Logo de aviso informador Logo de circulo informador Logo de gente bien
Miércoles, 14 de Noviembre 2018

Suplementos

Suplementos | El escándalo sobre Pámanes confirma el extravío institucional del Poder Judicial

La punta del Iceberg

El escándalo de los audios que involucran a Vega Pámanes, es sólo la confirmación del extravío institucional del Poder Judicial en Jalisco

Por: EL INFORMADOR

En el ojo del huracán, Luis Carlos Vega Pámanes, el hombre que encabeza el Poder Judicial en el Estado de Jalisco. EL INFORMADOR / ARCHIVO

En el ojo del huracán, Luis Carlos Vega Pámanes, el hombre que encabeza el Poder Judicial en el Estado de Jalisco. EL INFORMADOR / ARCHIVO

GUADALAJARA, JALISCO (16/OCT/2016).- Escuchar a la cabeza del Poder Judicial interceder por dos presuntos delincuentes, simboliza mucha de la opacidad que afecta al ámbito de la justicia en Jalisco. Luis Carlos Vega Pámanes niega haber intercedido; dice que buscaba asegurar el debido proceso de dos presuntos delincuentes detenidos por la Policía de Guadalajara. Eso lo resolverán los jueces, a partir de la evidencia que arrojen las investigaciones de la Fiscalía y de la PGR. Sin embargo, el escándalo nos recuerda la opacidad y sigilo que caracterizan al Poder Judicial. La transición a la democracia no pudo con los jueces y magistrados, que siguen operando con bajísimos niveles de rendición de cuentas como si nada hubiera cambiado en este país. Ante el cambio político en Jalisco, el Poder Judicial se atrincheró como mecanismo de protección. En su interior, los vicios del pasado siguen permeando el presente. Desde la cabeza, el Poder Judicial acarrea inercias muy preocupantes: discrecionalidad, nula transparencia, corrupción, influyentismo, partidización.

El Poder Judicial resultó intocado como fruto del pragmatismo y los acuerdos políticos en la transición a la democracia. Sólo Alberto Cárdenas intentó y no pudo con la cohesión política de los magistrados. El resto de gobernadores prefirieron entrarle al baile. Optaron por insertarse en el ciclo de la cooptación de uno de los tres poderes del Estado. Ni Francisco Ramírez Acuña, ni Emilio González Márquez y tampoco Aristóteles Sandoval, se comprometieron a sacar las manos del Poder Judicial. Por el contrario, hicieron todo lo posible para mantener una hegemonía política en las salas del Supremo Tribunal de Justicia. Ahí está el magistrado Celso Rodríguez que se entronizó en el cargo al frente del Supremo y pactó con González Márquez la sujeción del Poder Judicial a los designios del gobernador de turno. Algo similar sucede con Luis Carlos Vega Pámanes, impulsado por los “javieres”, Galván y Guizar, y que luego ha servido como fiel escudero de los intereses de una parte de la clase política en el Estado.

Y es que la separación de poderes en Jalisco es una bonita intención, y nada más. Los jefes políticos en Jalisco extienden sus tentáculos a los tres poderes y vulneran la autonomía que está en la base del sistema de pesos y contrapesos de la democracia. El Poder Judicial se integra de cuotas, que ni siquiera responden en sí a una distribución partidista, sino a una serie de familias y apellidos políticos que controlan el rumbo de la justicia. Los Cosío, Arturo Zamora, Raúl Padilla, Aristóteles Sandoval, Fernando Guzmán, José María Martínez, todos tienen sus fichas en el Poder Judicial. Quien encabeza el Poder Judicial no se decide en el pleno de magistrados, sino en conversaciones entre políticos. Es cierto, la elección de magistrados en el Congreso facilita que lleguen perfiles afines a los principales jefes políticos de la Entidad, sin embargo es un asunto más complejo. Los alcances de aquellos que controlan la política en Jalisco se han ensanchado desde la transición. Los organismos con capacidad de defender su autonomía se diluyeron con el tiempo y hoy no encontramos espacio de la acción pública que no esté cotizado hasta las entrañas. Vivimos una democracia de “padrinos”, alcanzar una magistratura o una consejería depende del apoyo de algún jefe político-Padilla, Sandoval, Alfaro, Zamora, Rosales.

El control político del Poder Judicial nos explica la crisis tan aguda del sistema de justicia en Jalisco. Hemos permitido que el Poder Judicial se convierta en el mandadero de la clase política. Hoy por hoy, es imposible que un perfil con alto nivel de independencia alcance la silla presidencial en el Supremo Tribunal de Justicia. Sin ruborizarse, los partidos políticos se reparten los puestos y designan a sus amigos o aquellos que protegerán eficazmente sus intereses. Si bien se han introducido candados y entrevistas como parte del proceso para elegir magistrados, la decisión final siempre es un acuerdo político que se estructura a través de las cuotas: hoy me toca a mi, mañana te toca a ti. Es la tragedia del Poder Judicial en Jalisco se encuentra al servicio de unos pocos y en claro abandono de la mayoría.

Reformar el Poder Judicial no es sencillo. Nos llevará una generación si empezamos hoy. Y aunque todo parezca reducirse al debate sobre la figura del Presidente, en este caso Vega Pámanes, la realidad es que el sistema de justicia reclama su deconstrucción casi absoluta y la erección de una nuevo modelo que se finque en la independencia de la justicia. Los países que lograron reformar el Poder Judicial tras décadas de regímenes autoritarios, España es uno de ellos, lo hicieron a través de una serie de modificaciones legales que dotaron al Poder Judicial de autonomía presupuestal y autonomía en las designaciones. En el caso español, los jueces llegan luego de ser designados por el Consejo General del Poder Judicial, que si bien puede tener una intervención indirecta de los partidos y los intereses políticos, es al menos un espacio más de contrapeso al poder político. De la misma forma, una parte importante del control que hacen los políticos del aparato de justicia se mide a través de pesos y centavos. El Poder Judicial está subordinado a lo que el gobernador y el Congreso decidan entregarle en materia presupuestal. No es exagerado decir que el titular del Supremo debe gestionar recursos en el Ejecutivo y en el Legislativo, al no tener un presupuesto constitucional que respalde su actuación. Pensemos en que llegue un perfil autónomo a encabezar el Poder Judicial, ¿Podría aplicar ciegamente la ley, sin importar colores y condiciones, si está atado de manos presupuestalmente? Por supuesto que no. Quien paga manda.

Aunados a la politización, por supuesto que los problemas del Poder Judicial son muchos más. La corrupción, la infiltración, la escasez de recursos, los salarios exorbitados para una casta judicial y los sueldos bajos para el resto, la falta de juzgados, las dificultades para implementar el nuevo sistema de justicia penal y un larguísimo etcétera. Sin embargo, primero lo primero. No habrá solución estructural a los problemas que aquejan al Poder Judicial, si antes no entendemos que la cooptación afecta directamente a la naturaleza de su encargo. La justicia es ciega sí y sólo sí es aplicada por jueces que no tienen una correa de transmisión directa desde las sedes de los partidos o desde las oficinas de los principales jefes políticos. De la misma forma que escuchamos en el audio sobre Vega Pámanes desvelado hace algunos días, ¿Cuántos políticos no interceden por sus cuates con magistrados y jueces? Es una práctica cotidiana.

Y es que estamos en el peor de los mundos. La división de poderes no opera para evitar que se politice la justicia, pero sí sirve para proteger los intereses de los grupos de poder que controlan el Poder Judicial. Es así, los magistrados no tienen autonomía, por ejemplo, para entrarle en serio a los casos de corrupción de la clase política, pero sí la tienen para asignarse sueldos ofensivos para la mayoría de los ciudadanos y sí la tienen para poner controversias contra la Ley de Austeridad o contra resoluciones del Congreso. Es una autonomía como impunidad, a diferencia de la autonomía como protección de la justicia que deberían reclamar los magistrados. Por supuesto que una ulterior reforma debería ensanchar los niveles autonomistas del Poder Judicial, sin embargo también debe afinar los mecanismos de contrapeso que diluyan la discrecionalidad con la que los magistrados toman decisiones acerca del dinero de todos los contribuyentes. Es un difícil equilibrio.

Los efectos de nuestro disfuncional sistema de justicia son funestos. Es un freno para la competitividad, inhibe las inversiones, promueve la corrupción, desgasta a los ciudadanos en los procesos y mantiene privilegios injustificables. La democracia exige un sistema de división de poderes que garantice la vigilancia entre ellos y la autonomía para ejercer su mandato constitucional. En Jalisco, eso no ocurre. Tanto el Congreso como el Poder Judicial se encuentran subordinados a lo que dicen los jefes políticos, muchos de ellos están en partidos y otros no necesariamente. Reformar en la ruta correcta el Poder Judicial exige un gran acuerdo político. Son unos poquitos los que mandan en la justicia, los podemos contar con nuestras dos manos. El más opaco de los poderes no puede seguir en esta ruta de descomposición que nos aleja de contar con un Poder Judicial que responda a las demandas de los ciudadanos. El caso de Vega Pámanes es sólo la punta del iceberg, es sólo la más aparente de las manifestaciones de los problemas que afectan a la justicia en Jalisco. El Poder Judicial no aguanta más, las reformas son impostergables.

Temas

Lee También

Comentarios