Influenza y política

Desde los primeros días de la emergencia sanitaria, en un contexto político electoral, varias voces se manifestaron con el deseo de que la contingencia no fuera utilizada con fines de esa índole y, por lo tanto, ajenos a una situación inédita y de carácter nacional que llevó al país a una semiparálisis.

Sin embargo, y a pesar de propuestas y solicitudes expresas, las campañas políticas de las elecciones locales y de la nacional, no se pospusieron ni sufrieron mayores modificaciones, salvo la prohibición de convocar a actos masivos para prevenir la propagación del virus de la influenza humana.

En entidades como San Luis Potosí, en donde el proceso local incluye la elección de gobernador, se documentaron actos de campaña que se basaban en el reparto de cubrebocas y medicinas.

En Jalisco, desafortunadamente, candidatos y partidos han aprovechado la situación de emergencia sanitaria y la escasez, por ejemplo, de cubrebocas, para repartir entre la población.

El día de hoy, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) dará a conocer si procederá o no a presentar una denuncia ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana porque en los últimos días se han difundido mensajes en radio y televisión en donde la imagen y la voz del gobernador del Estado, Emilio González Márquez, son evidentes, cuando durante campañas electorales está expresamente prohibido por la ley.

La justificación del Ejecutivo estatal es que se trata de un mensaje que tiene que ver con la salud y la educación de los jaliscienses, temas inscritos como únicas excepciones en el marco legal; pero para el PRI se trata de un delito electoral tipificado en el Artículo 134 constitucional, no por el contenido del mensaje, sino porque es el gobernador González Márquez quien aparece y lo dice.

Independientemente de que el partido quejoso presente una denuncia y de que ésta proceda o no, para el Ejecutivo estatal hubiera sido tan simple como contratar a algún experto para presentar el mensaje y evitar siquiera la posibilidad de una intervención jurídica.

Acciones como ésta enrarecen el clima electoral, y lejos de coadyuvar a superar la situación de por sí complicada y difícil, empeoran el panorama.