México | Hoy se cumple un año Sin sustento, acusación de testigos del ‘‘michoacanazo’’ El hecho fue mediático y es hoy uno de los más grandes errores de la administración calderonista Por: SUN 26 de mayo de 2010 - 01:42 hs MORELIA, MICHOACÁN (26/MAY/2010).- No hubo distinciones ni importó el cargo. A los 27 funcionarios, alcaldes y policías de Michoacán la Procuraduría General de la República (PGR) los acusó de recibir pagos millonarios y en dólares por facilitar y encubrir las operaciones de “La Familia Michoacana”. Era un golpe, según las autoridades, contra una parte de la estructura política al servicio de esa organización criminal. Un año después esas imputaciones basadas en declaraciones de tres testigos protegidos —“Ricardo”, “Emilio” y “Paco”— resultaron ser falsas en el caso de la mayoría de los acusados. Fue un escándalo nacional al inicio. A los acusados se les responsabilizó de ocultar y proteger a los jefes y sicarios del cártel de “La Familia”, revelar los movimientos policiacos y militares para su captura o de liberar a miembros de la organización criminal. Se les ubicó en fiestas de narcos y políticos, incluso en amoríos, compadrazgos y en fotos con criminales o recibir financiamiento del narco para sus campañas políticas, pero también en asesinatos y desapariciones. Al final, la PGR no probó los cargos contra 17 de ellos y sólo 10 siguen en prisión. Contra los 27 funcionarios no hubo investigaciones sobre propiedades, movimientos financieros, redes de vínculos o reportes periciales que los impliquen en delitos. Ninguno de los jueces federales que ha conocido de este caso recibió pruebas adicionales a los cargos hechos por los testigos protegidos, cuyas declaraciones fueron el soporte de las imputaciones contra todos ellos, según el expediente de apelación 576/2009. Los tres testigos colaboradores en quienes se apoyó la PGR para arraigar y posteriormente enviar a la cárcel a los arrestados durante el operativo policiaco-militar del 26 de mayo de 2009, tienen en común el haber servido al cártel de “La Familia Michoacana”. Uno fue policía ministerial y los otros dos sicarios, aunque uno de ellos, “Paco”, se autodefinió también como integrante de “Los Zetas”, de acuerdo con informes contenidos en el citado expediente del caso. A comienzos del año comenzaron a desinflarse las acusaciones de los testigos protegidos. El primer síntoma de ello ocurrió el 10 de enero, cuando llegó al Juzgado Segundo de Distrito de Tepic el oficio CGAP/054/2010 firmado por el fiscal especial de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), Fernando Rosales Solís, en el que no sólo no se opuso al traslado de los detenidos a un penal de Michoacán. En ese documento reconoció por escrito ante el juzgado que “durante el desarrollo del proceso no se advierten indicios que permitan establecer objetivamente un perfil de peligrosidad en los procesados”. Iniciaba con ello el derrumbe de la mayor parte de las acusaciones contra los detenidos por este caso. Apenas 19 días después, las revelaciones de los tres colaboradores de la PGR fueron consideradas por el magistrado Lázaro Franco Robles como medios de convicción insuficientes para demostrar la pertenencia de la mayoría de los funcionarios a “La Familia Michoacana” y ordenó con las reservas de ley su libertad inmediata. Los liberados A quien se concedió la libertad por falta de elementos para procesar fue a Citlali Fernández González, ex secretaria de Seguridad Pública estatal y asesora del gobernador Leonel Godoy. Los otros liberados fueron los alcaldes Uriel Farías Álvarez, de Tepalcatepec; Antonio Ixtlahuac Orihuela, de Zitácuaro; Antonio González Rodríguez, de Uruapan; José Luis Ávila Franco, de Ciudad Hidalgo y Adán Tafolla Ortiz, de Tumbiscatío; Jaime Liera Álvarez, juez de Primera Instancia en La Piedad y ex subprocurador; Ignacio Mendoza Jiménez, subprocurador de Justicia; Roberto Rubio Vázquez, director de Seguridad Pública de Tumbiscatío; Abel Salazar Gómez, síndico de Lázaro Cárdenas; Dionisio Salvador Valencia Palomares, director de Obras Públicas de Arteaga; Baldomero Morales Rivera, policía de Lázaro Cárdenas y la agente Gabriela Mata Chávez. A esas libertades se sumarían semanas después las del alcalde de Apatzingán Genaro Guízar Valencia, y la del director de Fomento Industrial del estado, Ricardo Rubí Bustamante. Tres alcaldes fueron liberados desde antes de la consignación por no poderles probar delito alguno y ellos fueron Audel Méndez Chávez, de Coahuayana; José Cortez Ramos, de Aquila, y Osvaldo Esquivel Lucatero, de Buenavista. Temas PGR Crimen Organizado La Familia Lee También ¿Quiénes son los aliados del "Mayo" Zambada fuera de la cárcel? Otra vez la burra al trigo Estudiantes huyen de balacera en Sinaloa (VIDEO) NUEVA jornada violenta en Sinaloa; reportan 6 muertos Recibe las últimas noticias en tu e-mail Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones