Necesario perfeccionar iniciativas petroleras: juristas

CIUDAD DE MÉXICO.-Hay que evitar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación eche abajo la reforma petrolera al declararla inconstitucional, y el Congreso debe garantizar su constitucionalidad, planteó el jurista José Elías Romero Apis, presidente de la Academia Nacional, al participar en el debate organizado por el Senado.

En el cuarto foro, en el que intervienen ocho constitucionalistas, se ha coincidido en que el Poder Legislativo deberá asegurar que la reforma petrolera se encuadre dentro de la Carta Magna y hacerle cambios a las iniciativas del Ejecutivo para perfeccionarlas.

Hubo consenso en que las propuestas exigen modificaciones, aunque con diferencias sobre los términos en que se deben realizar.

"Debiera ser el Congreso la primera línea de defensa constitucional de las leyes, para que no venga la Corte a corregirle la plana por sus errores y violaciones", dijo Romero Apis.

En la actualidad, continuó, "casi todos los días, los tribunales de constitucionalidad califican de inconstitucionales muchos actos emanados de los poderes ejecutivo o legislativo".

Por la vía del amparo es suficiente el voto de seis ministros para demoler la ley decretada por el Congreso y promulgada por el presidente; por ello, dijo Elías Romero, el legislativo debe vigilar el respeto hacia la Constitución.

Durante el foro de este día no han faltado las posiciones encontradas, entre quienes de antemano califican de inconstitucionales las iniciativas del Ejecutivo y quienes las juzgan constitucionales, pero la mayoría ha procurado advertir en donde habría riesgos de ilegalidad y en donde está claro que la propuesta del presidente Felipe Calderón se apega a la Carta Magna.

Sergio López Ayllón, del Centro de Investigación y Docencia Económicas ( CIDE), sostuvo que las iniciativas del presidente se ajustan a la norma constitucional, porque no transmiten el petróleo y refinados de primera mano a los particulares.
Según el investigador, la Constitución otorga a los legisladores alternativas para determinar el alcance del área estratégica.

El propio López Ayllón admitió que "quizás se requieran ajustes para evitar futuras controversias en la Corte".
Miguel Carbonell Sánchez, egresado de la UNAM, precisó que refinación por parte de particulares no está prohibida por la Constitución.

Tampoco cree que se viole la Constitución con la emisión de "bonos ciudadanos", porque
no transmiten a particulares la propiedad del petróleo ni generan derechos que se puedan hacer efectivos sobre la explotación.

En el caso de los procesos de licitación, precisó que deben estar establecidos en la ley y que ningún comité técnico de Pemex debería tener facultades para dictar normas en esta materia.
José Roldán Xopa, profesor del ITAM, consideró que una mayoría simple en el legislativo no debe determinar el área estratégica de Pemex.

Fauzi Hamdan recordó que el mismo general Lázaro Cárdenas, en su iniciativa de ley reglamentaria de 1940, aceptó la colaboración de la iniciativa privada en trabajos de exploración y explotación.