Piden a gobierno federal aceptar recomendación de CNDH

CIUDAD DE MÉXICO (26/JUN/2010).- El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de San Lázaro, Rubén Moreira pidió al gobierno federal aceptar la recomendación emitida por la CNDH, según la cual elementos del Ejército estarían involucrados en la muerte de dos menores.  

El diputado del PRI, recordó que la muerte de los pequeños Martín y Bryan Almanza Salazar se registró luego de un enfrentamiento entre soldados y miembros del crimen organizado en la carretera Nuevo Laredo-Reynosa, Tamaulipas, en abril pasado.  

Señaló que "es inaceptable que algunos miembros del Ejército actúen al margen de la ley y más aún, que sus conductas se alejen de los principios y valores castrenses, ya que esto llena de indignación a todos los mexicanos que confiamos en su labor".  

Indicó que de acuerdo con las conclusiones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ( CNDH), “los efectivos castrenses alteraron las condiciones originales del lugar de los hechos con la intención de deslindarse de toda responsabilidad por el homicidio de los menores”.  

Agregó que independientemente de que los soldados actuaron en cumplimiento del marco legal que los rige, “es inadmisible que se hayan pisoteado los derechos de los menores agraviados, así como los de sus familiares que resultaron heridos en el tiroteo”.  

“Asimismo, que se haya vulnerado la integridad física, mental y emocional de las víctimas de los hechos”.  

Por ello, solicitó al Presidente Felipe Calderón exhortar al secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Guillermo Galván Galván y al procurador General de la República ( PGR), Arturo Chávez Chávez a que acepten la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos.  

Moreira Valdez, lamentó también la falta de colaboración mostrada tanto por la Sedena como por la PGR en la investigación realizada por la CNDH.  

Ello, al asegurar que “sólo obtuvo respuestas parciales en un afán por omitir información que, en su caso, pudiera perjudicar a los miembros militares involucrados”.  

Todo esto, subrayó, “genera el repudio de la sociedad ante la postura de las autoridades de la Sedena, que defienden a capa y espada la actuación de los soldados, anteponiendo el combate a la delincuencia por encima de los derechos de las familias”.  

En ese sentido, Rubén Moreira subrayó que “no se puede admitir que con arbitrariedad, abusos y excesos se pretenda combatir la delincuencia, mucho menos atropellando ni actuando de manera autoritaria y arriesgando la vida e integridad de las personas”.