¿Antagonistas?

GUADALAJARA, JALISCO (17/JUL/2016).- El ser humano es un ente negociador. Su vida es una permanente negociación: con sus padres, hermanos, amigos, primos y hasta jefes de trabajo. Dónde divertirse con los amigos, qué hacer el fin de semana con la pareja o cómo repartirse las labores de la casa, es siempre el prólogo de una negociación. No habría que asustarnos, la pluralidad es el hecho que imposibilita la unilateralidad, niega la imposición y empuja a encontrar acuerdos. Por lo tanto, si la cotidianeidad es un permanente negociar, la política con más razón aún. Qué quiero yo y qué quieres tú, a qué estoy dispuesto a renunciar yo y a qué puedes renunciar tú. La negociación es el instrumento de la política, sin ella, reina la parálisis, el inmovilismo y la polarización.

En México, el concepto mismo de negociar goza de una bajísima estima social. No sólo en México, pero aquí con especial dureza. Particularmente en la política, negociar significa para muchos mexicanos un intercambio de fichas entre élites y en donde el interés general queda subordinado a las ambiciones políticas de los representantes públicos. Negociar significa secrecía y opacidad; corrupción e influyentismo. Digamos que en México existe una incomprensión práctica, pero también una historia política que manchó las innegables cualidades de la negociación democrática. En los tiempos del priismo absoluto, todo se negociaba en el cuarto de atrás. El relato del régimen no podía darse el lujo de lucir débil, poroso y fracturado. Como padre estricto, Los Pinos tenían que sostener en la práctica su mensaje de unidad, consenso y autoridad. Negociar con un hijo es sinónimo de debilidad, pensará el padre tradicional. El priato necesitaba una disidencia oficial, controlada y constreñida, pero no admitía ninguna grieta en la élite dominante-sindical, política o económica. El juego de los tapados y los pactos en lo oscurito, son esas analogías que permitían ponerle luz a la política, que siempre fue un asunto de los palacios y sus oscuros salones.

La negociación ha vuelto al centro del debate público. Las mesas de diálogo entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y la Secretaría de Gobernación son la salida política coyuntural al conflicto magisterial. Ambos actores llegan a la mesa con posiciones maximalistas: todo o nada. La CNTE no admite más que la derogación de la Reforma Educativa, que implicaría una contrarreforma que nos colocaría en el marco normativo anterior a las modificaciones acordadas por los tres principales partidos políticos en 2013. En paralelo, la CNTE pide la inmediata liberación de sus compañeros, a los que cataloga como “presos políticos”. Por parte del Gobierno Federal, la petición es liberar las vías de tránsito en Oaxaca y Chiapas, y aceptar los puntos torales de la reforma; entre ellos, la evaluación -tal como está planteada en la reforma. De entrada, son posiciones antagónicas.

El Gobierno Federal, que es preso de una crisis crónica de credibilidad, fue el primer en mover ficha. “Revisaremos la evaluación, los 11 puntos que plantea la CNTE” y que, por cierto, también comparte algunos el sindicato oficialista, el SNTE. Aurelio Nuño, secretario de Educación, se comprometió a presentar un modelo de evaluación que satisfaga a los sindicatos que se manifiestan y que también incluya algunas peticiones del SNTE. En paralelo, en el Senado de la República se instaló una comisión de revisión, y Mexicanos Primero, asociación civil que aglutina inversiones de los corporativos económicos más importantes del país, metió un amparo ante la justicia federal para evitar que Nuño y Osorio Chong negocien lo estipulado en la reforma educativa. Es decir, más enredado, imposible.

Más allá de lo que nos trajo aquí, la realidad es que no parece existir las condiciones necesarias para que haya un acuerdo duradero entre la CNTE y el Gobierno Federal. Las posiciones son totalmente antagónicas, la visión del sistema educativo también lo es, y nos aproximamos a otro “choque de trenes” que se ha pospuesto para finales de agosto. Y es que, si analizamos la situación, sólo el desgaste de ambas partes puede empujar a encontrar acuerdos coyunturales en distintas ejes de la reforma. El Gobierno Federal es el más afectado y al menos, en el discurso, cedió primero poniendo la evaluación como asunto negociable. Los maestros de la CNTE también enfrentan un proceso de desgaste luego de semanas y semanas con bloqueos carreteros, desmanes y violencia desatada en las calles. Paradójicamente, el desgaste de ambos nos acerca a un acuerdo, aunque sólo de carácter coyuntural. Modificar o derogar la reforma implica un proceso legislativo a largo plazo.

El Gobierno Federal es quien más debe ceder, ya que obtener un periodo de respiro tras semanas de movilizaciones y muertos en las intervenciones de la fuerza pública, no es una ganancia menor. Por ello, el callejón sin salida es claro: ¿Creerá Nuño que la mejor salida es decretar una reforma de dos velocidades, en donde se permita que la ley no tenga los mismos efectos en los estados en los que la CNTE es hegemónica? ¿Eso no sería también un poderoso incentivo para que se multiplicaran las manifestaciones en todo el país? ¿Es una salida volver a abrir el proceso legislativo y, por lo tanto, que se rediscuta la reforma educativa, no sólo la evaluación, toda completita? ¿No sería uno de los golpes más devastadores a la única reforma que le permitió a Peña Nieto “sacar un poquito la cabeza”? ¿No podría suceder que se reabra el proceso legislativo y aun así no se  resuelva el problema político con la CNTE? ¿Es una victoria moral para López Obrador y su proyecto político? En esta negociación, muchos caminos se cruzan.

Realmente no sabemos cuáles son las líneas rojas del Gobierno Federal en esta negociación. “La ley no se negocia”, dijo Peña Nieto. “No negociaremos la reforma educativa”, dijo Nuño. No tardaron ni cinco días en poner la reforma sobre la mesa. Y hasta la semana pasada, Osorio Chong se abrió a discutir puntos específicos de la reforma como la evaluación. Sin embargo, partiendo del hecho de que un acuerdo de carácter estructural entre la CNTE y el Gobierno Federal es casi imposible, ya que no comparten visiones sobre el modelo educativo del país, en el horizonte aparece un riesgo tangible. Que el arreglo económico -clientelar surja como una medida de coyuntura para desatorar las negociaciones. Nada le hace más daño a este país que esos acuerdos inconfesables entre el Estado y sus clientelas, una de las razones que explica el atraso educativo en todo el país.

Es innegable que muchos elementos del discurso de la CNTE son verdades como rocas: la asimetría educativa, las desigualdades, la poca inversión en educación, la pobreza como condicionante del atraso educativo, la denostación oficial de la disidencia. Sin embargo, al mismo tiempo, la CNTE alberga contradicciones palpables que ilegitiman su discurso: el patrimonialismo como forma de explotación de los recursos públicos; el clientelismo en la relación con los maestros; el condicionamiento de programas sociales a cambio de apoyo político; el control de las instituciones de educación. Es cierto, la CNTE no es oficialista, pero cuando hablamos de prebendas, el magisterio se entiende rápido con los gobiernos en turno. Muchos de los bloqueos de la CNTE han sido arreglados a través de acuerdos económicos, reconocimientos federales de plazas educativas y garantizarles el control de la educación de los estados a través de las secretarías o institutos.

Y, por el otro lado, tenemos a un Gobierno, el Federal, que hace de la lana, su único instrumento para negociar. “En política, problema que se arregla con dinero, es barato”, reza el adagio popular. Así, de la negociación entre el Gobierno Federal y la CNTE podría llegar un acuerdo, en donde no se discutan a fondo los cambios que necesita el país en materia educativa, pero que sin embargo a través de la chequera de uno y la exigencia de otro, se llegue a un acuerdo en donde el interés público quede subordinado a particularismos cortoplacistas.

La negociación entre la CNTE y el Gobierno Federal, que es aplaudible en democracia, es también la negociación de todos nosotros. De esas conversaciones, podría salir un arreglo que no beneficie en nada al interés general de los mexicanos. Si existe un acuerdo entre los especialistas en materia de educación, que la reforma aprobada en 2013 no toca puntos fundamentales del modelo educativo y que es sólo la modificación de las condiciones laborales del magisterio, el debate tendría que ser cómo construir un modelo con el mayor consenso posible y la inclusión de las partes. Negociar es la clave para acordar, lo que no signifique que todo lo que salga de las mesa será en apego al interés general de los mexicanos. Abran la mesa, la educación nos compete a todos.

Espero equivocarme, pero me parece que la prolongación del conflicto es inevitable. La CNTE no sólo representa a una parte del magisterio insatisfecha con la reforma, sino que también constituye un vehículo para muchas demandas particulares que fueron ignoradas durante años. El Gobierno Federal tendrá que valorar qué es más importante: la reforma o la estabilidad. La negociación es sólo un episodio más de un conflicto magisterial largo y sin fecha de caducidad.