobado por una súper mayoría de entre 84 y 98%. ¿Cómo es posible que todos estén de acuerdo con el presupuesto que presenta el Ejecutivo? ¿Qué explica esa rareza mexicana que hace que los diputados no se opongan a las asignaciones que plantea al Presidente?

Simple: porque el presupuesto constituye la cúspide de este proceso de erradicación del pluralismo en el sistema de partidos. En el presupuesto, que como bien se ha definido “es la política hecha números”, entran los intereses de todos. El dinero para los partidos. El dinero para los alcaldes. El dinero para los gobernadores. El dinero para las metrópolis. El dinero para el campo. El dinero para sindicatos. El dinero para obra. No hay ningún incentivo para oponerse, ya que la negociación del presupuesto explota el lado más particularista y clientelista de la política mexicana. Nos damos cuenta que los diputados no están ahí para defender a un anciano desprotegido por la seguridad social o para que un joven pueda estudiar en la universidad pública. El presupuesto es una gran cobija que debe proteger los intereses de los partidos políticos y, por eso, el gasto programable, el que sí se puede mover, es el espejo de las pujas y los intereses particulares. Y después nos preguntamos por qué no funciona el gasto público para reducir desigualdades y combatir las precariedades, la negociación política es una buena pista para darnos una explicación.

Los nombramientos son reflejo de esa tendencia de los partidos políticos a responder como clase y no como responsables ante su electorado. El Presidente de la República decide proponer a Raúl Cervantes como titular de la Procuraduría. El ministerio público que, por regla general, debería operar de forma autónoma del Ejecutivo. En 2018, por cierto, se pone en marcha la reforma que transforma a la PGR en la Fiscalía. Y, a pesar de ello, el Presidente propone a un militante del PRI, a quien fue el abogado de su campaña. Sin ningún tipo de maquillaje, el Jefe del Ejecutivo apuesta por un perfil partidizado para encargarse de la procuración de justicia en el país. En cualquier democracia medianamente civilizada, la propuesta sería un escándalo. Y, sin embargo, en México, el Senado lo ratifica en tiempo récord y sin objeciones. ¿Cómo explicarnos esta renuncia tan explícita de la Cámara Alta a ejercer sus funciones? ¿De verdad un senador del PAN o del PRD piensa que un ciudadano le dio su voto para que levante la mano y permita que un militante subordinado al Ejecutivo se encargue de la Procuraduría? Me temo que hay un extravío democrático más que evidente.

Los partidos políticos en México son reconocidos como instituciones de interés público, con autonomía y enormes caudales de dinero, por una sola razón: para no caer en la órbita del Ejecutivo, y de poderes fácticos, convirtiendo nuestra democracia en un pluralismo de ficción. Sabemos que la autonomía institucional y partidista fue fundamental para construir el régimen de la transición en México. A pesar de esos buenos deseos fundacionales, hoy estamos en el peor de los mundos. Mantenemos un sistema de partidos muy caro y opaco, supuestamente para dotar de autonomía a sus decisiones y para que puedan defender los intereses de su electorado; no obstante, en los temas clave se convierten en una clase más preocupada por mantener sus privilegios que por acordarse de sus votantes. Siempre fui un firme convencido de la idoneidad del dinero público para financiar a los partidos como forma de evitar su cooptación por parte de poderes fácticos que pueden ir desde el narco hasta los empresarios con más capacidad de chantaje. Sin embargo, el modelo se agotó: nos cuesta una fortuna y no tenemos partidos autónomos. Es tiempo de repensar el modelo de financiamiento de los partidos políticos, su autonomía y el estatus que ocupan en el marco constitucional del país.

Hace tiempo lo escribió Mauricio Merino: la transición votada en México supuso enfocar nuestras baterías a reformar el sistema electoral, pero nos olvidamos que después de las elecciones hay que gobernar. Nunca pusimos igual ahínco en aceitar la división de poderes que parece hoy en día una simulación, y menos en entender la importancia del combate a la corrupción en las democracias recién nacidas. La transición a la democracia dio lo que pudo dar. El multipartidismo pagado con recursos públicos no nos llevó a una democracia de competencia y a mejores oposiciones políticas, sino simplemente a la simulación, la protección de intereses particulares y el derroche de recursos millonarios en burocracias partidistas. Los partidos políticos deberían ser mantenidos por sus militantes y simpatizantes, y con esas reglas de financiamiento, que existan los que sean. Nuestro modelo de financiamiento público sólo nos ha llevado a la cartelización de nuestros partidos que en los temas espinosos de la agenda se convierten en un solo interés con una sola agenda. Recordemos, un buen Gobierno siempre necesita una buena oposición-la enseñanza británica.

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