La encrucijada catalana

GUADALAJARA, JALISCO (04/OCT/2015).- El diferendo Cataluña-España no nació ayer. Tampoco hace una década. Viene de lejos, se remonta a la Guerra de Sucesión de 1714; a las Bases de Manresa de finales del siglo XIX; a la declaración del “Estat Catalá” de Lluis Companys en 1931—y su posterior fusilamiento por el régimen franquista en 1940—, y al debate sobre el encaje adecuado para Cataluña en la Constitución de 1978. Cataluña lleva siglos entendiéndose como una “nación”; es decir, como una comunidad imaginada de personas que hablan una misma lengua, profesan ciertas creencias y los une una cultura. Y, para añadir, se ha visto también como un sujeto político, no siempre en pugna con España, pero la “oposición” es fundamental para entender su identidad política. La historia política de Cataluña también puede ser narrada a través de los ojos de esa lucha por el reconocimiento, ya sea del nacionalismo conservador de la Lliga y Convergencia Democrática o el independentismo sin ambigüedades de Esquerra Republicana y ahora, también, de las CUP. Dicha búsqueda del reconocimiento ha vertebrado el sistema político y de partidos en Cataluña hasta el punto máximo de que en las elecciones del domingo pasado nos percatamos de que la sociedad catalana está partida casi en mitades exactas. Una mitad los que quieren decirle “Adeu Espanya” con la independencia, y otra mitad que cree que es mejor seguir siendo parte del Estado español.Pero, ¿por qué de ser 15-18% el voto independentista en 1992, en los años de los Juegos Olímpicos en Barcelona, hoy son muchos más, 48% de acuerdo a las últimas elecciones? ¿Qué heridas hay en el camino para explicar esta irrupción tan estridente del independentismo?

Los factores son muchos. Aunque no podemos dejar de ver que muchas interpretaciones tienen más de ideológico que de fáctico. La derecha tiende a pensar que el crecimiento del independentismo es producto de la descentralización en espacios como educación, los medios de comunicación y la cultura. Es decir, que a partir de estos “aparatos de propaganda”, el Gobierno Catalán, la Generalitat, ha hecho una campaña permanente a favor de la independencia. Cosa que no es cierto, Convergencia y Unión, el partido que ha gobernado Cataluña 30 de los 37 años de democracia nunca fue independentista, anteriormente era nacionalista moderado. Esta postura tampoco logra responder por qué precisamente en 2010 es donde todas las encuestas muestran el auge del independentismo en Cataluña, si fuera cierto el argumento conservador, el incremento habría sido sostenido desde la década de los ochenta. La izquierda tiene a decir que es la “crisis económica” y el modelo de recortes aplicado por el Partido Popular, la causa. Hay algo de verdad en el razonamiento, pero el auge del independentismo no comienza en 2008-2009 con la crisis, sino en 2011. Hay múltiples explicaciones más, aunque me gustaría introducir en este espacio, tres argumentos que, desde mi punto de vista, explican con mayor precisión el auge del independentismo en Cataluña: la clausura de la vía reformista, un juego electoral que evita el acercamiento político, y el no reconocimiento de la especificidad catalana.

La muerte del reformismo

El debate sobre la forma del Estado fue central en los Pactos de la Moncloa. En Madrid, los “unionistas” pensaron que el acuerdo autonómico, a través del cual se le daban estatus espaciales a las nacionalidades y regiones, era el marco territorial adecuado y acabado. Para muchos políticos del Partido Socialista o de la Alianza Popular, que después se convertiría en PP, el marco autonómico era el punto de llegada, el punto final al debate. En contraposición, el catalanismo veía el sistema territorial adoptado y negociado en la transición como un buen primer acuerdo, pero nunca como un punto final. Era un punto y seguido dentro de la negociación por el autogobierno no sólo en Cataluña, también en Euskadi y Galicia. Un punto de partida, nada más que eso.

Esas expectativas disímbolas han marcado el devenir de las negociaciones. España es un país con estructura unitaria, pero con alto grado de descentralización. No es de los países más descentralizado del mundo, ya que de acuerdo con Lijphart que ha trabajado el nivel de descentralización de 36 democracias en el mundo, Suiza, Canadá, Alemania o Austria son ejemplos en donde los gobiernos regionales concentran mayor número de competencias y recursos. Digamos que España es un país descentralizado por necesidad, ya que en la transición los grupos vasco y catalán fueron firmes en las negociaciones y dejaron en claro que sin amplio autogobierno no votarían a favor la Constitución. Tras los Pactos, la lucha ha sido constante: Cataluña pide más competencias, más recaudación, más ingresos; el Estado español lo niega.

Ahí tenemos el último intento reformista serio, la negociación del famoso “Estatut”. En 2006, Cataluña y España negociaron un nuevo estatuto de autonomía que dotara de mayores competencias al Gobierno regional, y que reconociera a Cataluña como una nación, una petición histórica. Reconocer a una parte de un país como nación es más común de lo que se cree: Canadá le reconoce dicho estatus a Quebec e incluso califica a la región francófona como una “sociedad distinta”. Suiza, Bélgica o Austria incluyen disposiciones similares.

Sin embargo, en España fue imposible. La ilegalización del estatuto por parte del Tribunal Constitucional (TC) fue la gota que derramó el vaso. El “Estatut” fue aprobado por el Parlamento catalán, el Congreso de los Diputados en Madrid y hasta ratificado por los ciudadanos catalanes en referéndum. A pesar de ello, el PP comenzó una campaña feroz contra el acuerdo y buscó millones de firmas en toda España para llevar el documento a consideración del TC. Mariano Rajoy, ahora presidente del Gobierno en ese momento secretario general del PP y líder de la oposición, “pedía una firmita contra los catalanes” en comunidades como Andalucía, Extremadura, Murcia o Castilla y León en donde detestan cualquier gesto político que busque satisfacer las demandas de Cataluña. Con el estatuto, murió la última posibilidad de encausar el conflicto por la vía de un pacto político; desde la ilegalización de 2010, los independentistas en Cataluña se han triplicado.  

Hacer política “contra los catalanes” da votos

En la relación Cataluña-España, los incentivos están colocados para el conflicto. La “Guerra” es útil para ambos bandos del Río Ebro. Y es que para los políticos independentistas catalanes, la imagen de la España intolerante, incapaz de procesar la pluralidad y que hace de la amenaza su único argumento, les ayuda a reafirmar su postura de que es imposible encontrar un encaje adecuado para Cataluña en la España actual. Es mejor irse. Por el otro lado, hacer política contra las reivindicaciones catalanas es altamente rentable para los partidos unionistas, el PP y el PSOE. Y es que ambos partidos son ya residuales en Cataluña, entre los dos alcanzan solamente una quinta parte de la representación en el Parlamento autonómico. Es un juego de mutua exclusión, en donde cada uno gana con el conflicto.

Se han esfumado aquellos “vertebradores” de la relación España-Cataluña. Ciudadanos, un partido catalán y que se ha extendido a toda España, se ha constituido como un instituto político radicalmente opuesto al reconocimiento de cualquier particularidad a Cataluña. El Partido Socialista de los Catalanes, antiguo partido puente entre el catalanismo y España, es ahora una mera sucursal del PSOE. Hoy en día, ni medios de comunicación ni partidos políticos, están en la labor de acercar a catalanes y españoles. Es como si juntos, estuvieran más lejanos que nunca. No hay independencia al día de hoy, pero la desconexión entre Cataluña y España es más que palpable. 

Reconocimiento ausente

La ausencia de reconocimiento es un factor que abona a la distancia entre Cataluña y España. En la campaña electoral, Felipe González, ex presidente del Gobierno de España, señaló que en Cataluña se vive como en la Alemania Nazi y que el derecho de autodeterminación es una cosa inventada por Stalin. La incomprensión de las demandas de los catalanes es notable. No podemos olvidar el esfuerzo emprendido por los gobiernos de España para romper la primacía del catalán y la inmersión lingüística en la comunidad autónoma. Reconocer es entender en la diferencia, algo que el Gobierno español nunca ha querido poner en práctica con Cataluña.

El reconocimiento es un elemento central en los estados multinacionales. En esos países en donde coexisten minorías representativas que quieren proteger su cultura y su lengua, el reconocimiento es una piedra angular de la convivencia. El caso de Quebec es ilustrativo, en donde el reconocimiento ha llegado a tal punto que las autoridades provinciales están capacitadas para vetar leyes nacionales y han logrado que el francés sea lengua cooficial en todo Canadá. Suiza es similar con un Ejecutivo Federal compuesto por las tres regiones lingüísticas del país. En Bélgica, la capital-Bruselas- es bilingüe.

¿Usted se imagina que el catalán o el euskera fueran lenguas cooficiales en Madrid? ¿Que como sucede en Canadá, un español tuviera la obligación de elegir como segunda lengua el aprendizaje de otro idioma ibérico, como el catalán, el Euskera o el Gallego? El reconocimiento no es “te dejo que hagas lo que quieras en donde vives”, sino: “te entiendo y defiendo tu derecho a la diferencia”. En España, esa comprensión del otro es tan raquítica que no faltan aquellos que consideran al catalán un dialecto, una lengua de segunda. ¿Verdaderamente se puede construir un proyecto de una España común, en donde las distintas culturas y nacionalidades se sientan cómodas, cuando se desprecia la lengua y la identidad del otro?

Lo que nos demuestran las investigaciones es que sólo a través del reconocimiento se pueden mantener unidos los países culturalmente diversos. La hoja de ruta de reforma es larguísima: dotar al Estado de una estructura federal con competencias asimétricas; constituir un Senado que represente a los pueblos; reconocer el “derecho a decidir” de las nacionalidades; darle estatus de cooficialidad a las distintas lenguas vivas; dotar de poder de veto a las regiones y nacionalidades en materia lingüística y cultural. Reconocer en la Constitución la diversidad plurinacional de España y encontrar el concepto adecuado para que Cataluña, el País Vasco y Galicia se sientan cómodos. Lo dijo el Lendhakari-presidente del País Vasco- Iñigo Urkullu el domingo pasado: somos una nación y tenemos el derecho a decidir sobre nuestro futuro. Sin estas reformas que reconozcan lo que España es: una nación de naciones, el conflicto será permanente y terminará más temprano que tarde con la secesión.

La cuestión catalana tendrá una coyuntura clave en diciembre cuando los españoles acudan a las urnas a elegir a su siguiente Presidente del Gobierno. Todo indica que de las urnas surgirá la necesidad de un Gobierno de coalición, ya sea de PP con Ciudadanos, por la derecha, o del PSOE con Podemos, por la izquierda. La democracia es lo único que puede destrabar este conflicto histórico; es decir, permitir a los catalanes que voten en un referéndum en donde el sí y el no a la independencia pongan sus argumentos sobre la mesa. Así lo han resuelto países como Canadá con los dos referéndums de Quebec y también el Reino Unido, permitiendo que los escoceses decidan su futuro. Si la España del PP sigue por la misma ruta, con la cerrazón a tope, haciendo electoralismo con el problema catalán y sin reconocer la especificidad del hecho catalán, la desconexión no necesitará independencia, será fáctica. O como dice el periodista Iñaki Gabilondo: “en una de esas los catalanes ya se fueron y en España ni nos dimos cuenta”.