Impunidad y corrupción

GUADALAJARA, JALISCO (22/FEB/2015).- Corrupción hay en todos lados. En Suecia, en Dinamarca, en Canadá y en Finlandia. En los cuatro puntos cardinales encontraremos personas dispuestas a lucrar personalmente con lo que es de todos. Sin embargo, entre esos países que mencioné y México, las diferencias son más que visibles: allá la corrupción se paga, acá la corrupción se alienta. Allá la corrupción es repudiada, acá la corrupción es entendida —y a veces justificada—. Allá la corrupción es intolerable, acá la corrupción es percibida como sana en ciertos contextos. Allá la corrupción es denunciada y perseguida, acá la corrupción es simplemente tolerada. La cultura no nos ayuda a explicar por qué somos corruptos, ni tampoco nos ayuda a explicar por qué el mexicano corrupto se comporta honradamente en contextos distintos al propio. Tal vez, la cultura nos ayude a escudriñar por qué la corrupción se propaga y se reproduce en la cotidianeidad y en las prácticas de los mexicanos a diario, pero difícilmente a entender su mimesis institucional.

Sin embargo, dejando de lado el debate cultural, podemos decir que en materia de corrupción hay dos tipos de países: los que castigan la corrupción y los que la toleran. Es decir, el problema de la corrupción en México es un asunto institucional, una consecuencia de nuestro muy particular entramado jurídico que provoca que la impunidad sea la norma y los privilegios de unos pocos se mantengan por encima del Estado de derecho. La corrupción sólo desaparecerá cuando el político o el ciudadano común y corriente sepan que hay una alta probabilidad de ser castigado al cometer un acto de corrupción. Hay que recordar el Modelo Simple de Crimen Racional de Gary Becker: el delincuente hace un cálculo racional de costo-beneficio antes de cometer un crimen. Si los niveles de impunidad son altos, o las penas son muy bajas comparados con la rentabilidad de violar la ley, hay una gran probabilidad de que el delito se cometa. Es lo mismo con la corrupción, no tiene que ver con cultura o genes, tiene que ver con impunidad y el cálculo que hacen los políticos y los ciudadanos de la poca factibilidad de que un acto de corrupción sea castigado.

Basta meternos a revisar los periódicos para observar que la corrupción no es patrimonio del subdesarrollo, aunque su impunidad sí. En España, la “Operación Púnica” desarma una compleja red de corrupción entre alcaldes que permitía cobrar “mochadas” en materia de obra pública; en Francia, se sabe que un ex presidente financió su campaña con posible dinero en negro y con aportaciones ilegales del principal consorcio económico del país, y en Inglaterra nos hemos enterado que parlamentarios usaban prerrogativas públicas para pagar su hipoteca. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Allá se paga por la corrupción, acá no.

La corrupción: impunidad y racionalidad

La impunidad es el contexto que permite que la corrupción florezca. Si hacemos un simple cruce de datos entre corrupción e impunidad, veremos que la primera es casi siempre consecuencia de la segunda. De acuerdo al Índice de Percepción de la Corrupción 2014, elaborado por Transparencia Internacional, los países menos corruptos son Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia, Suecia y Noruega. México, por su parte, aparece en la posición número 103, empatado con países como Níger y Bolivia. Si a este índice le añadimos el Ranking sobre Estado de Derecho, elaborado por el World Justice Project, vamos a encontrar coincidencias sorprendentes. Suecia, Dinamarca, Nueva Zelanda y Noruega son los países con mejores instituciones para prevenir los abusos de poder de la autoridad, los más transparentes y abiertos, asimismo son las naciones con mejores sistemas de regulación. ¿Pero es que los nórdicos tienen una cultura que los hace menos corruptos? ¿Es que ellos no tienen la corrupción tan arraigada en la vida cotidiana?

Como lo demuestra la historia, ni Suecia ni Noruega, que formaron un solo país durante casi un siglo, fueron en el pasado reinos de la transparencia y el respeto a los derechos humanos. Como cualquier imperio europeo, había más de absolutismo, clasismo y desigualdad, que de modernidad, igualdad y respeto al estado de derecho. Sin embargo, como explican Daron Acemoglu y James A. Robinson en su libro “Por qué fracasan las naciones”, los países que construyen instituciones incluyentes y abiertas son los que logran a través del tiempo reducir la corrupción y fomentar el desarrollo económico equitativo. Y aunque las instituciones son producto de una historia en particular, no existe ningún factor cultural que haga irremediable la consolidación de dichas instituciones. Noruega y Suecia, con proyectos socialdemócratas fincados en el desarrollo pero también en la regulación y en la búsqueda de la igualdad, lograron constituir instituciones sólidas que previenen la corrupción desde los años posteriores a la segunda guerra mundial. De la misma forma, acompañaron la apuesta institucional con niveles de inversión en educación altísima y un sistema de seguridad social universal que generó sociedades muy equitativas. No hay que inventar el “agua tibia”, la experiencia de ambos países deja muchas enseñanzas.

Asimismo, los suecos y noruegos hicieron de la corrupción un asunto condenable con penas y sanciones muy altas, y una impunidad bajísima —sobre todo ésta última—. En términos llanos, y aunado a la impunidad, la corrupción parte de un cálculo mental sobre su conveniencia para resolver algunos problemas. En México, la corrupción es más barata que cumplir la ley. Es más barato darle una “mordida” a un oficial, que ir a la recaudadora a pagar una multa; es más barato contratar un “coyote” para hacer un trámite, que seguir los pasos legalmente constituidos por los municipios; es más barato y más rentable pagar en “negro” a los trabajadores, que depositar el dinero en cuentas y pagar la seguridad social; es muy rentable para muchos diputados cobrar un porcentaje para la adjudicación de obras; es muy rentable violar los topes de campaña en las elecciones, porque después vendrá el cargo público para ser explotado como patrimonio. La corrupción le cuesta al país 1.5 billones de pesos, más de una décima parte del Producto Interno Bruto (PIB), según cálculos de la Iniciativa Privada en México.

En resumidas cuentas, la diferencia entre Suecia y México, es que el corrupto en Suecia tiene una amplia posibilidad de pagar severamente por la corrupción, mientras que en México el corrupto seguramente se saldrá con la suya e incentivará al resto a actuar de la misma manera. No son nuestros genes, ni nuestra cotidianeidad, sino una serie de instituciones que generan incentivos a favor de la corrupción a través de nuestros escandalosos niveles de impunidad. ¿Y es que quién va a creer en la ley si solamente dos de cada 100 casos de corrupción podrían obtener un castigo? ¿Para qué seguir las normas caras y burocráticas si siempre va a ser más barato darles la vuelta?

Los privilegios, correlato de la corrupción

Los privilegios son otra cara de la corrupción. El privilegio significa estar por encima de la ley. Representa la vulneración de uno de los cimientos mismos de la democracia: la igualdad de todos ante la ley. La percepción social es que existen personas que se pueden saltar las regulaciones y que por su dinero, su poder o influencia, se pueden situar por encima de todos. La cuna o la cuenta de cheques pesan más que las leyes.

La corrupción en nuestra historia está muy vinculada a los privilegios. Vemos la corrupción tan rampante al interior de los privilegiados partidos políticos; percibimos a un empresariado rico que corrompe las licitaciones y las asignaciones para proteger sus intereses de grupo; los sindicatos privilegiados por el Gobierno acceden a prerrogativas que están por encima de los sindicatos pequeños y críticos del Gobierno o de sus empresas. O incluso las asociaciones de la sociedad civil que se privilegian por ser funcionales al sistema. Y es que más que nuestra cultura, los privilegios están constituidos en nuestro origen nacional posrevolucionario. El México posterior a la Revolución es producto de una serie de pactos entre el estado y las corporaciones: apoyo político por impunidad; apoyo político por privilegios; estabilidad política por corrupción tolerada.

Las sociedades que han logrado reducir la corrupción al mínimo son aquellas que logran vencer el sistema de privilegios. Que logran vencer a ese Estado que se construye a través de castas y en donde la ley opera según donde esté colocado el ciudadano en la estructura social. Tomando los datos mismos del World Justice Project, queda claro que las naciones con menores niveles de corrupción son aquellos que logran mayores niveles de igualdad ante la ley y acceso a una justicia imparcial. En conclusión, en estos países que han logrado reducir al mínimo la corrupción, los ciudadanos saben que la ley se aplica para todos sin distingos, que la justicia es ciega y “quien la hace la paga”.

La corrupción es siempre una probabilidad en un grupo de personas. Corruptos pueden nacer donde sea, en Alemania o en Dinamarca, en Argentina o en México. La geografía no es importante, tampoco es relevante la cultura y menos la genética. Lo importante es analizar que la corrupción es la gran consecuencia de un Estado atravesado por la impunidad y los privilegios. México no le dará la vuelta a este problema hasta que entendamos que el rival a vencer se llama impunidad. La impunidad es el principio y el fin de la corrupción, y el contexto donde se reproduce todos los días.