El dilema de las altas expectativas

GUADALAJARA, JALISCO (17/AGO/2014).- Un proyecto se define por su narrativa sobre el pasado, el presente y el futuro. Es una explicación, verídica o no pero siempre constituye una apuesta por señalar qué pasó, cómo estamos y cómo se resuelve una situación política. La Presidencia de Enrique Peña Nieto siempre tuvo un proyecto (nos guste o no). La narrativa es sencilla. El pasado: la parálisis política que no nos permite acordar reformas y detonar el crecimiento económico del país. El problema no es la economía, sino la política. El presente: el Pacto por México y la eficacia para empujar las reformas estructurales. Y el futuro: las reformas que servirán como cimientos de la transformación económica del país. Así, el proyecto de Peña Nieto es esencialmente reformista, por lo tanto depende del futuro y no del presente; se colocan en el telón de la incertidumbre de los hechos aún no consumados. Sin embargo, no es un discurso nuevo de nuestros presidentes, sino bastante común: “la administración de la abundancia” de López Portillo, o el TLCAN como puerta al primer mundo de Carlos Salinas o incluso la democracia como solución a todo de Vicente Fox, partían de diagnósticos y discursos políticos similares. Todos cojeando de la misma pata: generar expectativas que son incumplibles.

Es innegable que los 20 meses de Peña Nieto en Los Pinos delinean una paradoja al día de hoy: el futuro como escudo de los magros resultados del presente. En datos concretos, México no se mueve. El desempleo se mantiene en niveles similares a la última década (más de 2.5 millones de mexicanos sin empleo), la economía creció 1.1% en 2013 y estará por debajo de los dos puntos porcentuales en 2014 (el Banco de México volvió a ajustar a la baja su pronóstico); en inseguridad, hay matices y algunos avances (descenso en asesinatos), pero las cifras de homicidios, secuestros y extorsiones siguen siendo muy altas.

 Sin embargo, el escudo ante esta ausencia de resultados que ha lastimado profundamente la aprobación de la labor presidencial (40-45% de aceptación), es la narrativa de las reformas. Es como si desde Los Pinos dijeran, sabemos que no vamos bien, pero es sólo una breve coyuntura que anuncia mejores tiempos. Con las reformas, la libre competencia, el combate a la concentración de mercado, la apertura de sectores claves en la economía y el combate a la corrupción, provocaremos un círculo virtuoso que se traducirá en mejores sueldos (reforma laboral), mejores condiciones de seguridad social (reforma fiscal), precios más asequibles en gas, luz y combustible (reforma energética), maestros mejor preparados (reforma educativa) y más crédito en el mercado (reforma financiera). Un paraíso terrenal. ¿Se puede cumplir o estamos condenados a otra decepción?

¿Son alcanzables los beneficios?

Como corolario aparece la madre de todas las reformas, la energética. Y es bueno preguntarse: ¿qué tan probables son los beneficios de la reforma energética? ¿Podemos comprar esa idea de que la reforma cambiará al país? Vamos analizando las virtudes y los beneficios anunciados por la Presidencia.

En primer lugar, la Presidencia señala que un objetivo de la reforma es aumentar la producción de petróleo a tres millones de barriles al final del sexenio (2018) y a 3.5 millones en 2025. Esto quiere decir, aumentar la producción en 40% en 11 años y más dinero a las arcas nacionales. En términos concretos, sería elevar la renta energética, en poco más de 400 mil millones de pesos anuales, tomando en cuenta que la Ronda Cero congeló la producción de Pemex en 2.5 millones de barriles para los siguientes 20 años. Sin embargo, el aumento de la producción y su impacto en la renta energética, tendrá mucho que ver con el funcionamiento de los órganos reguladores; en especial, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) encargado de licitar y asignar los espacios de exploración y explotación. Los reguladores son los encargados de evitar que las petroleras, auténticos “tiburones” del mercado, orienten los beneficios de la explotación solamente hacia sus arcas. Si no funcionan los reguladores, bien podremos concluir que la apertura podría terminar como los casos de Argentina y Ecuador en los noventas, un esquema que le permitía a los privados firmar contratos ventajosos con el Estado a través de relaciones corruptas, prebendas y falta de transparencia. Las reformas de mercado dependen de la fortaleza de los reguladores del Estado, por ello la eficacia para aumentar la producción y que ese incremento se traduzca en mayores recursos para el gasto público, se encuentran atados a los dientes y la actuación de los reguladores.

En segundo lugar, disminución de las tarifas de gas, luz, combustible y alimentos. A pesar del subsidio, las tarifas de los energéticos en México son caras (gas y luz, particularmente) En consumo industrial, las tarifas en México se encuentran al nivel de Luxemburgo, Polonia o Suiza, y muy por encima de Estados Unidos. Según el Banco Mundial, México es uno de los países de América Latina con tarifas de pago de electricidad más altas. Venezuela es el más barato, por una muy agresiva política de subsidio. Según la prospectiva de la Secretaría de Energía, en su programa 2013-2027, la tarifa de la energía eléctrica tendería a la baja debido a la entrada de la competencia y la participación de más jugadores en el mercado. Algo similar a la promesa de reducción de precios tras la apertura del sector telefónico nacional, los precios están vinculados directamente a la competencia auténtica, por lo que la oligopolización del mercado provoca que se sustituya un monopolio público por un monopolio privado Ahí tenemos el caso de España, la concentración del mercado eléctrico en pocas manos, y ese mecanismo de subasta que ha profundizado la dependencia con relación a pocas empresas, ha hecho que España pague una de las tarifas más altas de luz de toda Europa (también de gas). Así, la apertura para que funcione y dé los resultados previstos, necesita aún más del Estado. No el Estado obeso, sino el Estado eficaz.

En tercer lugar, crecimiento económico y generación de empleos. Las promesas no son menores: un punto más de crecimiento del PIB en 2018 y dos puntos más para 2025. Esto quiere decir, que si mantenemos un crecimiento entre 2 y 3%, la inversión adicional en materia petróleo sería de 300 mil millones de pesos (cuatro veces el presupuesto anual de Jalisco). Y aunque no es una cifra descabellada, existen muchos imponderables que podrían modificar el objetivo: el precio, los resultados de las petroleras en la búsqueda de reservas posibles, las contraprestaciones que negocie el estado mexicano y la modernización de Petróleos Mexicanos (Pemex). En el ámbito laboral, es donde las cifras difícilmente cuadran. La promesa es generar medio millón de empleos directos e indirectos en lo que resta del sexenio y 2.5 millones de empleos para 2025. En términos netos, durante todo el sexenio de Felipe Calderón, se crearon 1.8 millones de empleos netos. De aquí a 2018, debe de haber una creación de 166 mil empleos anuales relacionados exclusivamente con la energía y la apertura económica en el sector, para que la cifra prometida cuadre. Y si tomamos la perspectiva de 2025, se deben generar en promedio más de 200 mil empleos anuales en promedio en este sector. Ni Brasil con su reforma de los noventas (89 mil empleos adicionales) ni tampoco Colombia (101 mil) con su reforma de Ecopetrol han logrado siquiera acercarse a la cifra planteada por Los Pinos. Actualmente, la tasa de desocupación alcanza a 2.5 millones de personas en México, según los datos dados a conoceros por el INEGI esta semana.

Cuarto punto, combate a la corrupción. La gran ausencia de la reforma. No existe ni un entramado institucional sólido ni un marco jurídico adecuado para enfrentar de lleno a la corrupción. Se parte de que la transformación interna de Pemex, la modificación de su consejo de administración y su vocación como una empresa competidora y productiva del Estado, van a redundar en un decremento de la corrupción. Se modifican los incentivos, pero no se ataca de fondo el problema de la corrupción en un mercado multi-millonario que  es ideal para la articulación de las mayores estafas. Incluso, el hecho de que el Estado Mexicano asuma el pasivo pensionario de Pemex (lo cual era imposible de descartar) no vino acompañado de acciones concretas para identificar a los responsables de una gestión errática que dejó a la empresa con finanzas insustentables. Es cierto, no hay opción, el Estado adquirió esa deuda como una empresa paraestatal, pero la responsabilidad política y jurídica sigue en el aire. Es un borrón y cuenta nueva, un mensaje poco constructivo de cara al futuro. 

Desde la “administración de la abundancia” de José López Portillo hasta el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y nuestra inevitable entrada en el primer mundo en el periodo de Carlos Salinas de Gortari, pasando por la democracia resolverá todos nuestros problemas de Vicente Fox, las altas expectativas siempre han terminado en decepciones profundas. El mexicano se ha vuelto escéptico cuando al análisis del porvenir se refiere, ha dejado de ser un crédulo que se enciende como “fuegos artificiales” (decía Octavio Paz), ahora es más bien frio y calculador (las encuestas lo demuestran). Bien valdría la pena que el discurso presidencial le baje un poquito al tono tan elevado de las expectativas, ya que en la implementación siempre se han marchitado hasta las buenas ideas. Por lo pronto Peña Nieto ya pisó el acelerador, buscando hacer de la elección de 2015 no un plebiscito de expectativas, sino más bien una apuesta por una reforma ya en marcha. Con la elección petrolizada, los indicadores económicos en niveles más bien bajos y los beneficios prometidos con la reforma a cumplirse en 2018 y 2025, todo parece indicar que el Presidente tendrá que seguir habitando el discurso del futuro.

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Elevadas tarifas

En consumo industrial, las tarifas en México se encuentran al nivel de Luxemburgo, Polonia o Suiza, y muy por encima de Estados Unidos. Según el Banco Mundial, México es uno de los países de América Latina con tarifas de pago de electricidad más altas. Venezuela es el más barato, por una muy agresiva política de subsidio.