Las simulaciones del Gobierno en la ''guerra'' contra la delincuencia

CIUDAD DE MÉXICO (15/DIC/2011).- Brayan Axel está encerrado en un cuarto de la casa. No quieren que se entere de la noticia, pero pasados 20 minutos escapa e irrumpe en la sala donde se realiza la entrevista. Su llegada provoca un silencio embarazoso. Tiene tres años de edad y lleva en las manos un barco de madera con el que insistentemente invita a su abuela materna a salir a buscar a su padre, Antonio García Flores. Su mirada contagia la necesidad de navegar hasta encontrarlo.

— ¿Me llevará con mi papá? —, pregunta el pequeño, angustiado, pero de nuevo no encuentra una respuesta que alivie su desesperanza. El rostro se enrojece, los ojos se humedecen, la voz se quiebra. Brayan Axel regresa al cuarto para refugiarse debajo de la cama.

“El niño está mal, quiere ver a su papá —lamenta Dolores Flores Hernández, madre de Antonio—. Siempre se sienta en el suelo y nos contagia de tristeza, a todas horas insiste en que vayamos a buscarlo, agarra el barco, una mochila y me dice que está listo. Yo le respondo que se fue a la playa, le miento para no hacerlo sufrir más. Su papi es su ídolo, son uña y carne… yo no sé qué hacer porque en ocasiones el niño cambia y es muy agresivo”.

La desaparición de Antonio, de 19 años de edad, mantiene colapsada a la familia originaria de Irapuato, Guanajuato. El 28 de marzo de 2011 partió a Estados Unidos a buscar mejores oportunidades, pero se desconoce su paradero, mientras la autoridad federal y estatal ignora a los dolientes. La única noticia es que fue secuestrado en Tamaulipas por la banda criminal de “Los Zetas”.

“Nos traen dando vueltas (en oficinas gubernamentales), estoy muy inconforme con la manera en que nos tratan, no sé con quién ir. Hagan algo para buscarlo —suplica a las autoridades—, es injusto que a los pobres no nos den una respuesta rápida. He querido ir a Tamaulipas, quiero saber si mi hijo está vivo o muerto; un señor vendió su casa para encontrar a su hijo y se quedó sin nada, sin casa ni hijo... así estoy yo, sin nada”.

En medio de la “guerra” del Gobierno federal contra la delincuencia y el exterminio entre las organizaciones criminales por la disputa de los territorios, la lista de ejecutados asciende a 50 mil personas en cinco años. Desde la Guerra Cristera en 1926-1929, con saldo de 250 mil muertos, no se registraba una matanza de esta magnitud en el país.

Hay otro saldo que involucra a miles de familias inmersas en la desolación, mismo que se relaciona con la incidencia delictiva: la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) documenta cinco mil 397 desaparecidos en la presente administración; sin embargo, la cifra es opacada por los registros obtenidos mediante 60 solicitudes de información vía leyes de Transparencia en las procuradurías estatales, que documentan 45 mil 144 denuncias por extravío, desaparición o ausencia de personas entre enero de 2007 y junio de 2011.

Más grave es que este registro es parcial porque sólo incluye 21 estados y la capital del país; es decir, autoridades de 10 entidades —Aguascalientes, Coahuila, Baja California Sur, Baja California, Campeche, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Tlaxcala y Yucatán— “reservan” la información o incumplen en la rendición de cuentas que ordenan la Constitución y las legislaciones.

El mismo Felipe Calderón reconoce que la cifra de desaparecidos en México es “muy alta”, pero la desconoce. Y mientras exige a las entidades federativas una base de datos veraz —desconfía del registro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos—, el discurso del Presidente exhibe el incumplimiento del Convenio de Colaboración entre la Procuraduría General de la República (PGR), la Procuraduría General de Justicia Militar y las procuradurías estatales firmado desde 2007 con la intención de coadyuvar en la difusión sobre personas desaparecidas o extraviadas en territorio nacional.

FRASE

"Nos traen dando vueltas (en oficinas gubernamentales) desde marzo. Mi hijo fue secuestrado en Tamaulipas, pero todavía no aparece "
Dolores Flores Hernández,
madre de Antonio García Flores.

Los muertos

Allá vienen los descabezados, los mancos, los descuartizados, a las que les partieron el coxis, a los que les aplastaron la cabeza, los pequeñitos llorando entre paredes oscuras de minerales y arena.

Allá vienen los que duermen en edificios de tumbas clandestinas: vienen con los ojos vendados, atadas las manos, baleados entre las sienes.

Allí vienen los que se perdieron por Tamaulipas, cuñados, yernos, vecinos, la mujer que violaron entre todos antes de matarla, el hombre que intentó evitarlo y recibió un balazo, la que también violaron, escapó y lo contó viene…

Allí viene al que obligaron a cavar la fosa para su hermano, al que asesinaron luego de cobrar cuatro mil dólares, los que estuvieron secuestrados con una mujer que violaron frente a su hijo de ocho años tres veces.

¿De dónde vienen, de qué gangrena, oh linfa, los sanguinarios, los desalmados, los carniceros asesinos?

… se llaman restos, cadáveres, occisos, se llaman los muertos a los que madres no se cansan de esperar, los muertos a los que hijos no se cansan de esperar, los muertos a los que esposas no se cansan de esperar…

(Poema de María Rivera, quien concedió la autorización para transcribir estas líneas en este reportaje).

San Fernando

Eleazar Martínez vivió una escena de horror cuando identificó los restos del cuerpo de su hijo Polo en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). “¿Dónde estaban los policías cuando fue secuestrado y asesinado?”, se preguntó ante el cadáver en estado de descomposición. Ahora conoce la respuesta: la Policía estaba cerca, pero en el bando contrario, con el crimen organizado.

337. Es el “número oficial” de migrantes asesinados entre 2010 y 2011 en San Fernando, Tamaulipas, en la frontera con Estados Unidos. En agosto del año pasado fueron acribillados 72 centro y sudamericanos por el Cártel de “Los Zetas”, mientras en los meses de marzo y junio de 2011 se le atribuye a la misma banda criminal la matanza de otros 265 mexicanos y un guatemalteco, hallados en fosas clandestinas. En la primera masacre fueron ejecutados a balazos por negarse a trabajar para ellos; en la segunda, 90% de los mexicanos, entre ellos Polo, recibieron golpes con mazos, marros u otros objetos pesados hasta morir.

Hay denuncias documentadas de sobrevivientes, en el sentido de que los criminales obligan a los migrantes a enfrentarse entre ellos hasta la muerte. Lo más cruel es que 16 policías municipales encubrieron por lo menos 122 de los asesinatos de la segunda matanza, confirma la Procuraduría General de la República (PGR).

Por un futuro mejor

Cuando supo que Lucía estaba embarazada, Polo decidió arriesgar todo para darles a ella y su hijo un futuro mejor. Llevaban un año de casados en Irapuato, Guanajuato, y los problemas económicos por falta de empleo y el anhelo de mejorar su calidad de vida lo empujaron a viajar a Estados Unidos el 28 de marzo de 2011; ya tenía trabajo garantizado en Texas. Sus familiares trataron de evitar la partida porque tenían un mal presentimiento. Ocurrió. Polo regresó un mes después en un ataúd.

“Fue muy impactante ver cómo regresó Polo, el cuerpo estaba destrozado. Identifiqué a mi hijo gracias al tatuaje de la Virgen María en el brazo derecho (antes, la familia entregó pruebas de ADN), se lo hizo el año antepasado porque prometió que si llegaba con bien se lo haría (radicó cinco años en Estados Unidos y regresó para casarse con Lucía). Esta vez la historia terminó muy mal, él sólo quería ganar su dinero para darle una mejor vida a su esposa y su hijo”, evoca su padre Eleazar Martínez.

— ¿Cómo recuperaron el cuerpo de Polo?

— ¡Me lo mataron! Mi hijo se fue con otros dos jóvenes en camión a los Estados Unidos, Ramón (20 años de edad) y Adrián (25); Ramón ya fue identificado como otra víctima en las fosas, el otro sigue desaparecido. Iban a Texas, ya tenían trabajo y les faltaba “coyote” para pasar. En mi caso, a los pocos días denunciamos la desaparición de Polo, y semanas después mi papá me avisó (26 de abril) que los habían secuestrado “Los Zetas”. Yo no supe qué hacer, miré alrededor para ver qué vendía, lo que fuera, y darles unos centavos, pero luego me confirmaron que estaba muerto. El papá de Adrián vino de Estados Unidos a los pocos días y me dijo que su hijo no aparecía, me contó que otro de sus muchachos salió a buscarlo en Tamaulipas, pero tampoco aparece. A mí ya me arrancaron un pedazo de carne, ojalá y suelten a las gentes inocentes para que sus familias descansen, es el mismo Gobierno el que está provocando todo esto porque ahora resulta que había policías con “Los Zetas” (el pasado 26 de julio, el Gobierno estadounidense incluyó a este cártel entre las organizaciones criminales transnacionales más violentas o peligrosas, junto con la italiana Camorra, la japonesa Yakuza o la rusa El Círculo de los Hermanos).

Son más. El pasado 13 de junio, la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato confirmó la identificación del noveno guanajuatense hallado en las fosas clandestinas de San Fernando. Entre los muertos están Eleazar Martínez (Polo, como lo llaman sus familiares), Ramón Cisneros, Antonio Zavala, Raúl Arriola, José Ávila, Armando Gallegos, Luz Hernández y Alejandro Gallegos, que ya fueron sepultados en sus pueblos natales. Sin embargo, hay 73 desaparecidos en la Entidad, todos en condiciones semejantes: eran personas inocentes, trabajadoras, que viajaban en camión rumbo a Estados Unidos. De éstos, 10 son del Municipio de Irapuato, entre ellos Antonio García Flores, el padre del niño Brayan Axel… el hijo de Dolores Flores Hernández.

“Desde el pasado 25 de marzo comenzaron a salir estas personas hacia la frontera y fueron interceptadas (por Los Zetas) —confirma Ulises Maciel Gómez, director de Programas y Proyectos de Desarrollo Social de Irapuato—. Ocho se fueron en el mismo camión, pero no se tiene nada de información de la PGR”.

— Si la mayoría de desaparecidos de Irapuato viajaba en el mismo camión, ¿es casi un hecho que se encuentran entre los muertos de las fosas?

— Sí. Eleazar Martínez Camacho y Ramón Cisneros Hernández ya fueron identificados en las fosas y traídos a Irapuato, ellos forman parte de los migrantes que salieron de aquí; del resto todavía no hay noticias, no hay avance de la PGR.

Antonio García Flores también viajaba en el mismo transporte que Eleazar y Ramón, pero inexplicablemente no hay noticias de su paradero. Otros desaparecidos de Irapuato son Luis Vargas, Armando Vargas, Gerardo Martínez, Juan Rosales, Carlos Patiño, Humberto Rojas, Omar Rojas, Antonio Ornelas y Adrián Herrera. Sus edades promedian los 20 años.

La CNDH identifica 71 municipios y tramos carreteros como “focos rojos” de inseguridad para migrantes, en entidades que se relacionan con el paso del ferrocarril hacia Estados Unidos: Baja California, Chiapas, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Sonora, Veracruz y Tamaulipas, entre otros

FRASE

"Mataron a mi hijo en las fosas de San Fernando, Tamaulipas; los policías estaban relacionados con los criminales "
Eleazar Martínez,
padre de Polo.

Suman 45 mil 144 denuncias por extravío, desaparición o ausencia de personas entre enero de 2007 y junio de 2011, de acuerdo con 22 procuradurías estatales; otras 10 niegan información

50 mil ejecutados, saldo de la “guerra” contra la delincuencia organizada y el exterminio entre bandas rivales en los últimos cinco años

Desesperanza

Dolores Flores Hernández, madre de Antonio García Flores, se observa enferma; incluso ha pensado atentar contra su vida. El silencio de la autoridad lo interpreta como la muerte de Antonio y la única esperanza es que, si continúa con vida, se encuentre trabajando para “Los Zetas”. “¿Qué le harán cuando no lo necesiten? De todos modos me lo van a matar. ¡Ayúdenme por favor a encontrarlo!”.

La familia supo que decenas de cuerpos hallados en las fosas de San Fernando fueron enviadas a la capital del país. Y aunque pidieron a las autoridades locales viajar a la Ciudad de México para observar los cadáveres, la respuesta fue negativa. “Nos dijeron que teníamos la libertad de ir, pero no darían información porque es confidencial; no nos dejarían ver los cuerpos”.

La entrevista con Dolores es presenciada por dos hermanas de ella y cinco primos de Antonio menores de 20 años de edad (Brayan Axel sigue encerrado en el cuarto). Hay tres sentimientos que brotan entre los jóvenes: dolor, desolación y furia, que no se apaciguan con las lágrimas. También forman parte de las miles de víctimas desamparadas por la autoridad. Es el círculo vicioso del saldo de 50 mil ejecutados y más de 45 mil desaparecidos en el presente sexenio federal.

Tras casi cinco años de la “guerra” contra el crimen organizado, el Presidente Felipe Calderón publicó apenas el 06 de septiembre el decreto para la creación de la Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos (Províctima), que pretende proporcionar a las víctimas u ofendidos asistencia médica, psicológica, orientación y asesoría jurídica, así como apoyo en la búsqueda de personas desaparecidas, subsidios o ayudas previstos en los programas, gastos funerarios, becas, compensaciones, seguros médicos o, en su caso, podrá otorgarlos directamente a víctimas u ofendidos de delitos federales. “Se pretende evitar lo que se ha conocido como ‘revictimización’, es decir, que quienes han sido afectados u ofendidos por la comisión de un delito, enfrenten además condiciones difíciles para el acceso a la justicia y el ejercicio de sus derechos”, señala el documento.

El 10 de octubre arrancó operaciones Províctima, pero ya hay omisiones del Gobierno federal en el nuevo organismo:

La dependencia no cuenta con un presupuesto asignado en el presente y próximo años.

Funciona con recursos direccionados a las áreas ya existentes de atención a víctimas de la PGR y de la Secretaría de Seguridad Pública.

De los 300 millones de pesos destinados de manera indirecta en 2011 (que incluyen una reciente ampliación de 80 millones), todo se dirige al gasto corriente de una plantilla de 300 trabajadores (psicólogos, abogados, trabajadores sociales y médicos), principalmente para salarios, renta de oficinas y viáticos.

Sólo existen 16 centros de atención, que operan en 14 capitales de las 32 entidades del país; es decir, otros 18 estados no cuentan con presencia de Províctima.

Por gastar el total del recurso en gasto corriente, no existe una campaña de difusión de las “bondades” del programa, con la intención de que las víctimas recurran a la dependencia.

Y el remate: no hay una partida presupuestal para indemnizar a las víctimas de la delincuencia, una de las promesas más importantes del decreto en apoyo a las familias dolientes en pobreza.

¿Cuáles son los resultados de Províctima en el primer mes de operación? La dependencia responde:

“Mil 818 personas atendidas de manera presencial y mil 485 llamadas a través del Centro Nacional de Atención Telefónica (01-800-8428462)”.

15 latas de atún…

Lucía padece una profunda depresión. Desde que Polo se fue a Estados Unidos no tuvo noticia de él. Incluso, cuando llegó el cuerpo a Irapuato se le ocultó la muerte.

El niño de ambos nació en junio pasado, se llama igual que el padre (Eleazar Martínez). Fue hasta su registro civil cuando los familiares se vieron obligados a confesarle la verdad a Lucía. Y se les vino el mundo encima porque en el acta de nacimiento debían señalar el nombre del progenitor con el respectivo “finado”.

“Mi hija Lucía sufrió bastante, todavía no quiere saber de nada, no se recupera de la tragedia —acota su madre Yolanda Rodríguez, en el momento que acuna en sus brazos al pequeño Eleazar—. Hubieran visto el ataúd en el que trajeron a Polo, qué sencillo, qué poca… es una cosa triste. Desgraciadamente estamos solas, mi esposo y mis hijos están en Estados Unidos.

“Del Gobierno lo único que puedo decir es que somos sus títeres, hace poco le trajeron a mi hija una despensa con 15 latas de atún y unas 10 de soya, es todo el apoyo (entregado en los primeros tres meses después de la muerte de Polo). El país está pasando por una cosa horrible, hasta policías están involucrados en las masacres de Tamaulipas, pero el mismo Gobierno es el que hace eso porque no hay trabajos, todos los precios suben, permiten la venta de droga… a mi sobrino Adrián (que emigró con Polo) todavía no lo localizan. Así nos tienen. Lo peor es que no sabemos cómo le diremos al niño (Eleazar) lo que pasó, qué será de él cuando descubra cómo murió su padre. Qué sufrimiento le espera”.

El informe Víctimas Invisibles 2010, presentado por Amnistía Internacional, señala como agresores de migrantes nacionales y centroamericanos a elementos de la Policía Federal, de la Agencia Federal de Investigación y de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero la cadena inicia con policías municipales, estatales y judiciales, así como agentes del Instituto Nacional de Migración, en colusión con organizaciones criminales.

Fosa común

23 cadáveres. Es el número de cuerpos reconocidos hasta la primera quincena de julio tras ser encontrados en fosas clandestinas de San Fernando (en la segunda matanza) y enviados a la Ciudad de México. Familiares de Guanajuato, por citar un ejemplo, ya enviaron todas las pruebas y documentos requeridos de sus desaparecidos, que coinciden en las fechas y camiones en que viajaron los migrantes a la frontera Norte, pero 97 cuerpos aún no son identificados.

El pasado 29 de abril, el Senado de la República aprobó por unanimidad la creación de la Ley del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, pero “duerme” en la Cámara de Diputados. Mientras tanto, Manuel Vargas perdió en un solo día a cuatro integrantes de su familia: su hijo Luis Vargas Ibarra (de 20 años de edad), su sobrino Juan Rosales Nájera (19), su yerno Gerardo Martínez Martínez (19) y su hermano Armando (38). También forman parte de los desaparecidos de Irapuato que viajaron en marzo rumbo a Estados Unidos.

“Ya pasaron nueve meses y nada, no sabemos nada de mi familia. Los cuatro viajaban a San Luis, Missouri, ya tenían trabajo de jardineros, eran personas trabajadoras. Por favor, ayúdenme a encontrarlos, antes había reuniones con autoridades, pero ya tenemos dos o tres meses que no sabemos nada. Hace poco me enteré de que había 90 cadáveres de San Fernando en el Semefo (Servicio Médico Forense) de la Ciudad de México y que los iban a poner en la fosa común porque nadie los reclamaba, pero yo hablé con el procurador estatal y me dijo que pararon eso, aunque no sabemos nada”.

— ¿Se han acercado a su familia de parte de Províctima?

— No sé de qué me habla. ¿Puede asesorarme?

Gabriela Flores, tía de Antonio García Flores, coincide en la pobre respuesta de la autoridad. “Desde junio pasado no han vuelto a decir nada, sólo traen unas despensas como apoyo. La última respuesta de las autoridades fue que nosotros ya sabíamos dónde estaba mi sobrino, le dijeron a mi hermana que estábamos inventando cosas y la trataron de desanimar para que no insistiera en la búsqueda de Antonio. Ya le dieron carpetazo al asunto. Esto una pesadilla”.

Desnudan drama

Las fosas clandestinas han destapado el drama de los desaparecidos en México. En los estados con altos índices de inseguridad todos los días se revelan apariciones de cuerpos enterrados en sitios clandestinos, en predios baldíos, en carreteras. Al igual que San Fernando (Tamaulipas) destaca Durango, con más de 260 ejecutados de la misma forma sólo en el primer semestre de este año. De éstos, 111 cuerpos fueron encontrados en fosas clandestinas en la capital del Estado y resultaron irreconocibles. Las autoridades locales exhumaron los cadáveres como escombro al usar trascabos y retroexcavadoras para extraerlos del subsuelo.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó en agosto pasado una relatoría en la que considera “muy confusa la información en relación a la existencia de protocolos para la manipulación de los cadáveres y de las fosas, y sobre el establecimiento de las cadenas de custodia. El Estado proveyó documentación que establece algunas directrices generales sobre la materia, que fueron desarrolladas especialmente para la situación de Tamaulipas, pero que no constituyen un Protocolo Oficial de carácter nacional que pueda garantizar un manejo uniforme de las fosas y los cadáveres encontrados. La sociedad civil también informó a la Relatoría que no existen protocolos al respecto”.

El activista Javier Sicilia, a quien se le ofrece un breve recuento de la tragedia de las familias de Irapuato, arremete: “Debemos exigir que se esclarezcan esas desapariciones, les pido a las organizaciones civiles que se unan y hagan una convocatoria, que vayan a las procuradurías para resolver caso por caso, pero con la fuerza ciudadana, sólo así podremos tener una respuesta —lanza la convocatoria a pesar de la conmoción por los dos asesinatos de integrantes de su movimiento en el último mes: Nepomuceno Moreno, quien exigía esclarecer la muerte de su hijo y señalaba como responsables a policías de Hermosillo; así como José Trinidad de la Cruz, defensor de comunidades indígenas de Michoacán ante la amenaza del crimen organizado—. Localmente debemos hacer una movilización de víctimas por Estado, que se una Derechos Humanos y pongan a trabajar a los procuradores; debemos hacer algo en cada ciudad, como las Madres de la Plaza de Mayo (en Argentina), hay que poner los nombres de nuestros muertos y desaparecidos en las entradas de las procuradurías, en los palacios de Gobierno… es la única salida.

“Yo cito los versos de Brecht cuando subió la Alemania nazi: ‘Un día vinieron por los negros y no dije nada; un día vinieron por los judíos y no dije nada; un día vinieron por mí y no tuve nada qué decir’. Ya vinieron por algunos de nuestros hijos, no permitamos que lleguen por los hijos de nadie; arropemos a las víctimas, los hijos de las víctimas son también nuestros hermanos, son también nuestros hijos”.


Periodo 2007-2011
Denuncias de personas desaparecidas en México

Estado                      2007    2008    2009    2010    2011(1)    Total

Distrito Federal         4,122    3,667   3,962  3,909    2,091    17,751

Chihuahua                  176    170       918      3,166    810    5,240

Tamaulipas-Nuevo León (2)     --    --    --    --                      4,832

Estado de México          747    717    875    1,020    564    3,923

Hidalgo                      612     599      911      831      396    3,349

Sonora                       442    542      639     721       417    2,761

Jalisco                       859    415      342    301       353    2,270

Quintana Roo              175    301      209    181       70      936

Chiapas                      45     216      245     291      125    922

Veracruz (3)    --    --    --    --    --                                    450

Zacatecas                    116   90        73       93        54      426

Nayarit                      123     80        95       88        18      404

Puebla                       22      34        69       105      172    402

Guanajuato (4)            --        --         --        --         --     288

Tabasco                     78      51         70        49       29     277

Durango (5)        Sin reporte  37        43        96       42    218

Colima                        23       24       28        63       55     193

Guerrero                     35       37       36        42        31    181

Querétaro                    4        10       19         61        63    157

Sinaloa                      19         39      20         31         23    132

Morelos                      --          2         1          12        17      32

                                                                                      Gran total:    45,144

(1) Primer semestre.

(2) De 2006 a la fecha han desaparecido esas personas, de acuerdo con reportes de los estados enviados al Gobierno federal; 80% de los casos ha ocurrido desde 2010.

(3) 201 cuerpos han sido encontrados en fosas durante abril y mayo de 2011.

(4) Niegan información en una solicitud de transparencia. El Gobierno remite a la Procuraduría, pero en el portal de internet muestra información escueta, sin mayores detalles y hasta sin fotografías.

(5) La Procuraduría niega detalles sobre las desapariciones y remite a su página de internet en donde aparece el registro de desaparecidos.

Fuente: Procuradurías y fiscalías estatales.


Estados opacos

Aguascalientes, Coahuila, Baja California Sur, Baja California, Campeche, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Tlaxcala y Yucatán.

Entre septiembre de 2008 y febrero de 2009, la Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó nueve mil 758 secuestros de migrantes. Entre abril y septiembre de 2010, 11 mil 333.

Y contando...

FRASE

"Ya pasaron nueve meses y nada, no sé de mis cuatro familiares que desaparecieron en Tamaulipas. ¡Ayúdenme a encontrarlos! "
Manuel Vargas,
familiar de desaparecidos de Irapuato.

El informe Víctimas Invisibles 2010, presentado por Amnistía Internacional, señala como agresores de migrantes a elementos de la Policía Federal y del Ejército, pero la cadena inicia con policías municipales, estatales y judiciales, así como agentes de Migración

Mañana, segunda parte: La versión del Gobierno federal y las carencias en los estados