Van 14 activistas asesinados en cinco años

CIUDAD DE MÉXICO (23/DIC/2011).- En México se registraron 14 homicidios de activistas y defensores entre 2006 y 2011. Tan sólo este año la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha abierto 50 expedientes por presuntos agravios cometidos en contra de ellos, informó el organismo que encabeza Raúl Plascencia.

Entre los casos recientes están el ataque del 2 de diciembre pasado contra la activista Norma Andrade, fundadora de la asociación civil Nuestras Hijas de Regreso a Casa, quien fue baleada en Ciudad Juárez, Chihuahua; así como el secuestro perpetrado el 7 de diciembre de los campesinos ecologistas Eva Alarcón y Marcial Bautista en el Estado de Guerrero, plagiados por un grupo armado cuando viajaban en un autobús de pasajeros, cuyo paradero se desconoce.

También está en la lista el activista Nepomuceno Moreno, asesinado en Hermosillo, Sonora el 30 de noviembre pasado y el crimen del líder comunero Trinidad de la Cruz Crisóstomo, en Michoacán, ocurrido el 6 de diciembre, ambos del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD).

Frente a estas estadísticas, por medio de un comunicado, indicó Raúl Plascencia que es necesario “crear condiciones adecuadas para que los defensores de derechos humanos puedan llevar a cabo sus actividades con total seguridad y libertad. Su labor de promoción y protección de los derechos fundamentales es indispensable para la conformación de una sociedad más democrática, donde impere el respeto a la ley”.

En lo que va de este año la CNDH ha abierto 50 expedientes por presuntos agravios contra defensores de derechos humanos y activistas, “por lo que es importante abatir la impunidad y redoblar esfuerzos para que las investigaciones de estos hechos se efectúen de manera completa, objetiva e imparcial”.  

Entre los principales motivos de queja destacan “la vulneración de su derecho a la seguridad jurídica, a la legalidad, a la integridad, a la seguridad personal, a la libertad, a la propiedad y posesión”.

Recordó en este contexto la obligación legal que tienen los servidores públicos de cumplir con la implementación de las medidas cautelares en casos donde se encuentre en riesgo la integridad de los defensores, sus familias y organizaciones.

PARA SABER
Fin de año de atropellos

Esta misma semana la delegación de la Unión Europea en México condenó los crecientes ataques, secuestros y asesinatos contra defensores de derechos humanos en el país, ante cinco casos perpetrados en menos de un mes.

El organismo exigió al Gobierno más protección para los activistas.

FRASE

''[Es necesario] crear condiciones adecuadas para que los defensores puedan llevar a cabo sus actividades con total seguridad y libertad ''

Comisión Nacional de los Derechos Humanos.