Más que buenas intenciones

En otros tiempos, el simple anuncio bastaría para generar optimismo y altas expectativas, sin embargo, ante la falta de credibilidad en la clase política, será necesario que lo dicho ayer por el secretario general del Congreso del Estado, Carlos Corona Martín del Campo, se cumpla.

Se trata de adelgazar la nómina del Poder Legislativo. Prácticamente a un mes de que la LIX Legislatura se instalara, desde la Secretaría General se informa que el número de empleados es de mil 200, de los cuales 187 fueron basificados por la Legislatura anterior en medio de la polémica y el escándalo y, según se reveló ayer también, con una serie de irregularidades.

En este contexto, se anuncia que la meta es que la planta laboral del Congreso local no sea superior a 800 personas, es decir, pretende hacer un recorte de alrededor de 400 plazas.
De entrada, suena bien, sin embargo, se desprenden de estas intenciones por lo menos tres asuntos, el primero: esas 400 personas deberán recibir una liquidación con cargo al erario y, aun cuando no se han manejado cifras, se antoja que sería una cantidad considerable con base en el número de trabajadores susceptibles de despido.

Segundo: de todas maneras, 800 personas para un Congreso con 39 diputados, son demasiadas. La nómina del Congreso del Estado, por supuesto, aparte de los legisladores, tendría que estar directa y estrechamente vinculada con la efectividad de las funciones que desempeñan y en condiciones comprobables y evaluables.

Y tercero: falta que sea un hecho, por el momento se reduce a buenas intenciones. Los bajísimos niveles de confianza que la ciudadanía tiene en los legisladores y en el aparato que los acompaña, amerita que se tomen las acciones cuanto antes y, pese a lo que cueste, el recorte que se propone estaría bien para empezar, aunque además se podrían sentar bases legales para que la nómina del Poder Legislativo de Jalisco no engorde, y adelgace en cada cambio de Legislatura.

Y otro compromiso bien visto por la sociedad, sería que se finquen responsabilidades por las irregularidades detectadas en la basificación “express” que se consumó en la pasada Legislatura.