La Justicia Universal también tiene un precio

GUADALAJARA, JALISCO (23/FEB/2014).-El sueño de justicia es casi tan viejo como la Humanidad y tan difícil de verse cumplido en la vida real que las más de las veces, durante siglos, se ha refugiado en cuentos y leyendas. Por eso despertó tantas esperanzas la detención de Augusto Pinochet en Londres, el 16 de octubre de 1998, en cumplimiento de la orden de arresto dictada por el juez Baltasar Garzón. Que las autoridades inglesas arrestaran a un ex dictador chileno por orden de un juez español era casi como tocar a la puerta del paraíso de una Justicia Universal en la que la comunidad internacional obligue a los autores de crímenes singularmente atroces a responder por sus actos, cuando la justicia de sus respectivos países no sea capaz de hacerlo. Una iniciativa que además no nacía de los intereses políticos de las autoridades, cuya reticencia inicial fue manifiesta, sino de la acción independiente de la justicia. Casi como para no creerlo.

Desde entonces, los pasos dados hacia esa Justicia Universal han demostrado que su consecución no es utópica, aunque tampoco será fácil, y que el camino andado también es reversible, como está a punto de suceder precisamente en España, donde el pasado 11 de febrero el grupo parlamentario del gobernante Partido Popular —que gracias a la ley electoral vigente dispone de mayoría absoluta de diputados pese a no haber alcanzado la mayoría absoluta de votos en las elecciones— aprobaba en el Parlamento una reforma legal que limitará radicalmente la aplicación de la Justicia Universal por parte de la justicia española.

Las investigaciones judiciales emprendidas en España desde finales de los 90 contra Pinochet, primero, y contra la cúpula militar de la dictadura argentina después, no sólo sirvieron para recordar al mundo los crímenes cometidos por esas dictaduras, sino que alentaron a quienes dentro de Chile y de Argentina pretendían por poner fin a la impunidad. El resultado fue el procesamiento del propio Pinochet en Chile, la derogación de la Ley de Punto Final en Argentina y la persecución judicial de los crímenes de la llamada “Operación Cóndor”, ejecutada conjuntamente a partir de 1975 y bajo el auspicio de la CIA por las dictaduras militares de Chile, Argentina, Paraguay, Brasil, Bolivia y Uruguay. 

Al cabo de 14 años, hay actualmente abiertas en España una docena de causas judiciales por gravísimos delitos cometidos en otros países. Basta enunciar algunas de ellas para comprender el malestar político que generan. Los jueces españoles han pedido la entrega de los tres militares de Estados Unidos que mataron a José Couso, camarógrafo de la cadena de televisión española Telecinco, en 2003 durante la invasión de Irak, e investigan torturas y detenciones ilegales en Guantánamo y los vuelos en los que se secuestraron a ciudadanos europeos que la CIA sospechaba terroristas. En los juzgados centrales españoles están asimismo las causas por genocidio en Guatemala y Ruanda, por asesinato y tortura contra cargos marroquíes en la represión del Sahara y por el asesinato a manos de militares de Ignacio Ellacuría y otros jesuitas en El Salvador.

Sin embargo, la causa que ha detonado la acción política del gobierno de la derecha en España para limitar la justicia universal ha sido, paradójicamente, la que el juez Ismael Moreno instruye por genocidio en el Tibet contra cinco ex mandatarios comunistas chinos, entre ellos el ex presidente Jiang Zemin y el ex primer ministro Li Peng. Una causa que ha levantado protestas y veladas amenazas diplomáticas del gobierno de China.
Esta no es la única la paradoja del proceso de instauración de la Justicia Universal. Paradójico es que el gran impulso en la aplicación de esta justicia no surgiera en una nación de arraigada tradición democrática, como por ejemplo Francia, sino en un país como España, que tan sólo hace 40 años vivía aún bajo una dictadura militar hermana de los derrotados regímenes fascistas europeos de los años 30. Y paradójico resulta que, al final, las víctimas de la represión de Franco hayan tenido que acudir al sentido de Justicia Universal de los jueces argentinos para intentar que se juzguen allí los crímenes del franquismo que las autoridades españolas se niegan a juzgar en España. 

Ningún poder político se siente cómo con la Justicia Universal porque sabe que ella impide poner fecha de caducidad a sus responsabilidades más graves y porque su aplicación lleva muchas veces a tener que soportar las presiones de otros poderes afectados por su acción, como han hecho las autoridades de EU con España en las causas que le afectan, según revelaron los papeles de Wikileaks. La familia camarógrafo Couso lo ha resumido muy gráficamente: “La política exterior española parece la de un protectorado estadounidense”.

Quizá esa incomodidad explique las prisas del gobierno del PP por aprobar la reforma de la ley, mediante un procedimiento parlamentario de urgencia que le permitirá ponerla en vigor en tres o cuatro meses sin tener que consultar previamente a órganos legales que puedan poner reparos a su contenido. Un contenido que preocupa a las organizaciones humanitarias al punto que, en un comunicado conjunto, Amnistía Internacional y otras siete ONG han afirmado que esta reforma supondrá “una violación de obligaciones internacionales y podría consagrar la impunidad de muchos responsables de graves crímenes”.

En su afán de no dejar resquicios legales para una acción judicial que pueda causar problemas políticos internacionales, la redacción de la nueva ley traerá efectos tan perversos, según señala Baltasar Garzón, como excluir los casos en que “la víctima sea española y el presunto autor se encuentre fuera del territorio nacional, con lo que todos los secuestros de Al Qaeda, entre otros, quedarían fuera de la acción de la justicia española”. El mismo ex juez Garzón (expulsado de la carrera tras intentar enjuiciar en España los crímenes del franquismo y la trama corrupta Gürtel vinculada al PP) resume de esta manera los efectos de la nueva ley: “Los casos Tíbet y Guantánamo son la causa próxima de la presentación de esta ley, pero la onda expansiva no ha sido calibrada por el ansia de acabar con el principio de Justicia Universal y así jefes de narcotráfico, de tramas de crimen organizado, de violencia sexual contra menores, de terrorismo que estén fuera de España quedarán impunes”.

La existencia de la Corte Penal Internacional es el principal argumento del gobierno de Rajoy en favor de su reforma, pero como le ha recordado  la oposición en el debate parlamentario, EU y China no reconocen dicha Corte ni respetan por tanto sus resoluciones.

Mientras en países como Francia o Argentina, la Justicia Universal avanza, su retroceso en España demuestra que no se trata de un problema ideológico sino de poder. La retórica pro derechos humanos se mantiene mientras el coste de defenderlos no sea excesivo. Y parece claro que para el gobierno español la defensa de las víctimas no debe poner en riesgo los tres mil 765 millones de euros anuales en exportaciones a China. También la Justicia Universal tiene un precio.