Castigo severo

Súbitamente, pero no sin razón, se reabrió en los círculos de opinión pública del país el debate que va y viene cíclicamente acerca de si es necesario incorporar al marco jurídico vigente la aplicación de la pena de muerte para quienes sean hallados culpables de cierto tipo de delitos, como es el caso del secuestro.

El oprobioso crimen de un jovencito de apenas 14 años que había sido secuestrado por una banda que operaba impune en la Ciudad de México, desató el clamor de diferentes líderes de sectores sociales, de agrupaciones ciudadanas, así como de analistas y en el sector público, para que las autoridades actúen con eficacia y la justicia se aplique sobre quienes han incurrido en este tipo de atropellos.

Por desgracia, el caso que se menciona ha tenido una resonancia inusitada por distintas circunstancias que parecen presentarlo como singular, pero es apenas uno de los muchos secuestros que terminan con la muerte de la víctima, y en ocasiones —como en este asesinato— de alguien más vinculado a ella. Decenas de familias, en todas las regiones del territorio nacional, han padecido el horror que significa tener a un pariente privado de su libertad y a expensas de los delincuentes que exigen dinero para el rescate, imponen condiciones, se solazan en el sufrimiento ajeno y muchas veces terminan por sacrificar al secuestrado.

Hemos asistido en innumerables ocasiones al horrendo espectáculo de la impunidad. Y hemos llegado al grado inadmisible en cualquier país civilizado, de que sean elementos de las corporaciones de seguridad los que participen y hasta orquesten la oleada de secuestros que pone de rodillas a vastos sectores de la población; potencialmente todos quedan a merced de su actividad delincuencial.

Por ello, es de la mayor importancia que se legisle en todo el país para que quienes cometen ilícitos tan crueles sean sancionados con las mayores penas posibles. El marco jurídico que norma la convivencia social debe contemplar penas ejemplares que logren disuadir a todos aquellos que han conformado lo que ya incluso se conoce como “la industria del secuestro”, lo que da idea de lo lucrativa que resulta esa condenable actividad.

Ahora se ha enviado al Congreso de la Unión una nueva iniciativa en la que se plantea la aplicación de la cadena perpetua para aquellos que sean o hayan sido elementos policiacos y participen en secuestros cuyas víctimas tengan ciertas características, y en función del desenlace del evento.

Pero ya había materia para que los legisladores hubieran actuado, si en su mente estuviera el interés colectivo en temas tan apremiantes como la inseguridad pública; otra iniciativa del Presidente Felipe Calderón en la materia había quedado en “la congeladora” legislativa desde marzo del año pasado.

No hay tiempo qué perder. La impunidad con la que actúan las bandas de criminales debe ser atajada con sanciones severísimas y con una incorruptible aplicación de la justicia.