Seguridad, pendiente del PRI con México: Madero

CIUDAD DE MÉXICO (27/FEB/2011).- El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Gustavo Madero, afirmó que la procuración de seguridad para la ciudadanía debe dejar de ser un pendiente de las dirigencias, gubernaturas y alcaldías del PRI.

Tras las declaraciones del ex gobernador de Nuevo León, Sócrates Rizzo, respecto a que los presidentes emanados del PRI pactaron con el crimen organizado para conservar la paz social en México, Madero Muñoz opinó que al partido tricolor parece no correrle prisa en el combate a la inseguridad.

Aseveró que el Estado de México es un claro ejemplo de ello, ya que ocho de cada 10 elementos de seguridad, agentes de Ministerio Público y custodios de Centros de Readaptación Social (Ceresos) no pasan por controles de confianza.

Además, esa es una de las pocas entidades que no reporta información a la Plataforma México, entonces "¿a quién defienden en ese estado?", preguntó.

El líder nacional panista informó que de acuerdo con datos públicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), los delitos que más lastiman a la población, como el secuestro, ocurren la mayoría de las veces en Durango, Chihuahua y Quintana Roo, entidades gobernadas por el PRI.

Por esta razón, pidió a los mandatarios estatales y autoridades municipales disminuir ese flagelo.

Precisó que Chihuahua y Quintana Roo, entidades gobernadas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ocupan los primeros dos lugares a nivel nacional en cuanto a las incidencias de violación.

En el caso de los homicidios que pueden estar asociados al enfrentamiento entre grupos delictivos en México, los estados gobernados por el PRI presencian siete de cada 10, destacó.

Además, expresó su preocupación porque a pesar de que las tasas delictivas más altas se encuentran en estados gobernados por ese partido, las autoridades locales son las más proclives a dejar de ejercer los recursos derivados del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal.

Lo más grave, detalló Madero, es que las municipalidades con administraciones priistas no ejercen más de la mitad de los recursos que les fueron transferidos para equipamiento, profesionalización e infraestructura de las corporaciones policiales locales.