Pactan cambiar Informe y fuero

La comisión legislativa encargada de proponer reformas políticas acordó modificar el viejo formato del Informe de Gobierno y llegó a un consenso para que el presidente Felipe Calderón lo entregue por escrito y esté a disposición de las cámaras para debatir temas específicos.

Los legisladores impulsan que después de presentado el informe presidencial por escrito y de una primera revisión, se pueda llamar al primer mandatario a comparecer ante el Congreso en los primeros 15 días de marzo del siguiente año, es decir, se construiría una agenda de trabajo y de temas a debatir durante un periodo de cinco meses.

Actualmente el informe del Ejecutivo se empalma con la presentación del proyecto de presupuesto de ingresos y egresos en los primeros días de septiembre, lo que provoca que la glosa del informe quede en un debate en tribuna entre legisladores y secretarios de Estado de horas y horas, tras el cual ningún partido suele quedar conforme.

Los integrantes de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos (CENCA), que concluirá legalmente sus funciones el 13 de abril, fue creada para generar una serie de proyectos e iniciativas de ley que le dieran movilidad constante al Legislativo.

La reforma electoral aprobada el año pasado, que tuvo una modificación constitucional, fue uno de sus frutos.

La discusión más prolongada sobre este punto se dio sobre la fecha en que se presentaría el Informe. El PAN propuso que se entregara en marzo, pero el PRI rechazó la iniciativa y logró que se mantuviera el 1 de septiembre.

El motivo por el cual se negó el PRI al cambio de calendario obedeció a que si se realizaba en marzo y se mantenía el debate entre el Presidente y las cámaras, se empalmaría con la elección intermedia del próximo año.

Se prevé que ambas cámaras puedan convocar al Presidente y a gobernadores a informar sobre sus actividades “bajo protesta de decir la verdad”, o de lo contrario serían denunciados ante la Procuraduría General de la República, sin importar el fuero constitucional que, de paso, quedaría anulado en caso de delito, flagrancia o licencia a sus cargos.

SUN 01-04-08 IJALH