En los últimos días, el Congreso de la Unión aprobó al menos cuatro reformas legales que marcarán un antes y un después en la forma en que se gestiona la seguridad, se regulan las telecomunicaciones y se protege —o expone— la información personal de la ciudadanía.Aunque el Gobierno asegura que se trata de medidas para fortalecer la seguridad pública y combatir el crimen, especialistas advierten que podrían derivar en vigilancia excesiva, vulneraciones a la privacidad y afectaciones a derechos fundamentales.A continuación te explicamos qué cambia, cuáles son las nuevas disposiciones y qué opinan los expertos sobre estas reformas.Aprobada por el Senado el pasado miércoles, esta reforma transforma el marco regulatorio de las telecomunicaciones y crea nuevas instituciones que reemplazan al IFT (Instituto Federal de Telecomunicaciones). La llamada Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) estará facultada para cancelar contenidos que considere una amenaza, sin previo aviso.El politólogo Sandro Arreola destacó que la reforma es “una oportunidad para cambiar estructuralmente la gestión del espectro y las concesiones”, pero advirtió que la centralización de facultades en la nueva agencia genera riesgos para la democracia. Destacó como positivo que se eliminó la propuesta original que permitía bloquear plataformas sin aviso.Sobre la identificación con CURP, señaló que ésta se integrará a un nuevo Sistema Nacional de Información, cruzando datos biométricos con telecomunicaciones. “Este sistema tendrá la obligación de proporcionar localización en tiempo real”, advirtió, lo que implica “una vigilancia legalizada” con riesgos para opositores o periodistas.César Gaytán, director de la empresa Galditi, especializada en ciberseguridad, subrayó que “cuantas más personas tengan acceso a la base de datos, mayor el riesgo de filtraciones”. Advirtió que incluso hoy hay formas de rastrear celulares sin orden judicial mediante triangulación. Propuso explorar modelos descentralizados de almacenamiento de datos y establecer protocolos claros ante filtraciones.El 1 de julio, en su sexto aniversario, se aprobó una nueva ley para la Guardia Nacional (GN), que formaliza su integración a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Aunque fue creada como un cuerpo civil, con esta reforma se convierte en una corporación plenamente militarizada.David Saucedo, analista en seguridad, destacó que la GN ya supera los 130 mil elementos, triplicando los de la extinta Policía Federal. Sin embargo, advirtió que carece de formación especializada en criminología o balística. Por su parte, Fernando Escobar Ayala, del Observatorio de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas, apuntó que la GN sigue sin una identidad clara. “Se ha perdido tiempo debatiendo si es civil o militar, y no para qué debe usarse la institución”, dijo. Subrayó la necesidad de establecer controles institucionales claros, ante nuevas facultades como las operaciones encubiertas.La reforma a la Ley General de Población convierte la CURP biométrica en el único documento oficial de identificación en México. Aprobada por diputados y senadores, será obligatoria para trámites públicos y privados, y contendrá fotografía, huellas digitales e iris. Su implementación será progresiva desde 2025.Para César Gaytán, el mayor riesgo es el uso de datos irremplazables: “El iris no cambia, y si se filtra, no hay forma de sustituirlo”. Recordó las filtraciones del padrón electoral ocurridas en años recientes y cuestionó la efectividad real para prevenir desapariciones.Sandro Arreola consideró que el cambio es parte de un rediseño estructural del régimen de seguridad: “Pasamos de un modelo reactivo a uno basado en inteligencia e investigación”. Sin embargo, advirtió sobre el uso político de estas herramientas y la falta de garantías para el manejo futuro de los datos.Como respuesta a señalamientos de Estados Unidos contra bancos mexicanos por facilitar operaciones del narcotráfico, el Congreso aprobó reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal.Israel Macías, académico de la Universidad Panamericana, valoró la reforma como una respuesta necesaria ante el flujo criminal de capital. No obstante, alertó sobre la falta de garantías de privacidad y la posible afectación a derechos como la presunción de inocencia.Puso como ejemplo el caso del periodista Carlos Loret de Mola, quien fue exhibido públicamente por el Gobierno. “El peligro es que se usen estos mecanismos para castigar a voces disidentes”, dijo.Aunque estas reformas buscan responder a retos reales —desde el crimen organizado hasta la identificación de desaparecidos—, lo hacen a través de medidas que elevan la vigilancia estatal y centralizan el control de información.Como coinciden los especialistas, el verdadero reto estará en garantizar que estas herramientas no se utilicen para fines políticos, que los datos estén protegidos, y que existan mecanismos claros de rendición de cuentas.La seguridad no debe estar reñida con los derechos. Y en este nuevo escenario legal, será fundamental que la ciudadanía esté informada y vigilante.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB
