PGR puede solicitar a EU datos sobre ''Rápido y Furioso'': legisladores

CIUDAD DE MÉXICO (27/JUN/2012).- Los tratados suscritos por México y Estados Unidos para abatir de manera conjunta el crimen organizado y el tráfico de armas otorgan el derecho y la obligación a la PGR de solicitar al presidente Barack Obama información sobre el operativo Rápido y Furioso, coincidieron legisladores del PRI, del PAN y del PRD.

Gustavo González Hernández, secretario de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional de la Cámara de Diputados, propuso que la Procuraduría General de la República (PGR) busque en los elementos a los que tenga acceso información de ese dispositivo y todo lo que le sea útil para que se pueda llevar a juicio a los culpables.

El legislador panista estimó que "el hecho de que el presidente Barack Obama haya hecho valer un privilegio ejecutivo de reserva de información complicará las cosas respecto a poder llegar hasta el último eslabón de mando de quién diseñó y organizó ese operativo".

Lamentó que las leyes estadunidenses avalen el diseño de ese tipo de acciones encubiertas que lo único que generaron, dijo, fue el trasiego de armas al país y la actualización de una serie de elementos de tipo penal de tráfico de armas en territorio mexicano.

Por separado el integrante de la Comisión de Seguridad Pública, Arturo Santana Alfaro, consideró necesario que el gobierno federal emita un exhorto diplomático al gobierno de Estados Unidos para conocer la verdad de los hechos de Rápido y Furioso, luego de que con las armas introducidas a esta nación se cometieron delitos.

Consideró urgente que se facilite la información de ese mecanismo porque, de lo contrario, los delitos cometidos con las armas que se introdujeron "vivirán en la opacidad por algunos años más".

El legislador perredista planteó que el gobierno mexicano debe insistir al estaunidense para que se conozca la verdad de los hechos y se deslinden responsabilidades a quien haya tenido el mal cálculo de introducir armas a México sin control planificado.

A su vez Arturo Zamora, secretario de la Comisión de Justicia de la cámara baja, expuso que "desde que el Ministerio Público tiene iniciadas averiguaciones de los delitos cometidos con las armas que se introdujeron al país, la PGR está obligada a solicitar todas las pruebas necesarias para el esclarecimiento de los hechos cometidos".

Zamora Jiménez remarcó que esos actos ilícitos deben ser sancionados por las leyes federales mexicanas, que prevén penas hasta por 50 años de prisión.

Hizo énfasis en que el Ministerio Público de México puede acudir a todos los medios para esclarecer los delitos y se determine acción penal contra los mexicanos y los extranjeros que hayan participado en un delito de esa naturaleza.

El legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) lamentó que no haya sanciones o consecuencias para los países que no den información, ante lo cual "lo único que se puede hacer es revisar de nueva cuenta el tratado para ver si sigue siendo vigente o pierde eficacia".