Contumacia

Buzón de nuestros lectores

Sr. Director:

Algunos de nuestros altos funcionarios no sólo saben, sino que reconocen y aceptan públicamente que nuestro marco legal vigente es obsoleto, contradictorio, elitista, absurdo, negligente, incongruente, discriminatorio, lento e incapaz de impartir justicia, pues en incontables ocasiones, no sabemos si por cinismo, por ingenuidad, o por cualquier otra sinrazón, sueltan frases por el estilo de las siguientes: “Los procesos jurídicos en nuestro país son prolongados y muy lentos, así lo marca la ley”; “Se perdió tal caso por las manipulaciones, perdón, interpretaciones que pueden hacerse de la ley”; “Es imposible castigar a tal criminal, dadas las contradicciones, negligencias y omisiones de los ordenamientos vigentes”; “Tal ordenamiento es conculcatorio con lo establecido en la Carta Magna”, etc., y, como toda lógica, no actúan en consecuencia para subsanar tales barbaridades.

Parece que otros de nuestros servidores públicos, conociendo las lagunas legales, callan para utilizarlas en beneficio de sus intereses personales; o peor aún, guardan silencio, por servilismo, ante las órdenes de “altos personajes” a quienes conviene que se mantenga así esta vituperable situación.

Algunos otros, dadas su ignorancia supina y su total falta de interés en estos tópicos tan trascendentes e importantes, ignoran por completo esas anomalías y terminan su gestión sin beneficio ni gloria.

Todo hombre que se respeta está obligado moralmente a luchar para que sean corregidas las anomalías y atrocidades que son de su conocimiento.

Una de las obligaciones de los servidores públicos es proveer las condiciones para el ejercicio pleno de la libertad de los individuos que integran la sociedad, vigilando que se respeten los derechos de la ciudadanía y, en su caso, castigando a quienes incurren en delitos o a quienes atentan contra las prerrogativas generales de que goza toda la población.

Para el cabal cumplimiento de esa función, es necesario que exista un marco jurídico que establezca, de manera clara, precisa y concisa, todos y cada uno de los derechos y obligaciones de los ciudadanos, y todas y cada una de las conductas ilícitas con sus respectivas penas.

Deberá ser tal la precisión de los ordenamientos, que no puedan darse manipulaciones, perdón, interpretaciones, ni por parte de los abogados, ni mucho menos por parte de los impartidores de justicia.

Todo servidor público que pretenda ser respetado, está obligado a luchar por corregir el absurdo legal, perdón, el marco legal vigente para implantar en su lugar leyes congruentes, claras, precisas, universales y justas. Por si ello no bastara, el Artículo 90 de la Constitución local fija que “los servidores públicos del Estado y de los municipios serán responsables por las omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones”.

Por lo anteriormente dicho, exijo a todos y a cada uno de los servidores públicos que, dentro de su ámbito, luchen férreamente para mejorar esta execrable situación.
Ing. Bernardo Vázquez Rodríguez.