Los partidos políticos confían en su juicio contra la 'narcopolítica'

CIUDAD DE MÉXICO (16/MAY/2010). - Para evitar la infiltración de candidatos vinculados al narcotráfico en elecciones estatales, los principales partidos de México confían en su ojo clínico y en los informes de simpatizantes, por encima de investigaciones oficiales.

"Es sumamente complicado, no se tiene la información de inteligencia suficiente para poderse blindar lo necesario", dijo el presidente de Acción Nacional (PAN) en Sinaloa, Francisco Solano.

La irrupción de "narcopolíticos", más vigilada en el ámbito federal que en los estados, es una de las preocupaciones que gravita sobre la democracia mexicana, debido al gran poder corruptor del narcotráfico.

En los últimos años, el PAN de Sinaloa ha tenido "cuatro o cinco casos" en los que han tenido que cerrar sus puertas a candidatos sospechosos de nexos con el crimen organizado.

"Vemos sus antecedentes, investigamos en su área de influencia, establecemos una cadena de simpatizantes que nos pueda dar información", explicó el político.

Otro peligro es que un candidato limpio sea tentado una vez en campaña por el dinero del narcotráfico, lo que también ha sucedido. "Ha sido más frecuente en los últimos dos o tres años", indicó.

Sinaloa, en el noroeste de México, está considerado como el estado cuna del narcotráfico mexicano, y es allí donde tiene su base el denominado cartel más poderoso del país.

Para Solano, cualquier partido que esté en el poder corre mayor riesgo que otro de ser infiltrado por el poder de los capos.

El eslabón suelen ser "gentes con dinero y que tienen algún liderazgo informal", alguien que hace sus negocios con algún grupo criminal pero que no tiene demasiado peso en éste.

La presencia del narcotráfico en las elecciones ha tomado también un tinte violento con el asesinato de un candidato del PAN a la alcaldía de Valle Hermoso, en Tamaulipas, controlado por el cartel del Golfo.

Solano refirió que en Sinaloa no han recibido amenazas, o que éstas han sido muy veladas.

Sin embargo, sí apuntó hacia acciones de intimidación contra la población, especialmente en zonas serranas -parte del territorio sinaloense es montaña- y en el día de las elecciones.

El izquierdista Partido de la Revolución Democrático (PRD) ha tenido problemas para encontrar candidatos en diez municipios de Tamaulipas, un territorio donde la violencia de la droga provocó cuarenta muertos en abril y ronda los veinte en lo que va de mayo.

El candidato a gobernador por el PRD en Tamaulipas, Jaime Almanza, admitió que existe "desaliento y desánimo" en algunas zonas, pero matizó que sólo es en un municipio fronterizo donde hay problemas y no en diez, como afirmó la dirección nacional.

La falta de candidatos en el resto de lugares citados por los cuadros superiores del partido se debe a que "se fue postergando" la selección de los mismos.

"Esperamos que el Gobierno federal nos dé un clima de estabilidad social", deseó Almanza, quien reconoció que el estado vive una pugna entre grupos criminales que lo coloca en una situación "difícil".

De cara a elegir candidatos, el PRD tamaulipeco busca "luchadores sociales" y prefiere "el aval de la sociedad" al de las cuentas bancarias y la fiscalía federal.

"Tienen cartas de no antecedentes penales, cumpliendo lo que marca la ley, pero el mejor aval es la comunidad, hemos sido muy cautos", infirió Almanza.

Tanto Sinaloa como Tamaulipas han comenzado ya su campaña electoral para las elecciones estatales y municipales del próximo 4 de julio.

La infiltración del narcotráfico "es un riesgo que corren todos los partidos" y se puede prevenir con la postulación de candidatos "de la mayor calidad moral", explicó el senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Pedro Joaquín Coldwell.

Sin embargo, la mayor responsabilidad debe recaer en las autoridades electorales, a las que se debe dotar de instrumentos para detectar posibles nexos de candidatos con organizaciones criminales.

En este sentido, manifestó que los organismos electorales tienen la facultad de inspeccionar las cuentas bancarias de los aspirantes a un cargo de elección pública, en busca de dinero ilícito, y que su partido consultó en 2009 a la fiscalía sobre sus candidatos.