Nueva ley anticorrupción prevé multas hasta por 124 MDP

CIUDAD DE MÉXICO (13/MAR/2012).- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, que prevé sanciones millonarias a empresas y funcionarios que incurran en actos de corrupción, así como la inhabilitación por 10 años.

En la sesión ordinaria en San Lázaro y en medio de críticas del PRD y PT que consideraron insuficiente la nueva ley para combatir la corrupción, fue aprobado por 335 votos a favor, 13 en contra y cuatro abstenciones el dictamen que fue turnado al Ejecutivo federal.

En el dictamen, se destacó que con el nuevo marco legal se pretende frenar y sancionar a las empresas y a los funcionarios que incurran en actos ilícitos, que aumenten los costos, falsifiquen documentos o que cometan otro tipo de prácticas ilegales.

La nueva ley, ya aprobada por el Senado, prevé multas para las empresas o personas morales que incurran en actos de corrupción que van de los 10 mil hasta los dos millones de salarios mínimos y la inhabilitación para participar en contrataciones públicas hasta por 10 años.

También la nueva ley prevé que estarán sujetas a estas sanciones los funcionarios de todas las secretarías de Estado, de la Cámaras de Senadores y Diputados, de la Corte, del Instituto Federal Electoral (IFE) y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Además, estarán sujetos a estas normas los gobiernos estatales y municipales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), entre otros organismos.

En tribuna, el diputado federal del PVEM, Pablo Escudero Morales, expuso que se busca establecer responsabilidades y sanciones a las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana o extranjera que incurran en actos de corrupción en contrataciones públicas federales y en transacciones internacionales.

Las sanciones administrativas se aplicarían a aquellas personas físicas o morales que prometan, ofrezcan o entreguen dinero o cualquier dádiva a un servidor público o a un tercero, a cambio de obtener un beneficio en el procedimiento de contratación, señaló.

El legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) agregó que este es un procedimiento que podrá iniciar de oficio o por una denuncia, un procedimiento de investigación que tendrán que realizar las autoridades para determinar si existen elementos o no.

En el supuesto de que haya elementos en este procedimiento de investigación, se pasará a otro administrativo sancionador, añadió.

En este procedimiento, dijo, habrá un acuerdo y se informará a la persona privada de cuáles son las conductas en que pudieran incurrir en estos actos de corrupción, para ello se les brindará un periodo determinado para que puedan defenderse.

Derivado de ello se pueden tener dos conclusiones, el archivo por falta de elementos o las sanciones, que están divididas en multas e inhabilitaciones.

Destacó que las multas para las personas físicas van de los 62 mil pesos hasta los tres millones de pesos. Para las personas morales las multas se establecen desde los 623 mil pesos hasta los 124 millones de pesos.

Las inhabilitaciones para las personas físicas se plantean de tres meses a ocho años, y para las personas morales de tres meses a 10 años, añadió.

Un elemento adicional que contiene este dictamen es la reducción de sanciones para aquellas personas que han decidido contribuir y aportar elementos al combate a la corrupción.